Editorial. Los derechos de los humanos.

La ley 20.405 de 16 de diciembre de 2009, creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

De acuerdo a su texto, el organismo tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan el territorio nacional conforme a lo establecido en la Constitución, las leyes y los diversos tratados internacionales sobre la materia a los cuales Chile se encuentra adscrito.

Puntualizando sus obligaciones, se indica que debe elaborar un informe anual sobre la situación de estos derechos en el país, expresar su opinión sobre las situaciones específicas relativas a esta materia que se hayan presentado a nivel de Gobierno y de otros órganos del Estado, proponer medidas de protección y promoción, promover medidas legislativas y buenas prácticas y deducir acciones legales por crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra, torturas, desaparición forzada de personas, tráfico de migrantes y trata de personas, entre otras.

Durante la dictadura militar, las acciones en este terreno fueron asumidas por entidades vinculadas a confesiones religiosas (en particular, por la Vicaría de la Solidaridad creada por el cardenal Raúl Silva Henríquez) y por organizaciones nacidas en el seno de la sociedad civil como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en el seno de la cual son particularmente destacables los nombres de Máximo Pacheco Gómez y Jaime Castillo Velasco.

Al surgir el INDH, se oficializó el compromiso público, formal, del Estado chileno con la defensa y resguardo de los derechos fundamentales de las personas, estableciéndose en la norma su absoluta autonomía con el fin de que el organismo tuviese la independencia indispensable para denunciar y perseguir judicialmente todas las acciones represivas y violadoras de la dignidad de las personas.

Lo dicho significa que el Instituto tiene la obligación moral, irrenunciable, de actuar en forma consecuente frente a todos los casos violatorios de estos derechos, lo que le impone el deber de objetividad independientemente de quienes sean eventualmente los individuos responsables. Pretender utilizar a este organismo con propósitos políticos contingentes desnaturaliza su función y le hace perder respetabilidad ante el juicio ciudadano.

A raíz de la explosión social de octubre de 2019, fueron constatados innumerables casos en que la policía uniformada, con el pretexto de controlar el orden público incurrió en acciones inaceptables que derivaron en una elevada cifra de víctimas. El Instituto actuó en consecuencia haciéndose presente a través de su Director ante todas las instancias oficiales correspondientes e interponiendo las querellas criminales del caso. Sin embargo, paralelamente se hizo visible una fuerte fractura al interior de su Consejo Directivo ya que un sector de sus miembros insistió en que las acciones represivas fueran calificadas como “sistemáticas” lo que implicaba atribuir al Gobierno de la época una conducta deliberada y coordinada en este aspecto en la gestión de la crisis. Una prolongada toma de la sede institucional, que se alargó por más de seis meses, agravó la situación interna lo que llegó a su punto culminante cuando una mayoría exigió la inmediata renuncia del Director pese a que faltaban solo tres semanas para la conclusión de su período.

En suma, un organismo creado legalmente para resguardar los derechos esenciales de todos los habitantes del país y para promover una cultura de respeto a la dignidad humana, ve enlodada su labor por razones personales y / o políticas que no se condicen con los más elementales principios en que se sustenta una democracia madura.

En el último tiempo, quienes se sienten parte de un compromiso total con los valores en que se sustenta lo que constituye una verdadera doctrina sobre esta materia, ven con honda preocupación las pretensiones de individuos que buscan usarla con fines políticos y partidarios y que con altos niveles de hipocresía y cinismo relativizan y justifican los atropellos que se cometen bajo dictaduras con las que simpatizan.

El país tiene el deber de exigir, ahora y siempre, a quienes ocupan cargos y desempeñan funciones vinculados al tema en cuestión, que sean consecuentes y transparentes. Los derechos de los seres humanos no son un juego pueril de bajos intereses sino un avance civilizatorio que no puede ser ensuciado bajo ninguna circunstancia.