EDITORIAL. En busca del tiempo perdido

El próximo domingo 7 de mayo se realizará la elección del llamado Consejo Constitucional, en lo que constituye otra etapa de un largo proceso destinado a darle al país un nueva institucionalidad política y que se inició hace ya más de dos años. El complejo momento es mirado con mucho escepticismo no solo por la seguidilla de votaciones que han tenido lugar en este lapso sino por el desconcierto que sufre una ciudadanía que no sabe a qué atenerse. Si no fuese por la imposición legal del sufragio obligatorio y la amenaza de multas por no concurrir a cumplir esta obligación, sin duda que los niveles de no participación serían notables.

En su tiempo, la ciudadanía adoptó dos definiciones claras: quería una nueva Carta Constitucional y quería que ésta fuese elaborada exclusivamente por convencionales elegidos con este objetivo. Esta fase introductoria se cumplió y la Convención electa realizó un trabajo de un año, que se tradujo en una propuesta con claros caracteres refundacionales, la que fue abrumadoramente rechazada en el “plebiscito de salida”. Los mismos ciudadanos que mandataron al organismo constituyente, rehusaron el fruto de su tarea desatando una crisis complicada, lo que dio lugar a que el sentido común calificara lo ocurrido como “la gran farra”.

La pretensión de justificar lo acontecido arguyendo que los resultados fueron obtenidos a través del poder del dinero y de campañas sistemáticas de mentiras, no se condice con la realidad. Salvo algunas y algunos personeros sobre ideologizados, la verdad es que una gran mayoría ha reconocido, expresamente o con su indisimulado silencio, sus errores

Retomar el proceso fue difícil, lográndose una salida que si bien fue consensuada ha sido vastamente cuestionada. La solución lograda, vaya paradoja, fue construida por las cúpulas políticas – partidos y parlamentarios -, es decir, por aquellos en quienes la ciudadanía no confiaba y, sin ninguna duda, representa una construcción artificiosa no fácilmente aceptable.

La elección de los “consejeros constitucionales” está sujeta a problemas indiscutibles de representación democrática, toda vez que al aplicarse el distritaje previsto para las elecciones senatoriales fundado en el factor territorial, se hace posible que algunos personeros sean electos con 50.000 sufragios (Aysen) y otros se pierdan con 500.000 o más votos (Región Metropolitana).

El establecimiento de la “Comisión Experta” – típico artificio de escritorio – encargada de trabajar un documento base que respete los bordes que se han fijado, desde sus inicios ha traicionado su naturaleza teórica. Sus integrantes, designados por los partidos políticos (algunos bastante controvertidos, por lo demás), a poco andar han hecho abandono de su condición de peritos o técnicos, para asumir, como era previsible, el rol de voceros de quienes los nominaron y de defensores de sus intereses ideológicos e incluso económicos.

La encrucijada presente es alarmante.

Bien pudiera suceder que, tal como la Convención quiso imponer al país un proyecto que resultó en definitiva inaceptable, ahora, entre la Comisión Experta y el Consejo Constitucional busquen hacer lo propio generando un producto tendiente más bien a la mantención del statu quo.

La liviandad con que se ha tomado la tarea, está reflejada en la franja televisiva legal de los pactos y colectividades participantes. Al observarla, el ciudadano medio no logra saber si los postulantes son candidatos a alcaldes, diputados, senadores o ministros. Además, muchas presentaciones están orientadas a enjuiciar la labor del gobierno actual. En suma, nada sobre lo pertinente al proyecto constitucional.

En este terreno, nos encontramos sumidos en un laberinto cuyo camino de salida no es fácil. Podrán aprobarse muchos puntos conforme a los criterios de los consejeros electos, pero si ellos no responden a lo que la ciudadanía quiere y demanda, solo se estará encubriendo una insatisfacción que es notoria y que puede desbocarse por cauces extra-institucionales.

El Consejo Constitucional tiene el deber de ajustar su trabajo al bien general de la comunidad nacional, desprendiéndose de los intereses sectoriales y enfocándose en la creación de instituciones y mecanismos que hagan posible que el país camine por un sendero que signifique avanzar en democratización, participación y equidad.

No puede ni debe olvidarse el riesgo de que, tal como ya sucedió, el nuevo “plebiscito de salida” se traduzca también en un nuevo “rechazo” que indudablemente signifique retroceder, al mantener un orden establecido insatisfactorio con todo lo que ello significa.