EDITORIAL. Entra el pesimismo y la esperanza.

Las sociedades y los países en general, están sometidos permanentemente al conflicto entre diversos sectores que se enfrentan ya sea en defensa de sus principios o prejuicios ideológicos o en una defensa, abierta o solapada, de sus intereses individuales o colectivos.

En el marco de las democracias liberales, los sectores con mayores recursos optarán por conservar sus posiciones de privilegio manteniendo el statu quo, en tanto que los sectores más pobres y vulnerables optarán por cambios que les ofrezcan mejores condiciones de vida para las personas y para sus  familias. En la práctica, los primeros instarán por un rebaja de impuestos  y una restricción del campo de acción del Estado, ofreciendo en cambio su capacidad de crear puestos de trabajo y de generar riqueza, y los segundos procurarán mantener un  Estado fuerte, ya que ven en este el instrumento clave para la defensa  de sus derechos ante la persistente amenaza de su vulneración por parte de los grupos dominantes.

Constituye una perogrullada afirmar que los sectores que enfrentan mayores carencias en materia de educación, salud, vivienda   y seguridad social, son una inmensa mayoría pero que en la práctica solo alcanzan una baja representación política en los organismos colectivos – parlamento, consejos regionales, municipios, concejales – con las consecuencias que son fáciles de prever. Sin embargo, los grupos minoritarios logran una presencia que excede largamente lo que les correspondería.

Cabe preguntarse ¿A qué se debe esta notoria incongruencia? La respuesta es obvia: A la falta de concientización política de las mayorías antes referidas y a la enorme capacidad de los sectores conservadores por socializar sus propios intereses, gracias a su control de los medios de comunicación más relevantes – prensa papel y televisión abierta, especialmente – generan esta contradicción esencial. A ello se suma, por supuesto, la casi nula capacidad de los sectores proclives al cambio y a las reformas estructurales, para asumir, corregir y sancionar, en su caso, sus propios errores y abusos, tomando conciencia de que sus personeros han llegado a posiciones de representación y de poder, para servir a sus representados y no para beneficiarse a sí mismos.

La seguridad, sosteniendo la necesidad imperiosa de poder  vivir una vida tranquila, constituye una demanda social que traspasa todos los ámbitos de la comunidad y, aunque asume características diversas según quienes sean los que la mencionen, es indudable que su expresión en materia de orden público y de combate  al delito son relevantes y  debe ser asumida sin titubeos ni excusas por quienes sean llamados a asumir el poder en el proceso electoral de noviembre / diciembre.

En este cuadro, la visión populista y reaccionaria que afirma que Chile es un país “que se está cayendo a pedazos”, debe ser rechazada categóricamente, reconociendo que somos una sociedad que enfrenta cambios  económicos, sociales  y culturales propios del siglo en que vivimos, que en consecuencia tenemos desafíos que se traducen en múltiples  problemas coyunturales, pero que tenemos la capacidad  para superarlos mediante políticas solidarias e inclusivas, abriendo, así, camino a la  esperanza.