EDITORIAL. Problemas de Amor

El gobierno de Gabriel Boric no se ha caracterizado precisamente por mostrar excelencia en materia de nombramientos funcionarios. No se trata de responsabilidades exclusivamente presidenciales sino de la ligereza de los mandos dependientes que, en los niveles alto, medio e incluso bajo, pretenden ejercer abusivamente la cuotita de poder de que disponen.

La designación de Isabel Amor como Directora Regional del Servicio de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Los Ríos, seleccionada previamente por Alta Dirección Pública, y removida a las cuarenta y ocho horas de asumir su cargo “por pérdida de confianza”, supera todo lo imaginable.

Como antecedente del caso, está el hecho de ser lesbiana, reconocido por la propia ex funcionaria, situación que, al parecer, no habría tenido nada que ver con su destitución, eventualidad que sería francamente irrisoria.

La cuestión, entonces, se centraría en la determinación de los hechos en que se funda la causal de despido. La afectada ha precisado que todo tiene que ver con la condena de su padre, el médico militar del Ejército Manuel Amor, penalizado como encubridor de los delitos de tormentos y torturas a Luis Corvalán Castillo, hijo ya fallecido del histórico dirigente comunista Luis Corvalán Lepe, hechos sucedidos en octubre de 1973.

Por supuesto, el problema ha suscitado la indignada reacción de las diputadas UDI Flor Weisse, Marlene Pérez y Marta Bravo, quienes creen haber encontrado la ocasión precisa para hacer leña del Gobierno, cuidándose puntillosamente de referirse a las torturas y tormentos aplicados en el Estadio Nacional por la dictadura, hecho ya remoto pero no por eso menos cierto, que sitúa a su propio partido como “cómplice pasivo” de las atrocidades de la época según palabras del ex presidente Piñera. 

Un adecuado análisis del caso, permite señalar lo siguiente:

• Corvalán Castillo, al igual que centenares de personas recluidas en el Estadio Nacional, fue víctima de torturas practicadas por elementos del aparato represivo de la naciente dictadura;
• Manuel Amor, en su calidad de médico funcionario del Ejército destinado al recinto deportivo, si bien no aparece sindicado como ejecutor de los tormentos, habría tenido conocimiento de estas prácticas tanto por haber escuchado los gritos de las víctimas como por haberles examinado posteriormente;
• Manuel Amor, pese a su calidad de funcionario público, no habría cumplido con su obligación legal de denunciar, deber al parecer no exigible considerando las circunstancias de la época y lugar;
• La Corte Suprema, al  cabo de un largo proceso, lo condenó en calidad de encubridor de los delitos, encontrándose ejecutoriada la sentencia,
• Isabel Amor, hija del sentenciado, no tiene relación alguna con los hechos delictivos del caso, toda vez que las responsabilidades penales son estrictamente personales y mal pueden extenderse a otras personas.
• Antes de asumir sus obligaciones, Isabel concedió una entrevista al periodista Matías Sánchez Jiménez de El Mercurio. El borrador del texto le fue proporcionado y ella lo entregó a Comunicaciones del Sernam-EG para su revisión, no correspondiendo exactamente a lo publicado por el diario el Sábado 10 de agosto.

Hay otros elementos presentes. Isabel afirma que, antes de aceptar el cargo, informó personalmente de la situación de su padre, lo que no impidió su designación. Isabel, en su curriculum, tiene consignadas tanto su calidad de ex Directora Ejecutiva de la Fundación Iguales como de Jefe Regional de Ñuble del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nada de eso obstó para su nombramiento en un cargo de confianza. Entonces: ¿Qué hizo que de un día para otro hubiera una sorprendente “pérdida de confianza”?

El Servicio, y por añadidura las Ministras Vallejo y Antonia Orellana, precisaron, para justificar lo sucedido, que la ley lo permitía. Pero, no es esa la cuestión. Lo que se discute es si la condena del padre de Isabel puede afectarla a ella, encontrándonos entonces en un caso injustificable de abuso de derecho. También, si es cierto que en el borrador de la entrevista referida ella justificó el actuar de su padre, lo que parece inverosímil si se considera que Isabel lo puso a disposición del Servicio para su revisión. A última hora, la Directora del Sernam EG, Priscilla Carrasco habló de eventuales conflictos con el personal de las oficinas de Los Ríos, lo que, por el tiempo en el cargo, parece una patochada de marca mayor.

De los hechos descritos, fluye claramente que, o hubo algún grupo de presión hasta ahora no identificado que exigió e impuso la destitución de la afectada (develando la debilidad de las autoridades del sector) o hubo una torpeza flagrante de Priscilla Carrasco que, con su ineficacia, le regaló un problema mayúsculo al Gobierno y por el cual debiera responder.

El caso Amor, si bien es grave, no debiera ser razón para editorializar. Sin embargo, como ya se señaló más arriba, por tratarse no solo de un error político sino a todas luces de un abuso y de un atropello a la dignidad de las personas, tiene alcances generales que debieran servir de lección para quienes llegaron al poder enarbolando la bandera de los Derechos Humanos.