Spam electoral

Estamos ad portas a un nuevo ciclo de campañas electorales en donde partidos y candidatos despliegan actividades de difusión, comunicación y marketing. Esta será, quizás, la última campaña en que los políticos tendrán chipe libre para enviar spam.

Con la nueva ley de protección de datos personales –que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026– todo aquel que quiera desplegar una campaña de marketing político deberá acreditar que tienen una base legal para enviar correos electrónicos o mensajes de texto y deberán informarlo adecuadamente en sus políticas de privacidad.

El incumplimiento de estos deberes podrá acarrear importantes multas. Por ejemplo, no contar con el consentimiento del titular para el marketing directo u omitir la evaluación de un interés legítimo puede constituir una infracción grave, sancionable con multa de hasta 10.000 UTM (es decir, $686 millones de pesos, aproximadamente).

Las nuevas reglas del juego no admiten excepciones y las organizaciones políticas no pueden reclamar un régimen especial. Esperemos que el “compliance” de protección de datos empiece a permear las campañas, prontamente, y sea parte de un nuevo estilo de hacer política.