Las personas y la ciudadanía deben estar conscientes de los pasos que se dan, para orientar el desarrollo o para estancarse y retroceder... El próximo plebiscito, es una oportunidad de desarrollo para la ciudadanía y para dignificar al ser humano y transformarlo en soberano.
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A lo mejor, no era tan mala la idea de Trump

El inefable Donald Trump centró su campaña de 2016 en una promesa icónica: Construir un gigantesco muro de miles de kilómetros en la frontera de los EE.UU. con México, para impedir el ingreso de inmigrantes. Al candidato no le preocupaban los cuestionamientos a la racionalidad de la iniciativa ni el enorme costo que el proyecto tendría para una economía altamente endeudada. Lo que le importaba era el objetivo: evitar por todos los medios que los habitantes de la América morena fluyeran hacia la mayor economía del mundo en busca de oportunidades laborales satisfaciendo de esta forma los celos supremacistas de su electorado blanco y rubio.

Hoy gran parte de esa barrera está edificada y por un buen tiempo frenará sin duda una corriente migratoria incesante generada por el desequilibrio entre los niveles de vida de ambas naciones.

En nuestro país tenemos desde hace décadas un problema que, en lo conceptual, es homologable al que molestaba al ahora Presidente del país del Norte. Se trata, ni más ni menos, que del flujo constante, de va y viene, entre la función pública y el interés privado.

Un breve recuento histórico permite constatar cómo decenas de personas que durante los sucesivos gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría ejercieron responsabilidades públicas de autoridad y de fiscalización frente a empresas privadas, al cesar en el desempeño de sus cargos aparecieron como empleados bien remunerados de aquellos a los cuales aparentemente controlaban. Los vimos como rectores de universidades privadas, directores de bancos, de AFPs, de empresas del retail o presidiendo importantes asociaciones gremiales para defender ahora intereses muy, muy particulares. Lo que antaño aparecía como convicciones ideológicas, sorpresivamente trasmutó delatando más oportunismo que otra cosa.

Pero lo dicho no era algo nuevo. Durante la dictadura  también aconteció y el niño símbolo de estos ´procederes fue el primer yerno del país, Julio Ponce Lerou, que apropiándose ilícitamente de pertenencias mineras del Estado logró construir desde su cargo en CORFO,  una de las mayores fortunas del país.

La defensa de estos personajes es siempre la misma: hemos actuado estrictamente dentro del marco de la ley.

Ahora, el escándalo de la semana lo protagoniza la abogada Loreto Silva Rojas. Se desempeñó como asesora y, al asumir Sebastián Piñera su primer período de Gobierno, fue nominada como Subsecretaria de Obras Públicas y luego como Ministra de la misma cartera. Desde ese puesto, le correspondió adjudicar la construcción del Puente Chacao a un consorcio internacional encabezado por la poderosa empresa surcoreana Hyundai.

El consorcio asignatario tiene actualmente un conflicto por varias decenas de millones de dólares contra el Estado chileno, reclamando el pago de partidas no consideradas originalmente en el presupuesto. Sin duda, está ejerciendo lo que considera su derecho.

Loreto Silva, bajo el Gobierno Piñera II, fue designada Presidenta del Directorio de la estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). El periodista Juan Pablo Salaverry investiga y descubre que la abogada sigue formando parte del estudio jurídico “Asesorías Bofill, Escobar Limitada” el cual defiende a Hyundai contra el Estado chileno y también defiende a la concesionaria del Aeropuerto Nuevo Pudahuel asimismo contra el Estado chileno. La cuestionada profesional reconoce su calidad de socia de la mencionada sociedad pero declara con pueril ingenuidad que ella siempre se ha abstenido y se sigue absteniendo “de participar con el cliente Hyundai”.

Pero el molesto periodista de investigación descubre otra cosa interesante: Jorge Bofill Ganzel, socio principal del estudio en cuestión, es el padre de Jorge Bofill García. Y éste, como abogado, vaya curiosidad, es el asesor personal y directo del actual Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno. Se constata además que doña Loreto ha sido nada menos que Fiscal de la Asociación de Concesionarias de Obras de Infraestructura Pública, Copsa y es “Consejera de Políticas Públicas” de Libertad y Desarrollo, Think Tank de la UDI. En enero de 2018, el actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, ligado a este centro de estudios, declaraba a “El Mercurio” que se estaba haciendo un profundo y exhaustivo chequeo de los antecedentes de quienes podrían asumir cargos en el nuevo Gobierno. Casi un centenar de funcionarios removidos más ahora los casos Silva y Bofill, demuestran que su trabajo no fue acucioso o que ha hecho vista gorda sobre ciertos datos.

Estos graves y persistentes conflictos de interés, ameritan la construcción de un muro legal que separe absolutamente las responsabilidades de quienes ejercen o han ejercido funciones públicas y la asunción de empleos en el sector privado ya que, además, existe el riesgo de la transferencia de información confidencial.

Eduardo Engel, director de Espacio Público, frente a la contingencia ha comentado: “Todo esto puede ser legal pero a lo menos es tremendamente imprudente”.

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