«La soberanía popular no se debe transar… Nos llaman a validar la carta hecha por los «poderosos de turno». Ni los partidos ni los parlamentarios con sus expertos y adláteres del sistema Neoliberal, podrán imponernos, una vez más,  una constitución antidemocrática. Digamos NO.»

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Cambalache.

Durante cuatro meses, la prensa de derecha, con especial énfasis, se ha dado un festín con el “caso Convenios” sabiendo que con ello no solo ponía al descubierto actos delictivos sino que golpeaba el corazón mismo del Gobierno. Los hechos develaron un entramado orgánico que comprometía a una importante colectividad oficialista. La operación cuestionada tenía ramificaciones a través de casi todas las regiones del país, se realizaba aprovechando la laxitud de la normativa vigente y mostraba una similitud de modus operandi por medio de fundaciones truchas que no reunían la experiencia indispensable para realizar los trabajos que les eran asignados. En general, con excepciones por supuesto, los actores no buscaban el lucro personal sino que sus propósitos eran de más largo alcance: financiar organizaciones políticas y campañas electorales con recursos defraudados al Fisco, es decir a todos los chilenos.

Lo anterior, una vergüenza, además de un delito. Más aún, tratándose de un partido que ensoberbecido proclamaba tener más altos estándares morales que las generaciones que la precedieron en la actividad pública.

Pero, en medio del regocijo opositor explotó una bomba de racimo cuyas esquirlas hirieron no solo a algunos funcionarios eventualmente corruptos sino al corazón del poder financiero de Chile, haciendo públicos los métodos y procedimientos utilizados por actores importantes de la elite tanto para elevar sus ganancias como para defenderse en el caso de ser detectadas sus actuaciones turbias.

El lunes 13 de noviembre, el portal electrónico de investigación periodística CIPER dio a conocer una extensa grabación (105 minutos) de una reunión de tres actores del drama: a) Daniel Sauer propietario de la empresa  de factoring Factop y de la Corredora de Bolsa STF Capital, ambas investigadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones irregulares; b) Luis Hermosilla, destacado abogado penalista, contratado por Sauer para su defensa; y c) María Leonarda Villalobos, también abogada.

En el devenir del coprolálico encuentro, Hermosilla claramente plantea la necesidad de armar una caja negra de unos $100.000.000.- para parar la salida de información desde el Servicio de Impuestos Internos a la CMF “Aquí es donde podemos meter manos. Así se arreglan estas huevadas” “Aquí estamos haciendo una huevá que es delito”. Recuerda, entonces, que aún se le adeudan $10.000.000 a un funcionario del SII y otro tanto a uno de la CMF.Luego de recabar la necesidad de financiamiento y reconocer expresamente que esto no es la ley, es un delito, Hermosilla se explaya, en referencia al funcionario del SII: “Quiero estar en condiciones de pedirle más…Yo quiero apretarlo, le quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… quiero lo más”.  

Villalobos interviene y asevera que el SII está siguiendo 12 RUT sospechosos pero que la investigación podría extenderse hasta 44 RUT. El problema es que, al parecer, muchas de las facturas operadas por las empresas de Sauer son falsas y habrían sido utilizadas incluso por el poderoso grupo Larraín Vial lo que extiende los efectos de la onda expansiva.

Pero ¿de qué se acusa a las empresas de Sauer como para explicar su aquiescencia a la “asesoría profesional de Hermosilla”? La CMF le ha formulado cargos por “proporcionar información falsa al mercado, al público y a la CMF, efectuar operaciones con el objeto de fijar el precio de un valor, realizar operaciones ficticias, no cumplir con los índices de cobertura patrimonial, realizar operaciones de su giro pese a estar suspendidas sus actividades”. Como consecuencia, aplicó millonarias multas a Sauer, a su hermano Ariel y al Gerente General Luis Flores, inhabilitándolos por cinco años para realizar actividades de la corredora u otras sometidas a fiscalización de la Comisión.

Conocidos estos antecedentes, Sauer guardó silencio ante los requerimientos de la prensa en tanto que un indignado Hermosilla declaró haber sido objeto de “una operación oscura” y de “maniobras siniestras” recordando que la grabación y difusión de conversaciones privadas que están amparadas por el secreto profesional, constituyen delito.

De lo ya relatado surgen inquietantes preguntas: ¿Quién grabó la reunión? ¿Villalobos? ¿Por qué ahora lo difundió? ¿Es cierto lo dicho por Hermosilla en cuanto a haber sobornado con diez millones a sendos funcionarios del SII y de la CMF? Al pedir una caja negra para arreglar con plata que se pasa en un sobre, ¿quiénes eran los destinatarios de la “coima”? ¿O, como ya especulan algunos, era un engaño a Sauer y los beneficiarios eran el mismo Hermosilla y también Villalobos?

Al día siguiente, Sauer reconoció que sabía que la grabación estaba desde junio en poder de un ex socio y que este la habría entregado a CIPER.

En el manejo informativo del caso, llama la atención que ya se habla de “los presuntos inculpados”, de las “presuntas grabaciones” (¿cómo no recordar a los “presuntos desaparecidos” de la dictadura”) y se orquesta una campaña sistemática destinada a concentrar la preocupación pública en los funcionarios sobornados, en quién filtró la grabación, en la debilidad de los mecanismos de fiscalización interna del SII y de la CMF. Ni una sola palabra acerca de la delincuencia de cuello blanco presente en la elite del país. Los casos de Eliodoro Matte presionando al fiscal para impedir el procesamiento del cura Karadima, de su hija Pilar Matte Capdevila contrabandeando mercaderías para ahorrarse unos pocos pesos, los casos aún en trámite por financiamiento ilegal de la política, el recién abierto del ex director de ENAP en representación de la Sociedad de Fomento Fabril y sus negociaciones incompatibles con la contraparte de la empresa pública mencionada, la utilización de información privilegiada, la serie de colusiones en los mercados en perjuicio de los consumidores, las inolvidables “clases de ética” de Délano y compañía, demuestran palmariamente que en la casta de los privilegiados todo está permitido.

Por lo demás, es positivo que el caso Hermosilla se haya hecho público tal como el caso Convenios. La ciudadanía tiene derecho a conocerlos si se quiere trabajar en pro de una sociedad más sana.

Es lo menos que podemos pedir.

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