Constitución e independientes

Entre tantas cosas vividas en Chile el 2020, una que quedará en la historia será el plebiscito del 25 de octubre. Luego de un año del estallido social, donde la ciudadanía decidió salir a demostrar su descontento a la calle, contra el modelo político y económico que tenemos en el país.

Por una amplia mayoría, la gente se manifestó por el apruebo y una convención constitucional (CC) logrando casi el 80% en ambos casos. Atrás quedaba la opción de una convención constitucional mixta, en la que estarían 50% de parlamentarios, probablemente porque la ciudadanía ya cansada de tener a los mismos de siempre (con una muy baja aprobación), exige caras nuevas.

Con gran expectación, es la primera vez en el mundo que se tendrá una CC paritaria, en un país que a la fecha tiene una enorme brecha de género, en especial en cargos de decisión y en política. Luego de una larga lucha, se podrá contar con escaños reservados para los pueblos originarios, no como se proponía, pero al menos estarán representados, y tendrán bastante que decir acerca de un nuevo contrato social para un país que constitucionalmente no ha reconocido a nuestros ancestros territoriales.

En la teoría, esperábamos que se dieran las facilidades para que los “ciudadanos a pie”, independientes, no asociados a los partidos políticos, pudiesen ser candidatos/as. Curiosamente eran los y las parlamentarias, quienes ya no formarían parte de la CC, quienes tenían que aprobar las condiciones para que se pudiesen inscribir independientes de manera individual o en una lista. Luego de semanas (y tiempo en contra para los ciudadanos independientes) a principios de diciembre se aprobó que los candidatos/as necesitaban “0,2% de los electores que hubiesen sufragado en el respectivo distrito electoral, en la anterior elección periódica de diputados” y un 0.5% en el caso de ir como lista. Con estas reglas, empezó la carrera de candidatos/as para conseguir las firmas necesarias para poder inscribir su candidatura, y todo esto en un breve tiempo.

En ese mismo período vimos que políticos y políticas de todos los partidos políticos (re)aparecían en los distintos medios de comunicación e incluso en redes sociales, con discursos de inclusión, aporte y con ganas de apoyar este proceso. En paralelo, empiezan los rumores de que actuales parlamentarios, y quienes están en el gobierno renunciarían a sus cargos para ser partícipe en este proceso, que ha sido producto del movimiento social, precisamente en contra de las prácticas que llevaron a su deslegitimación. Uno de los primeros parlamentarios en renunciar al Senado fue Felipe Harboe, senador por la nueva región de Ñuble que ahora irá como candidato a constituyente por la misma región por el PPD, argumentando que “renuncia al senado y a todos sus privilegios, para volver a la calle como un ciudadano”.

Si bien, la ley les permite ser parte de la CC, ¿es ético su actuar? ¿es realmente un ciudadano sin privilegios? ¿Es justo que compita en una región, en la que no tiene residencia, en desmedro de candidatos/as que conocen la zona y han hecho un enorme esfuerzo por conseguir los patrocinios? ¿Qué parte no entendieron que no es convención mixta? Ningún otro precandidato/ta tiene sus privilegios y ventajas de tener capital político y una maquinaria electoral a su disposición. ¿Es justo que, tras su renuncia, Ñuble quede representada en el Senado por dos senadores designados por partidos? Son estas y más preguntas las que surgen y cuyas respuestas debiesen estar en la nueva constitución, que será escrita por ciudadanos que no han tenido esos privilegios y que no son parte de lo que precisamente se quiere cambiar.