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CUANDO ALGO HUELE MAL

Maroto

Desde Canadá.

La noticia acerca de la existencia de posibles vínculos entre el narcotráfico y el Partido Socialista de la comuna de San Ramón ha causado nuevamente preocupación y revuelo a nivel nacional. Desde diferentes sectores se han levantado voces exigiendo acciones inmediatas para atender esta grave situación, cuyos primeros antecedentes se conocieron hace ya más de dos años; después de algunos días de desconcierto y falta de liderazgo, el Tribunal Supremo de esta colectividad decidió finalmente anular los comicios realizados en la comuna antes mencionada y aquellos realizados en otras 19 localidades.

La situación electoral que en estas últimas semanas ha afectado al Partido Socialista era de por sí confusa y los acontecimientos relacionados con la posible influencia que el narcotráfico pueda haber tenido en parte de su proceso eleccionario le han agregado un nivel aún mayor de complejidad.

Por la gravedad de lo denunciado, vale la pena detenernos un momento para hacer el ejercicio de deconstruir esta compleja situación.

Los problemas electorales del Partido Socialista son lamentables. Una legítima disputa política interna en que se enfrentaban dos visiones distintas del rol que el socialismo debiera tener en la transformación de Chile, se convirtió con el correr de los días en un triste espectáculo de declaraciones, acusaciones y demoras, que enturbiaron un proceso que en sus inicios apareció como una interesante oportunidad de intercambio y discusión política. Hasta aquí, y sin perjuicio de lo lamentable, este altercado electoral no se diferenciaba mucho de los que en algún momento han tenido la mayoría de los partidos políticos en Chile en los últimos años.

Sin embargo, la denuncia realizada por Canal 13 transformó esta rutinaria riña electoral en un problema de naturaleza totalmente distinta y de una gravedad insospechada. Las noticias acerca de los intentos de las redes de narcotráfico por infiltrar la política y los políticos no son nuevas; las hemos escuchado provenientes de Colombia, México, Perú y Bolivia, sólo por citar algunos ejemplos. Sin embargo, los acontecimientos denunciados en la Comuna de San Ramón, más allá de su aprovechamiento en medio de una disputa electoral, evidencian que este problema, que hasta ahora veíamos lejano, ha llegado a Chile; y es aquí donde la situación denunciada sobrepasa con mucho la esfera del Partido Socialista, para instalarse como una preocupación de índole nacional.

Como señalara el periodista colombiano Jorge Orlando Melo “el narcotráfico, en todo el mundo, es un fenómeno que se entiende poco pero se denuncia mucho, en el que las percepciones inmediatas nunca ceden ante las evidencias pausadas de la investigación, en el que los intereses de los gobiernos y de los medios de comunicación favorecen visiones sensacionalistas y extremas, que dificultan captar en su nivel real la magnitud y gravedad del fenómeno y analizar las difíciles tramas de causalidad e influencias que los afectan.”

En el contexto de nuestro continente, el narcotráfico es una actividad económica ilegal que para sobrevivir y expandirse, se politiza cada vez más, intentando extender su influencia hacia el mundo económico, político, judicial, policial y militar; y en este esfuerzo, el narcotráfico daña los cimientos del sistema democrático, aprovechándose de sus debilidades para generar mecanismos de corrupción e impunidad que afectan la credibilidad de sus instituciones, comprometen la transparencia en su funcionamiento y disminuyen la confianza en la capacidad y honestidad de autoridades de gobierno y líderes políticos.

Indudablemente, la denuncia de Canal 13 acerca de la relación entre el narcotráfico y el partido Socialista en la comuna de San Ramon es grave; sin embargo, los vínculos del narcotráfico en Chile no son un problema sólo del Partido Socialista.

Los nexos del narcotráfico y su capacidad para permear los más diversos sectores de nuestra sociedad, incluyendo especialmente las instituciones políticas de carácter local y gobiernos municipales, son un problema de Chile en su totalidad. La denuncia realizada por Canal 13 es sólo la punta de un iceberg cuya existencia es imposible negar. No se trata de ser alarmistas; las señales están a la vista de todos y no se pueden ignorar: El informe “Observatorio del Narcotráfico en Chile – 2016” preparado por la Fiscalía Nacional identificó 426 barrios críticos los que se concentran en 9 regiones del país. En estas zonas, según señala el citado informe, el accionar de las redes de narcotráfico afecta seriamente el uso de los espacios públicos, posicionando el comercio ilegal de drogas por sobre la ocurrencia de otros delitos y deteriorando la vida de los vecinos, situación que abre importantes desafíos para el adecuado resguardo y funcionamiento del Estado de Derecho. Es en este contexto, que las redes del narcotráfico intentan consolidarse por la vía de permear las estructuras de las organizaciones sociales y políticas de base, corromper el normal desempeño de las instituciones locales, y aumentar sus cuotas de influencia y poder en los gobiernos municipales.

El ministro Chadwick ha señalado correctamente que el Partido Socialista tiene en esta materia un urgente e ineludible deber no sólo con su base política, sino que con Chile. Sin embargo, quien pretenda presentar este problema como circunscrito únicamente al Partido Socialista, sólo está haciendo un uso mezquino de un problema real grave que afecta a toda nuestra sociedad. Lo acontecido hoy en el marco de la contienda electoral de esta colectividad, es una oportunidad para todos quienes, orgánica o inorgánicamente tienen roles de influencia social y poder político; son ellos, sin importar su tendencia, los que tienen la responsabilidad primordial de definir conjuntamente las estrategias educacionales y sociales necesarias para cambiar el paradigma en estos barrios críticos y combatir proactivamente, de manera efectiva y desde sus raíces esta lacra social.

Sin lugar a duda la lucha contra el narcotráfico y sus intentos por influir en la vida política de nuestro país tendrá costos, más allá de los meramente económicos. Sin embargo, rehusarse a enfrentar decididamente estas organizaciones criminales, ya sea por cálculos electorales o intereses de dudosa naturaleza, es una irresponsabilidad. Sin la debida urgencia y apropiada atención por parte de nuestras autoridades y representantes políticos, no habrá sector de nuestras comunidades que se escape de las nefastas consecuencias que el narcotráfico conlleva para la sociedad.

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