«Aquellos o aquellas que creen que la política se desarrolla través del espectáculo o del escándalo o que la ven como una empresa familiar hereditaria, están traicionando a la ciudadanía que espera de sus líderes capacidad y generosidad para dar solución efectiva sus problemas.»

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Del “caso Jadue” y otros entuertos.

El nuevo gobierno encabezado por el Presidente Boric ha cumplido su primer mes en funciones de un total de cuarenta y ocho, salvo que los constituyentes decidan optar por su deposición más o menos inmediata.

Han sido tiempos difíciles ya que a la esperada e implacable oposición de la derecha fáctica (medios de comunicación ya conocidos, poderes económicos y financieros, partidos que los representan) se ha sumado impúdicamente un enemigo que está dentro de la casa.

El caso del Partido Comunista, principal y más organizada colectividad del oficialismo, es llamativo. La historia lo muestra como la principal víctima de la dictadura “gremialista – militar”. Parte importante de sus militantes fueron perseguidos, arrestados, exiliados, torturados, ejecutados y desaparecidos, realidad que llevó a los sobrevivientes a escoger una línea dura pensando en que el enfrentamiento violento con el régimen lo llevaría a su término. Las cosas no se dieron así. Se impuso la opción democrática de 1989 y a partir de ese entonces se trabajó por su inserción en “el sistema” mediante acciones paulatinas que implicaron su acceso al Parlamento y luego al Gobierno bajo Bachelet.

A partir de ese punto, las cosas se le complicaron. Proclamando que estarían “con un pie en La Moneda” y “otro pie en la calle”, buscaron satisfacer a los sectores tradicionales más duros y al mismo tiempo a las generaciones emergentes ajenas al estilo y método estalinista. Esta ambigüedad se tradujo, a poco andar, en una contradicción vital: ser defensores inclaudicables de los derechos humanos en Chile y, paradojalmente, al mismo tiempo mostrarse tolerantes con los atropellos de regímenes como los de Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Nicaragua. La guinda de la torta la ha puesto el alcalde Daniel Jadue quien, luego de ser invitado por Nicolás Maduro a participar en la “Cumbre contra el Fascismo” organizada por el régimen bolivariano, se deshizo en loas al invitante y, contra toda evidencia, desconoció los abusos evidentes que se dan en el país caribeño. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha señalado que entre 2016 y 2019, sus fuerzas de seguridad han asesinado a casi 19.000 personas “por resistirse a la autoridad”, al tiempo que casi 5.000.000 venezolanos han abandonado su país y  las libertades personales están bajo riesgo permanente.  El gobierno de Boric (ministros Urrejola y Jackson, diputados Herz y Naranjo) puntualizó que eran opiniones personales y que no comprometían las políticas oficiales. El problema es que Jadue, miembro del Comité Central del PC, tras la fuerte derrota que sufrió en sus aspiraciones presidenciales, no ha logrado contenerse y se ha mostrado como un francotirador empecinado en desprestigiar y dañar al que, al menos en teoría, es “su gobierno”.

Gabriel Boric debe enfrentar dos grandes retos: uno, de corto plazo, casi inmediato, y otro de medio fondo. Ambos afectarán su gestión y comprometerán su futuro.

El “quinto retiro” es de por sí una piedra en el zapato. A los siete proyectos que estaban en la Cámara, se sumó una iniciativa alternativa ´propuesta por el Ejecutivo. Parlamentarios de variados colores, de izquierda y de derecha, los promueven buscando un poco de popularidad barata. La evidencia es clara: los grupos más vulnerables no tienen nada que retirar; sus escasos fondos se agotaron en los tres retiros anteriores. La incidencia del incremento de la masa monetaria ha derivado en una fuerte inflación: la inyección, hasta ahora, de 80.000 millones de dólares a la economía nacional, tuvo y tendrá consecuencias nefastas. Es hora de hablar claramente al país y mostrar que estamos en una situación muy comprometida y que va siendo hora de que todos asumamos nuestras responsabilidades.

La Convención Constituyente se acerca al término de su labor. Son 75 días los que se tienen por delante para afinar el trabajo y “armonizar” el extenso texto que han ido elaborando las comisiones. En este plazo, deberá constituirse una nueva “comisión” cuya función al parecer no había sido prevista: la encargada de elaborar las normas transitorias que permitirían, en su caso, la transición hacia los nuevos tiempos. ¿Cesarán en su cargo los representantes, funcionarios, autoridades en general? ¿Desaparecerán organismos, etc.? ¿Qué o quién los reemplazará?

El plebiscito de salida ha sido fijado para el 4 de septiembre próximo, estableciéndose así un plazo extremadamente corto para un debate serio y profundo. El resultado de la consulta es incierto. Si bien los antecedentes electorales favorecen el “apruebo”, es innegable que hay un crecimiento de la opción del “rechazo” lo que no puede atribuirse a una deficiente comunicación (y solucionarse mediante la publicación de “insertos” de costo millonario). La alternativa posible de un estrecho resultado final, no puede descartarse del todo. En tal caso, es evidente que los perdedores cuestionarán lo que indicarán los números pues el país se encontrará mucho más cerca de una nueva crisis que de la voluntad inicial de construir “una casa común”.     

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