Editorial. A la vuelta de la esquina.

El largo proceso constituyente en el que está embarcado nuestro país, está destinado a finiquitarse el próximo 17 de diciembre con la realización de un nuevo “plebiscito de salida”, siempre y cuando la nueva propuesta elaborada por la Comisión Experta y el Consejo Constitucional recién elegido, reciba el voto favorable de la ciudadanía. En caso contrario, entraremos en un limbo que, en principio, implicaría retornar al punto de partida para reencontrarnos con el restablecimiento de la tan cuestionada Constitución vigente.

Lo vivido no es un juego. Habremos perdido dos largos años, decidiendo que queríamos una nueva carta fundamental pero rechazando las vías de salida que se nos han planteado, y ese par de años sin duda que pesará en nuestra vida como nación. No solo se tratará del fracaso de mandatarios cegados por su sobre-ideologización sino de nuestra frustración como comunidad política incapaz de resolver racionalmente sus problemas.

Sin embargo, lo antes dicho merece una distinción. La propuesta refundacional de la Convención es “algo que ya fue” y fracasó. El proyecto de nueva Constitución que elabore el Consejo Constitucional es “algo que será”, cuya naturaleza aún no conocemos, y que estará sometido a la contingencia incierta de su aprobación o rechazo.

Por voluntad del soberano, las llaves del futuro inmediato están ahora en manos de una mayoría republicana.

La exitosa campaña electoral de los ganadores se asentó en dos puntos particularmente sensibles para la población: seguridad pública (que implica delincuencia y narcotráfico) y migraciones, con abstracción del tema constitucional ya que variados voceros del sector se manifestaron categóricamente en contra de una nueva carta fundamental.

Pero, la victoria conlleva costos y problemas y, a partir de ahora, los triunfadores deberán ajustar su actuar al marco fijado que debe ser respetado, con los doce bordes definidos, terreno en el cual ya han empezado a mostrar claros disensos.

La pregunta clave que para ellos surge es: ¿Qué hacer con la victoria?

Y la respuesta tiene dos variables: O se usa el Consejo Constitucional   como plataforma programática para las evidentes aspiraciones presidenciales de su líder, o, por el contrario, se asume la responsabilidad de contribuir a darle al país una institucionalidad y una normativa básica que permitan el buen funcionamiento del sistema democrático para las cinco o más décadas siguientes.

Algunos de los consejeros elegidos por el Partido Republicano han manifestado su disposición al diálogo mostrándose como inclinados a la segunda opción pero no puede desconocerse que la otra alternativa está más acorde con el discurso y con la naturaleza de su proyecto, lo que los llevaría a privilegiar los intereses propios ajustados a la coyuntura por sobre el bien común permanente. Este camino a fin de cuentas no sería otra cosa que un efecto espejo de lo sucedido con la Convención, un nuevo tropezón con la misma piedra, y probablemente con el mismo resultado final.

El país –la inmensa mayoría que subsiste con los ingresos que le genera su trabajo cotidiano – no puede permitirse el doloroso lujo de un nuevo fracaso.

La Comisión Experta está moralmente obligada a cortar los lazos que la ligan con los partidos que patrocinaron los nombres de sus integrantes debiendo concentrarse en la realización de un buen trabajo técnico que asegure una gobernabilidad indispensable, dejando de lado sus personales o grupales convicciones ideológicas para abrir paso a lo propiamente constitucional.

 Lo dicho implica consagrar los principios fundamentales que definen una democracia en forma (especialmente en materia de derechos humanos), establecer instituciones que sean funcionales a estos tanto en representatividad como en participación y definir un rol del Estado suficiente como para promover los requerimientos de la sociedad. .

Más allá de las críticas que en justicia ha merecido la Constitución de 1980 por su elaboración y generación autoritarias, su más grave error radica en haber pretendido dejar atado y bien atado un modelo político, económico y social amparado por una serie de enclaves antidemocráticos que se transformaron en barreras infranqueables para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

Por esa razón, la pretensión de que materias contingentes específicas sean resueltas a este nivel, hace imposible concordar bases mínimas elementales que pudieran asegurar su aprobación plebiscitaria o que permitan aceptar su legitimidad. Los partidos políticos pueden consagrar en sus principios sus respuestas a estas cuestiones, promoverlas en cuanto lo estimen necesario, pero corresponderá al legislador la tarea de adoptar la normativa pertinente.

Sin duda, hoy estamos en una encrucijada compleja, y la cerrazón y el fanatismo pueden traernos consecuencias inesperadas. Como se ha repetido hasta el cansancio, nadie tiene clavado el devenir de la historia siendo siempre posible que el juicio ciudadano se pueda dar vueltas sobre sí mismo.