«Si la justicia existe, tiene   que ser para todos; nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia»

Paul Auster

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Editorial. Agenda de seguridad

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

No puede caber duda alguna en cuanto a que los problemas de delincuencia, narcotráfico y seguridad pública ocupan un lugar privilegiado entre las preocupaciones de la ciudadanía.

La sensación de otrora en cuanto a que este era un mundo y un ambiente que se mantenían al margen de la vida cotidiana de hombres y mujeres comunes y corrientes, ha cambiado radicalmente. Las personas han tomado conciencia de que el peligro de ser víctimas efectivas de estos hechos era algo real y no una mera posibilidad, multiplicó el temor.

Los establecimientos educacionales y de salud, los estadios y las competencias deportivas, los lugares de tránsito peatonal y de comercio, la locomoción colectiva, las horas vespertinas y nocturnas, entre otros, pasaron a ser áreas o tiempos de riesgo que amenazaban la integridad de todos, sin excepción: niños, mujeres, hombres jóvenes y adultos mayores, ricos y pobres.

Lo que estaba sucediendo demandaba una respuesta pronta y eficaz de parte de la autoridad pública. Ante el clamor generalizado, que reflejaba su preocupación y el descontento de las personas hacia “la clase política”, el Ejecutivo y el Congreso impulsaron la resolución de una “agenda urgente de seguridad”, hecho que, a todas luces, era bien acogido por la población y también por los medios de comunicación tradicionales: prensa-papel y canales abiertos de televisión.

¿Estaba la solución al alcance de la mano y, por negligencia y desidia, no se había cumplido la tarea?

El problema de la “seguridad pública” en sus diversos aspectos es de naturaleza compleja y, como es evidente, abordar problemas intrincados a través de medidas simples termina constituyendo una verdadera falacia social. Así, es frecuente que las personas y, también, por supuesto, muchos columnistas, políticos y opinólogos, insistan el ver el problema a través de un indispensable aumento de las penas asignadas a los delitos como si esta fuera la panacea universal que la sociedad chilena necesita. Para decirlo en breve, ningún malhechor ante la eventualidad de cometer un hecho penado por la ley hace un juicio de valor y decide no actuar contra la ley porque la pena subió de 15 a 20 años de reclusión.

Por lo demás, toda política criminológica debe tener presente antecedentes indiscutidos. En la actualidad, un alto porcentaje de delincuentes no son individualizados y aprehendidos por las limitaciones policiales tanto en cifras de personal como en materia de recursos, lo que se extiende a la elevada cifra de condenados que permanecen prófugos. Paralelamente, existe poco interés en ingresar a la policía tanto por los niveles de riesgo como por los niveles de remuneraciones difícilmente modificables tras el rechazo a la reforma tributaria. Las cárceles existentes muestran gran hacinamiento y son, sin duda, verdaderas escuelas del delito. ¿Es posible duplicar en un plazo razonable la capacidad penitenciaria? ¿A qué costo? Introducir la “legítima defensa privilegiada” en favor de las policías solo contribuye a complejizar el problema, toda vez que ya la legítima defensa está amparada por la presunción de inocencia correspondiendo al tribunal probar lo contrario. No puede descartarse livianamente la posibilidad de que se generalice una conducta de “gatillo fácil” generándose crecientes respuestas de agresividad.

La penalista Catherine Lathrop ha sido categórica en afirmar que existen muchos riesgos “cuando se tramitan leyes sin mayor meditación y sobre situaciones puntuales” lo que es corroborado por el abogado Alejandro Espinoza, quien destaca que las penalidades vigentes son ya bastante graves. A lo dicho, debe agregarse que el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, ha dicho que varias de las reformas no se ajustan al derecho internacional de los DDHH.

A fin de cuentas, no parece aceptable que, so pretexto del combate al delito, transformemos la sociedad chilena en un estado policial. Hay medidas que parecen lógicas y razonables y deben consagrarse legalmente, pero ello no puede significar que el país se salga del margen civilizatorio mínimo que ha constado siglos construir.

Más policías, mejores policías, mejores técnicas de investigación, control exhaustivo de la tenencia ilegal de armas, racionalidad ejemplar de las penas, detección y sanción del crimen organizado, aparecen como algunos de los primeros pasos indispensables en este combate.

La aventura de legislar sobre caliente, sin detenernos a pensar en las consecuencias de lo que hacemos, puede llevarnos no solo al populismo penal sino al populismo político. El peligro está a la vuelta de la esquina.  

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