Editorial: CHILE …. ¿ para dónde VAMOS?

El país, qué duda cabe, enfrenta una fuerte crisis política cuya resolución es impredecible. Es frecuente escuchar comentarios que señalan que, si no fuera por la gravedad del problema sanitario y por las subsecuentes medidas de control que se han ido imponiendo conforme al estado de excepción constitucional de catástrofe, estaríamos viviendo una situación tan descontrolada que hasta el término normal del período de Gobierno estaría amenazado.

Todo lo que está sucediendo no es algo que surgió de improviso, de la noche a la mañana, sino que tiene causas serias que es necesario dilucidar y dejar claramente establecidas para la correspondiente apreciación de los ciudadanos.

El primer error coyuntural pero que ha condicionado toda la gestión del Ejecutivo durante estos treinta meses, radicó en la equívoca apreciación del resultado electoral. El 54,58 % de los votos logrado en diciembre de 2017 no significó un rotundo respaldo a la postulación del candidato derechista sino que estuvo determinado por el escepticismo de los votantes frente a la candidatura opuesta que representaba a una muy cuestionada Nueva Mayoría. Además, el solo hecho de que prácticamente la mitad del electorado no acudió a sufragar, situó al presidente electo en una condición muy minoritaria reflejada en la amplio triunfo logrado por las candidaturas parlamentarias adversarias.

A contar de ese falso punto de partida, y con el monocorde aplauso de la prensa tradicional, se construyó un Ejecutivo de tecnócratas, de amigos personales, ideológicamente dogmáticos y carentes de toda relación efectiva con el mundo real. Las estadísticas y las planillas Excel obnubilaron a las nuevas autoridades embriagadas por el discurso fácil, las encuestas dudosas y el asentimiento incondicional de los grupos dominantes.

Toda esa tramoya se derrumbó gatillada por la explosión del descontento social y porque la pandemia puso en escena los elevados niveles de pobreza, hacinamiento y cesantía.

Por lo demás, en la medida en que una ciudadanía crecientemente empoderada tomó conciencia de que la Constitución vigente amarraba al país a un modelo socio económico neo liberal que imposibilitaba avances sustantivos demandados por la gente, la mesa quedó servida para un conflicto aún no bien dimensionado. Las angustias económicas desatadas por la pandemia, encontraron un cauce previsible en el malestar generalizado de un elevado porcentaje de las personas hacia las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) permanentemente acusadas de obtener beneficios injustificados, de carencia de transparencia en su gestión y del incumplimiento de las promesas maravillosas de antaño.

Lo acontecido en la semana que recién termina en la Cámara de Diputados – y que todo hace prever que se repetirá en el Senado de la República a pesar de las presiones y ofertas presidenciales – es la muestra palpable de que algo está aflorando. Importantes sectores de la coalición oficialista, no formados bajo la disciplina cerrada e incondicional de la dictadura, han optado por desalinearse y privilegiar su compromiso con las necesidades palpables de la gente.

Ni los anuncios económicos ni las amenazas disciplinarias de las directivas partidarias, lograrán detener lo que se viene.

El país vive un momento crucial que reclama respuestas políticas. A este respecto no basta con la incorporación de algunos nombres que pudieran eventualmente traducirse en mayorías parlamentarias, sino que es indispensable recoger un clamor ciudadano que ya es imposible desoír.

En la medida en que irresponsablemente se postergue la adopción de medidas que impliquen cambios de fondo y se sigan eludiendo las evidencias sociales que están a la vista, se estará incubando un problema cada vez mayor.

Una democracia sólida debe tener la capacidad de dar respuestas. La sujeción a dogmas impuestos por la fuerza no hace otra cosa que alimentar la presión en una comunidad que, definitivamente, aspira a vivir de otra forma.