EDITORIAL. El derecho ciudadano.

En una sociedad democrática, las elecciones periódicas representan la oportunidad    y el derecho ciudadano, para evaluar la situación de la vida común de las personas, juzgando tanto la gestión de las autoridades de gobierno que completan el período para el cual fueron elegidas, como para evaluar a quienes aspiran a asumir el relevo. El juicio sobre el pasado es necesario y útil, pero es evidente que lo que más importa es la definición de nuestro futuro como nación, expresado en los programas de los candidatos, la viabilidad de sus propuestas, las consecuencias de las medidas que se adoptan y, por tanto, la configuración de una nueva realidad. 

Los programas presentados por los candidatos y registrados en el SERVEL no pueden ser un catálogo de promesas, sino la expresión de un verdadero compromiso con la ciudadanía.

Ambos candidatos que estarán en el balotaje del 14 de diciembre, han cumplido este trámite, las promesas han quedado por escrito, pero el ciudadano tiene el deber de escudriñar más a fondo, inquiriendo el sentido que tienen las eventuales acciones del futuro gobierno, analizando las obras mencionadas, los grupos de interés o de presión a los que favorecen, su factibilidad. En definitiva no  solo se trata de cumplir con las obras físicas que el país reclama

Por ello, se hace necesario salirse del texto que se nos presenta, salir de lo que se dice para indagar lo que se callao se narra como verdades a medias pero que pueden llevar caramelos  envenenados destinados a que el elector ingenuamente los trague.

Hay dos problemas que han sido mostrados con vehemencia – la inseguridad y la migración – poniéndolos como eje ineludible del debate político. Al relevarlos sin matices, se está exagerando su gravedad procurando generar temor y consiguiendo adhesiones a la causa propia, sino que se está escondiendo deliberadamente la forma en que uno y otro tema serán abordados.

La seguridad constituye una demanda urgente de la  comunidad pero las medidas que se apliquen no pueden pasar por sobre los principios fundamentales de respeto a la dignidad de las personas. Anunciar medidas tales como la construcción de cárceles en pleno desierto, la compra de barcos cárceles destinados a deambular en alta mar, la construcción de una zanja de 840 kilómetros o la instalación de minas antipersonales para impedir el ingreso de migrantes irregulares, no solo  constituye un despropósito sino el síntoma expreso de la voluntad de personas afiebradas por la demagogia populista.

En una sociedad compleja, reducir el programa de gobierno a dos o tres medidas espectaculares o centrarlo en la famosa frase de “un gobierno de emergencia”, es algo que no puede sostenerse por sí solo. Más allá de ese mundo hueca, carente de profundidad, hay una  sociedad vital, llena de inquietudes y necesidades, que no puede olvidar que la educación, la vivienda, la salud, la seguridad social, entre otros, son temas que no pueden esquivarse.

A pocos días de tener que tomar una decisión, cada ciudadano debe dedicar un tiempo mínimo para madurar una respuesta racional y razonable que abrá camino positivamente a las generaciones que nos seguirán.