Editorial: Entre la esperanza y la decepción

Al anochecer del viernes 31 de julio, el Presidente de la Repúblico cumplió con su deber constitucional de dar cuenta ante el Congreso Nacional del estado administrativo y político de la nación. Siempre se ha entendido que la evaluación política incluye los aspectos económico y social y una larga tradición ha indicado que esta es la oportunidad en que el Gobierno de turno proyecta su acción futura.

En el caso presente, la ciudadanía esperaba con particular atención que el mandatario analizara en profundidad la crítica situación política, económica y sanitaria por la que atraviesa el país y, por sobre todo, que anunciara los derroteros que orientarán el poco más de un tercio del período que se tiene por delante.

Una importante cadena de comunicación social, la noche misma de la cuenta, resumió las tareas propuestas al país como misiones “de nuestra generación”: enfrentar y superar las pandemias (sic), derrotar la pobreza, fortalecer nuestra clase media, lograr mayor igualdad de oportunidades, alcanzar plena igualdad ante la ley, conquistar el desarrollo, construir una patria libre, grande, buena y justa.

Entre las medidas concretas para alcanzar los referidos propósitos se señalaron la implementación de la tecnología 5 G, el fortalecer nuestra condición de potencia agro alimentaria mediante la duplicación de la superficie agrícola regada, el mejoramiento de las pensiones y la reforma del sistema, la dictación de una nueva ley migratoria, la lucha contra el machismo y las discriminaciones culturales y sociales. Y, frente al denominado “conflicto mapuche”, una lucha decidida contra la violencia y el terrorismo.

Hubo vagas excusas por la tardanza en atender a las demandas económicas de la población y por no haberse logrado una cobertura más amplia a este respecto.  Promesas Vendrá un fortalecimiento de la acción policial para controlar el orden público y combatir la delincuencia, también medidas para la realización de un plebiscito ejemplar, más otras acciones que son vistas como la continuación de promesas anteriores.

Todo lo anterior implica un cumplimiento formal de las disposiciones constitucionales pero, lamentablemente, muestra una suma incomprensión de los tiempos que está viviendo el Chile real.

Cuando las autoridades se cierran sobre sí mismas negándose a escuchar voces claras y fuertes de la gente, sin lugar a dudas que estamos frente a un problema de dimensiones insospechadas. La tan cuestionada reforma que ha permitido a los afiliados retirar hasta un 10% de sus fondos de ahorro previsional, mostró un hecho indiscutible: en cuarenta y ocho horas, 5.5 millones de cotizantes, que representan más de la mitad del universo, requirieron de sus respectivas AFPs. la entrega de las sumas autorizadas la mayor parte de ellos para pagar consumos de subsistencia o para hacer frente a deudas impostergables según dio a conocer el oficialista diario “El Mercurio”.

Así, “derrotar la pobreza” o “fortalecer la clase media” no van más allá de ser frases de buena crianza si no van acompañadas de decisiones concretas que, para disgusto de la coalición gobernante, implican cambios profundos a un modelo de sociedad ideológicamente dogmático que por su naturaleza misma perpetúa las inequidades, que aplaude sin vergüenza el egoísmo individualista y que desprecia todo lo que suene a comunidad y solidaridad.

En las sociedades contemporáneas, y Chile no es ajeno a tal realidad, uno de los aspectos más decisivos en las determinaciones y actitudes que adoptan las personas, es el temor. Este sentimiento de temor, que oscila entre el miedo mismo y la incertidumbre frente a un futuro poco claro, lleva a las personas a conductas preocupantes, a actitudes que las arrastran a conductas violentas y, también, a afectaciones en su vida familiar y mental.

Los llamados a la “unidad” carecen de todo sentido si se los entiende solo como una convocatoria a dejar de discutir y de pelear. La construcción de una tarea conjunta requiere disposición para tomar medidas audaces que aseguren a las personas una vida dotada de un mínimo de dignidad (salud, educación, vivienda, trabajo) y, si para lograrlo hay que herir intereses y tocar privilegios, simplemente habrá que hacerlo.

A medida que postergamos esos objetivos fundamentales, estamos cavando los cimientos en que se sustenta una sociedad democrática. Y cuando la ciudadanía pierde la confianza en la democracia como sistema de gobierno, las consecuencias pueden ser nefastas.