EDITORIAL. Entre rejas.

La actual situación del país, azotado por una ola de delincuencia ligada al crimen organizado y al narcotráfico, ha despertado una reacción generalizada y preocupante en toda la población. Las personas perciben la inseguridad no solo como individuos sino por el riesgo que este ambiente implica para sus hijos, para sus mujeres, para los adultos mayores que viven solos o que se arriesgan por el solo hecho de salir a cobrar sus pensiones.

Pretender culpar de lo que sucede al actual gobierno, es una simpleza y una necedad. El fenómeno viene desarrollándose desde hace décadas, incrementándose como consecuencia de una serie de factores acumulativos.

Frente a problemas de esta naturaleza, como de costumbre, surgen respuestas simplonas.

Los corifeos de la seguridad, que han adquirido creciente importancia política y comunicacional, no necesitan estudiar mucho ni realizar un  gran esfuerzo intelectual, para promover un aumento sustantivo de las penas privativas de libertad con lo cual creen satisfacer los temores y miedos de una población angustiada y asustada. La derivación lógica de su idea, está en concretar un encarcelamiento masivo de los delincuentes o su expulsión inmediata del territorio nacional para el caso de que los infractores de ley sean extranjeros.

Por su lado, importantes medios de comunicación, tras una información sobre hechos policiales graves, abren sus páginas para los “comentarios espontáneos” de sus seguidores en los que una jauría humana ocupa esta tribuna, usando nombres y domicilios falsos, para atacar al gobierno, al poder judicial y para sugerir que sin mayor trámite a los sospechosos detenidos se les aplique de inmediato, sin trámites burocráticos, “un tiro en la nuca”.

Lamentablemente para ellos, la realidad es más fuerte. Vivimos (o pretendemos vivir) en una sociedad civilizada y esa sola circunstancia nos obliga a regirnos por ciertas normas y parámetros que garantizan no solo los derechos fundamentales de los inculpados sino que de todas las personas.

El correcto análisis de la situación actual, requiere tener presentes ciertos datos duros

Los establecimientos carcelarios existentes en el país, están habilitados para recibir una población penal del orden de los 41.000 individuos. A la fecha, la cifra efectiva de reclusos se eleva a 49.000 y sobrepasará este mes de mayo los 50.000, llevando el sistema a un nivel de colapso absoluto. Este grave nivel de hacinamiento vulnera los derechos más esenciales en materia de salubridad e higiene de los privados de libertad (aunque algunos creen que estos sujetos no tienen derechos), crea condiciones para la violencia intra-carcelaria, y termina por afectar la seguridad de los recintos con un servicio de Gendarmería insuficiente y sujeto a precarias y extenuantes jornadas laborales.

De esta forma, el sistema cumple mal su función punitiva y hace imposible todo amago de recuperación y reinserción. Resulta casi innecesario repetir la consabida frase de que las prisiones chilenas son la universidad del delito. La inmensa mayoría de las personas recluidas proviene de los quintiles inferiores de la sociedad, son de mucha vulnerabilidad y han experimentado altos grados de exclusión.

Mención especial merece el caso de las mujeres. Según informe de Paz Ciudadana, el 80% de las reclusas no ha completado enseñanza media, el 89% son madres y en gran número jefas o sostenedoras de hogares monoparentales, un 45% ha sido víctima de violencia intrafamiliar, un 26% ha sufrido abuso sexual en su infancia o adolescencia, en tanto que la mitad está en prisión por su primer delito generalmente de microtráfico o hurto. La secuela de su privación de libertad es la separación o abandono de sus hijos, hecho que los conduce naturalmente a conductas reñidas con la ley.

Podrían agregarse muchos más datos pero parece indesmentible que la construcción de nuevos recintos pernales (que obviamente son necesarios para encarar la ya existente sobrepoblación penal) no constituye una solución ni inmediata ni eficaz en relación con el fondo del problema.

El Poder Legislativo (Congreso y Gobierno), por su parte, dista mucho de ser un actor dinámico en la materia salvo en cuanto se busque el pantallazo televisivo o se anuncien propuestas cercanas a lo que expertos y académicos reconocen como “populismo penal”.

A lo mejor, repitiendo el ejemplo de la Comisión Experta constitucional, una acción colectiva consensuada que constituyera una comisión de peritos, pudiera elaborar en un plazo razonable una propuesta que, considerando todos los aspectos de la cuestión – jurídicos, materiales, de recursos humanos -, fuera sometida a la aprobación y ejecución de las medidas pertinentes por parte de las autoridades políticas, administrativas y legislativas.

Lo claro, es que en este terreno sería una irresponsabilidad mayúscula seguir marcando el paso.