EDITORIAL. Justicia y debido proceso.
El conocido como “principio de legalidad” constituye una de las bases fundamentales del “derecho penal liberal”. Si bien se expresa, en síntesis, en el aforismo jurídico de nulla crime, nulla penae, sine legem – no hay delito ni hay pena, si no están previamente establecidos en la ley- el desarrollo del concepto se ha ampliado al máximo para asegurar el derecho de los imputados a un debido proceso.
Toda la teoría desarrollada sobre esta materia ha tenido por objeto proteger a las personas, aunque sean delincuentes, de las arbitrariedades y abusos de los detentadores del poder. Por eso, los regímenes totalitarios se manejan en el esencial irrespeto a toda la normativa que pueda coartar su libertad de acción. La historia nos exhibe numerosos ejemplos que han causado millones y millones de víctimas y que van no solo por la casuística latinoamericana de las dictaduras bananeras sino que se extienden a regímenes que se han ido institucionalizando, con mayor o menor duración, como las experiencias del fascismo, el nazismo y los mal llamados “socialismos reales”.
Sin perjuicio de las normas penales de aplicación general, la Constitución Política vigente contempla un procedimiento especial que se inicia en la Cámara de Diputados y Diputadas, con la declaración de si han o no lugar las acusaciones que diez a veinte de sus miembros formulen contra determinadas autoridades por las causales que en cada caso se indican. Si la acusación se considera procedente, corresponderá al Senado, resolviendo como jurado, declarar si el acusado es o no culpable “del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa”.
Este proceso, ha sido históricamente calificado, por su propia naturaleza, como “juicio político” ya que, de partida, permite que los mismos acusadores voten luego la procedencia de la acusación que ellos mismos interpusieron y, además, como ha quedado demostrado, que la voten en uno u otro sentido según criterios partidarios sin atenerse a la fundamentación o antecedentes probatorios que la sustenten.
El problema de las acusaciones constitucionales referidas anteriormente, es que se trata de enjuiciamientos excepcionales por causales particularmente graves y, cuando se las considera herramientas destinadas a atacar al gobierno de turno por responsabilidades que, de hecho, son vagas, se daña profundamente el sistema democrático. El enorme desprestigio que hoy experimentan los partidos políticos y el propio Congreso Nacional es alimentado a diario por las irresponsabilidades de “representantes populares” que demuestran no estar ni de lejos con las preocupaciones reales de la ciudadanía.
Patético es el caso de los partidos situados a la derecha del espectro político, colectividades que hasta pocos meses se ilusionaban con alcanzar el poder en el 2025 pero cuya fuerza moral, política, de liderazgo y proyecto de futuro, se ha diluido cuál si fueran pompas de jabón. El Partido Republicano, que no ha mucho tiempo atrás arrasó sorpresivamente en las votaciones constituyentes, ha procurado recuperar sus sueños radicalizando sus posiciones en torno a una cantinela monotemática sobre ataque a la delincuencia y políticas de seguridad pública. En este juego de nunca acabar, diputados de Renovación Nacional anuncian una acusación de este tipo contra el propio Presidente de la República siendo luego desautorizados públicamente por su propia directiva. Tras este bochorno, el frente opositor votó, en paquete, acusaciones contra los ministros de la Suprema Vivanco y Muñoz imputados por causales distintas, a sabiendas que las presuntas responsabilidades son individuales. Solo algunos diputados de Evópoli tuvieron el coraje de separar este enjuiciamiento conjunto.
La crisis política por la que atraviesa el país se hace más grave cuando la ciudadanía observa atónita que quienes fueron elegidos para representarla son capaces de desconocer principios morales básicos en su afán de obtener míseras ventajas coyunturales. Para algunos, demoler la democracia es un propósito indisimulado. En otros, prevalece la falta de coraje para detener este juego nefasto.
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