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ANÁLISIS POLÍTICO

¿ TVeo o no TVeo?

René Fuentealba Prado, abogado.

La televisión ocupa un lugar relevante en las sociedades modernas. Entregar información, esparcimiento y cultura,  son misiones que generalmente se le  destacan en la academia y en la opinión pública.  La televisión privada comercial, en general, ha conducido a este medio por el derrotero del lucro, la farándula y la ordinariez. ¿Es necesaria la TV pública? ¿O,  poco a poco, será simplemente “más de lo mismo”?

Tras el prolongado debate acerca de la gratuidad en la educación, en medio del fragor de la batalla de Chiloé, y luego de  casi tres semanas de la lamentable frase del Ministro del Interior en cuanto a que éste no es un Gobierno “con la billetera fácil”, el país se ha visto sorprendido por la iniciativa del Ejecutivo que propone inyectar, de partida, más de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES a la empresa estatal Televisión Nacional de Chile.

Las justificaciones son muy precisas. Se trata simplemente de adecuar  la empresa a los requerimientos de la televisión digital y  de implementar el proyectado Canal Cultural Educativo como filial de la TV pública.

En tiempos de normalidad económica y financiera del Estado, hasta parecería comprensible.

Sin embargo, una evaluación mínimamente racional del proceso debe partir por ciertas consideraciones básicas: los recursos fiscales son escasos, la crisis del precio del cobre (el principal ingreso  del país) ha llegado para quedarse y, en consecuencia, debe haber austeridad en el gasto público,  y es necesaria una priorización de gastos e inversiones.

Otros antecedentes que deben tenerse presente son los siguientes: TVN tuvo pérdidas en el ejercicio 2015, del orden de los 25.000 millones de pesos y el 2016 la tiene en el último lugar de sintonía, lo que implica escasas posibilidades de mejoramiento de la salud del enfermo en el corto plazo.

TVN, además, presenta problemas estructurales. La configuración de su Directorio responde a un cuoteo  político, lo que ha hecho que lleguen a integrarlo personeros de carácter partidario que carecen de conocimientos y experiencia elementales tanto de televisión como de administración y finanzas.

La designación de dos de los cargos más importantes en  empresa – Director Ejecutivo y Jefe de Prensa – termina siendo fruto de largas transacciones que buscan no al mejor sino a quien  menos problemas pueda eventualmente causar. Mientras tanto, los directores – generosamente remunerados – dedican su tiempo a sus negocios personales, a la conquista o mantención de parcelas en sus partidos o a defenderse en los tribunales de sus pecados pasados.

Ninguno de estos personeros ha puesto su cargo a disposición, como correspondería hacerlo a cualquier directivo que fracasa. La única medida original que se les ha ocurrido, es la de exonerar personal  o rebajar las abultadas remuneraciones que ellos mismos o sus antecesores convinieron.

Sin duda, hay sectores políticos que simplemente no creen en la televisión pública y, aunque no lo reconozcan, estarían muy agradados si se privatizara, pues para eso tienen el control de los otros canales. Pero, la sociedad chilena requiere de un medio masivo de comunicación social que sea libre e independiente. Nadie puede dejar de tener presente que un número alto de informaciones, relativas a las colusiones entre las grandes empresas, al financiamiento delictivo de la política, a la corrupción en el aparataje público, a los críticos problemas medioambientales, a los escándalos de abusos al interior de ciertos grupos religiosos, etcétera, etcétera, se habrían podido conocer cabalmente si no hubiera una empresa, ajena a poderosos grupos de interés, que los abordara.  El país exige disponer de un medio comprometido con el bien común informativo, pero también  tiene el derecho de exigirle ética y calidad.

La televisión pública debe cubrir áreas de esparcimiento y de cultura, de forma tal que llegue a un número elevado de teleespectadores puesto que perdería su propia naturaleza si estuviese confinada a una elite privilegiada.

Sin embargo, su “buque insignia” debe encontrarse en la calidad de sus informaciones. Los interminables noticieros, plagados de temas irrelevantes, con periodistas de paupérrimo vocabulario lleno de lugares comunes, de gente de prensa que confunde la neutralidad con la objetividad, que para lograr sintonía buscan competir en el área de los hechos policiales con truculentas presentaciones, terminan por destruir la confianza y alejar al teleespectador.

La iniciativa de los 95 millones de dólares del Gobierno, además de ser absolutamente inoportuna, muestra una carencia total de sentido común: incapacidad de algunos de sus personeros para ser sensibles a los requerimientos y a las necesidades de las personas.

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