Editorial. La Constitución en su laberinto

El plebiscito del pasado 4 de septiembre marcó un “antes” y un “después” en la hoja de ruta de la política chilena. Los afanes refundacionales de la Convención Constituyente – adornados por una serie amplia de chascarros – llevaron a un fracaso tan rotundo como inesperado en sus cifras. Pareciera ser meridianamente claro que el ejercicio de la soberanía popular implicado en el proceso, no se hizo con la madurez y responsabilidad que exigía la tarea encomendada por la ciudadanía y así lo confirma el pertinaz silencio de la mayoría de los 149 actores que tras el fiasco solo han entregado excusas y explicaciones que no se condicen en manera alguna con la realidad.

Consumado el cierre de la etapa neo-constitucionalista, las elites políticas se vieron forzadas a buscar caminos de salida, los que necesariamente involucraban tener presente la plena vigencia de la voluntad ciudadana en cuanto a la necesidad de darnos una nueva Carta Fundamental.

Una alternativa, por supuesto, era que el Congreso Nacional asumiera su potestad constituyente en forma directa, idea legítima pero difícilmente aceptable de buenas a primera tanto por el bajo crédito con que cuenta este poder del Estado como por la fuerte incidencia que en su integración tienen las fuerzas renuentes a los cambios.

Por esa razón, las cúpulas políticas trabajaron durante cuatro meses logrando elaborar un intrincado consenso que, en lo medular, fija límites indispensables al trabajo constituyente estableciendo una comisión de arbitraje para su resguardo, y en lo operativo propiamente tal considera una Comisión Experta de 24 integrantes (12 elegidos por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados, con paridad de género), 50 consejeros elegidos por la ciudadanía conforme a las reglas vigentes para la elección del Senado y, finalmente, un plebiscito de salida.

El complejo tramado tiene sus bemoles.

De partida, la Comisión Experta de inmediato perdió su naturaleza y se transformó en un claro comité político y de grupos de interés. Integrada abrumadoramente por profesionales procedentes de la Universidad Católica, con ausencia casi total de académicos procedentes de regiones, incorporó a funcionarios de la Fundación Jaime Guzmán y del Instituto Libertad y Desarrollo que, como puntualizara un académico conservador obedecen a los intereses de los empresarios que financian tales entidades. Completan el cuadro ex ministros y funcionarios carentes de toda experticia, siendo el nombre más cuestionado el de Hernán Larraín Fernández por su injustificable defensa de los abusos de la Colonia Dignidad.

La elección de los Consejeros constituyentes, si bien puede considerarse como formalmente democrática en ningún caso será representativa toda vez que no existe proporcionalidad alguna en relación a las poblaciones regionales, tanto así que el voto de un habitante de la Región Metropolitana vale una ínfima parte que el voto de un elector de Aysén o de otras regiones extremas.

Finalmente, no puede dejarse de tener presente de que existe la posibilidad de que el nuevo texto sea rechazado en el plebiscito de salida, generando no solo una decepción de la comunidad nacional sino un conflicto inevitable.

En suma, las elites políticas, muy preocupadas de defender intereses y sus propias parcelas de poder, no han estado a la altura de las circunstancias.

Aunque el panorama ulterior no se ve nada de claro, no puede descartarse la posibilidad de que la presión social consiga encauzar el proceso hacia la construcción de un documento final que merezca la anuencia de la sociedad chilena y pueda servir de cobijo a una democracia moderna, participativa y renovada, recogiendo con generosidad muchas de las aspiraciones positivas del rechazado texto.

La sola pretensión de transformar una nueva Constitución Política en un dique de contención de las reformas indispensables que se han reclamado, no haría más que esconder los problemas del Chile real.