EDITORIAL. La mala educación.

El día anterior a la asunción de la Presidencia de la República por parte de Patricio Aylwin, el gobierno militar publico el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Educación que establecía la normativa regulatoria sobre la materia. La dictadura, siguiendo los pasos del general Franco, procuraba, así, dejar “todo atado” y “bien atado”.

Bajo los sucesivos gobiernos democráticos, esta legislación experimentó varias modificaciones de tono menor que no han logrado alterarla en lo sustantivo, de tal forma que nos hemos acostumbrado a navegar en esas aguas.

El DFL N°1 contenía una disposición expresa que, junto con autorizar el establecimiento de “universidades privadas”, estableció que estas deberían organizarse como “personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro”. Este precepto se mantuvo vigente a pesar de las sucesivas reformas. El principio al respecto es claro. Las emergentes universidades, al igual que las existentes hasta esa fecha, públicas o particulares, pueden obtener ingresos a través de las diversas actividades que realicen, pero dichos recursos solo pueden ser aplicados a los fines que la ley indica. Así lo dispone el artículo 53 de la ley 21.091 al calificar como “infracciones gravísimas el “destinar los recursos de la institución de educación superior a fines distintos a los que son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos”. Lo que la ley prohíbe es la distribución de excedentes en beneficio de los controladores y miembros de los planteles.

Cumpliendo con el viejo aforismo que dice “hecha la ley, hecha la trampa”, los militantes UDI Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Federico Valdés, Carlos Délano y Ernesto Silva Bafalluy, crearon en Concepción, la Universidad del Desarrollo. Paralelamente, estos mismos personajes crearon la Inmobiliaria Ainavillo, la que era dueña de bienes raíces que luego eran arrendados a la UDD, elegante forma de burlar la ley.

A partir de ese momento, se crearon nuevas entidades y, a los pocos años, se generó un verdadero “mercado universitario”. En el “caso Hermosilla”, uno de los actores (Hazbún)  compra y vende universidades  como la Bolivariana y la de Aconcagua, hecho que comprueba que la educación superior es vista como un negocio.

También en Concepción, se creó un nuevo plantel: la Universidad San Sebastián. Luego del fallecimiento de su controlador, José Luis Zabala su heredera, Pilar, entregó el control del plantel a un grupo económico claramente ligado a la UDI, quedando ella en una menguada posición meramente decorativa. Los nuevos dueños, interesados en establecerse en Santiago, embarcaron a la USS en cuestionables operaciones inmobiliarias, acusadas en su momento de haber obtenido permisos fraudulentos en violación de la normativa reguladora del sector Bellavista. El paso siguiente, fue transformar el plantel en la caja pagadora de quienes habían sido funcionarios en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

En suma, ahora el país se encuentra frente a un nuevo escándalo que confirma el viejo adagio de que “cada día que viene, puede ser peor”.

Las secuelas de esta bomba de racimo, pueden afectar a las postulaciones de la derecha tradicional en las elecciones de octubre. Pero eso, no es lo más importante.

Es, ante todo, condenable que sean las mismas personas que bajo la dictadura redactaron la normativa vigente en el punto indicado, las que se hayan especializado en hacer triquiñuelas ilícitas para burlarla.

Es inaceptable que un personaje público reconocido, haya aceptado recibir ingentes retribuciones por una docencia que no se hizo, argumentando torpemente que se trata de un plantel privado que puede estipular libremente las remuneraciones.

Es condenable que una Universidad, como la USS, no tenga una escala transparente de remuneraciones, definida por rangos académicos, experiencia, producción científica y de investigación, que permita un encasillamiento docente justo y transparente.

Es inaceptable que el plantel tenga aranceles superiores a los de planteles altamente rankeados como la U. de Chile, la Universidad Católica, la U. de Concepción, para generar excedentes que no irán a mejorar las condiciones de la educación que entrega.

Es inaceptable y vergonzoso que ahora se constate que siendo Cubillos Ministra de Educación (2021), la cartera haya entregado, por asignación directa, nada menos que $ 1.351.190.401 a la USS.

Es escandaloso que ahora se descubra que el pro – rector Javier Valenzuela Acevedo maneja una planilla reservada de salarios discrecionales asignados a seudo docentes sin carga académica específica ni deberes concretos.

El caso cuestionado hiere profundamente la fe pública y claramente infringe las normativas legales. La “renuncia voluntaria” de Andrés Chadwick a su cargo de presidente de la Junta Directiva de la Universidad, su inminente imputación en el escándalo Hermosilla, no bastan para limpiar toda la basura develada. Si no hay un aseo profundo, las consecuencias serán catastróficas. Sobre todo para los alumnos que deberán soportar de por vida el escarnio social asociado al nombre de la Universidad que eligieron.