ES UN ESCÁNDALO, DICEN….

René Fuentealba Prado, abogado.

Los días pasan volando. A partir de ahora, y hasta la primera semana de julio, viviremos en función de las elecciones primarias que definirán los postulantes a La Moneda de la coalición Chile Vamos y del Frente Amplio.  Sus nombres se sumarán a  los de Carolina Goic y de Alejandro Guillier y, por supuesto,  a muchos otros que ya aparecen en campaña,  más un candidato sorpresivo e inesperado que es el que finalmente  llegará a la Presidencia según ha pronosticado un brujo brasileño. El país sufragante puede estar tranquilo pues tendrá un amplio abanico  dentro del cual escoger.

Existe un viejo refrán que reza (aunque no se crea, los refranes también rezan): “todo tiempo pasado fue mejor”. Si se conversa sobre materias electorales con las personas bien mayores, que son las que con fidelidad  concurren periódicamente a cumplir con sus deberes ciudadanos, es común encontrar en ellas una actitud quejumbrosa manifestando que en su tiempo las cosas eran más serias, los candidatos eran de otro nivel, las discusiones eran más fundadas y respetuosas. Efectivamente, puede que haya sido así pero, la masificación de los medios de comunicación y su instrumentalización,  han contribuido, sin duda, a degradar los debates generando un clima de desasosiego y malestar.

Lo primero que debemos destacar es el uso de la violencia como instrumento de confrontación política. En el último tiempo hemos tomado conocimiento de las agresiones físicas de que han sido víctimas,  con pocos días de diferencia,  tanto el Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés como  el precandidato opositor  Felipe Kast, por parte de pequeñas patotas  que, al parecer,  disentían de sus correspondientes propuestas e ideas. Estas bandas, mentalmente incapacitadas para comprender la esencia de la democracia, creen que las  convicciones propias constituyen  valores absolutos, no debatibles,  y que tienen derecho a imponerlas recurriendo a la fuerza y al amedrentamiento. Sus acciones constituyen la secuela lógica de una incultura que busca imponer y atemorizar porque sabe de su ineptitud para razonar y convencer. Si a lo dicho sumamos la simple observación del material que se encuentra  en la televisión (en que bufones y doctores se sienten dotados de patente de corso para ofender y denigrar) y en las redes sociales (en que el anonimato, expresión suprema de la cobardía moral,  permite injuriar y esconderse), se llega al ambiente perfecto para corroer el sistema  democrático.

Por su lado, los partidos políticos tradicionales realizan su propia contribución. Habiéndose descubierto  y constatado una serie de hechos  ilícitos e ilegales cometidos por personajes y colectividades de diversos sectores, se pretende explicar y justificar tales conductas, moral y políticamente inaceptables, con argumentos que claramente constituyen la expresión suprema del cinismo y la desfachatez.  Frases tales como “yo tengo mi conciencia tranquila” o  “todo el mundo lo ha hecho”, así lo demuestran,  para culminar en una confrontación que busca demostrar que “tu escándalo es mayor que el mío”.

En verdad, Chile no se merece que la selección de sus nuevas autoridades sea hecha en el marco de estos parámetros. Cualesquiera que sean las críticas que pueda merecer el proceso, es evidente que en el último cuarto de siglo el país ha experimentado una evolución que se expresa en un crecimiento positivo, en una fuerte disminución de la pobreza y en avances notorios en diversas áreas de la realidad y de la actividad nacional.

Somos, sin vuelta, una sociedad que ha evolucionado y cuyo propio progreso ha servido para develar los problemas que permanecían hasta ahora subsumidos,  desatando una verdadera revolución de las expectativas y de las esperanzas. La pregunta del millón busca precisar si nuestras elites dirigentes estarán a la altura de estos requerimientos.

Aunque las palabras suenen como frases más o menos bonitas, es indispensable que las nuevas generaciones llamadas a asumir responsabilidades estén dispuestas a hacerlo  dentro de un marco ético que excluya las apetencias individuales y partidistas y que tenga al bien común como razón de ser con un decidido compromiso en favor de los sectores más vulnerables. La ciudadanía,  de la que son simples mandatarios, tiene el derecho irrestricto a fiscalizarlas y a exigirles  sobriedad de vida y conductas acordes con las funciones asumidas. Ello hará que se les respete no en razón del cargo que ostentan sino de la conducta práctica que exhiben.

Sobre un liderazgo moral de esa naturaleza será posible construir un proyecto-país que, abordando por supuesto  las tareas urgentes, impostergables e ineludibles, tenga la capacidad de  avanzar  hacia un tipo de sociedad  más justa e integrada pero que pueda insertarse adecuadamente en el  mundo del siglo XXI.