Editorial: La tela de la araña

En el punto más álgido del estallido social, apareció el famoso “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. El documento, suscrito por representantes de una amplia gama de sectores políticos (con la ausencia de los mismos de siempre) abría un camino de salida a una situación que se había tornado casi inmanejable.

De inmediato, la crítica más notable planteó que dicho  pacto había sido elaborado por las mismas elites que en gran medida eran consideradas como responsables inmediatos o remotos de lo que estaba pasando y con la notoria ausencia del mundo social, es decir del Chile real. Si bien el juicio era valedero, pudiera haberse pensado, en ese instante, que sobre la base de lo escrito podría avanzarse hacia resoluciones que abrieran espacios efectivos de participación.

El Gobierno, superado en todos los frentes por la fuerza de los hechos y bastante aterrado por lo que se veía venir, optó por bajar algunos decibeles a su política de guerra y represión y anunció una “potente agenda social” que, en las palabras, acogía muchas de las demandas más sentidas de la población.

A poco andar, se develó la dura realidad.

Por un lado, se hizo pública la falta de control del Ejecutivo sobre las fuerzas policiales uniformadas, las que mostraron que en materia de mantención del orden público carecen notoriamente de la formación más elemental para moverse en el ámbito de una sociedad democrática. Sus procedimientos terminaron por hundir al Ministro del Interior y Seguridad Pública ya que éste en ningún momento fue capaz de hacer valer su autoridad y exigir responsabilidades a los mandos institucionales. Es claro que resulta inaceptable pretender normalizar una realidad compleja tolerando el atropello a los derechos humanos. Amnesty International, Human Rights Watch y la propia ONU coincidieron en pasarle la cuenta a un Gobierno que persiste en un negacionismo abstruso. Por esa vía, es difícil que se logre la paz social.

El otro tema que no puede evadirse es el relativo al masivo cuestionamiento al modelo económico-social imperante que aparece en gran medida como “la fuente de todos los males”. No se trata de un problema teórico, conceptual o ideológico, sino de enjuiciar las bases sobre las cuales se sustenta un marco de poder que ha permitido y sigue permitiendo el abuso impune y la mantención de privilegios ilegítimos.

Es importante poner énfasis en este último punto.

Es notorio que las colectividades oficialistas (salvo excepciones más bien de carácter personal), pese a haber firmado el acuerdo, han ido trabajando paulatinamente para entorpecer el proceso constituyente y evitar que  refleje la multifacética realidad nacional, con plena conciencia de que tal reconocimiento político no les favorecerá.

Más aún: La amplia agenda anunciada con tantos aspavientos, está construida sobre la base de la utilización de recursos provenientes de los bonos soberanos (recursos ahorrados por el país) y de endeudamiento fiscal pero en lo sustantivo no toca sino remotamente a los grandes dueños del capital.

Resulta sorprendente constatar que el cerebro del modelo y asesor del “segundo piso”, Cristián Larroulet, se haya negado sistemáticamente a expresarse en el país sobre la coyuntura pero sí lo haya hecho en Miami para un seminario de la Fundación Internacional para la Libertad, en un análisis simplote que atribuye el origen de los sucesos al deterioro de las instituciones, al malestar por ciertos abusos y, cómo no, a sectores radicalizados promotores de las ideas chavistas. Paralelamente plantea sus soluciones: orden público, aumento de pensiones, reducción del precio de los medicamentos y recuperación de la inversión. Por su parte, la ideóloga del sector, Lucía Santa Cruz, mostrándose abierta a una nueva Constitución, aclaró que esta debe ser mínima y debe asegurar “los derechos individuales” (sic, no habla de derechos humanos) “sobre todo el derecho de propiedad”.

A un mes del pacto, los señores del poder tejen minuciosamente su tela para impedir que haya alteraciones sustantivas que cierren definitivamente la puerta a los privilegios e intereses sectoriales, que permitan la integración de una sociedad fracturada, que hagan recuperar al Estado su rol directriz en la economía, que erradiquen la ideología del individualismo y abran paso a una sociedad solidaria.

¿Quién terminará por imponerse?