EDITORIAL. Puertas que se cierran, puertas que se abren.

Los cuatro largos años de cuestionamiento constitucional y de esfuerzos por dotar a nuestro país de una nueva Carta Fundamental, han culminado en un sonoro fracaso.

Luego de que una mayoría abrumadora de la nación hiciera pública su voluntad de construir un nuevo documento que regulara la institucionalidad del Estado y reconociera y amparara los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las personas, una mayoría de la Convención  Constitucional -primero  – y posteriormente del Consejo Constituyente, se creyó  con el derecho partisano de refundar el país a su entero amaño, sin tener una visión de futuro de largo plazo que encauzara la convivencia y el desarrollo progresivo, superando los nudos de inequidad que eran una constante notoria y que constituían un obstáculo de marca mayor intolerable.

Aunque las elites políticas y concretamente las comunas del privilegio que albergaban a los detentadores del poder económico, social y comunicacional, se negaban a ver la realidad, todos los indicadores técnicos objetivos, nacionales e internacionales, coincidían en que Chile era un país que crecía pero no distribuía su mayor riqueza adecuadamente. Las cifras de áreas primordiales como salud, educación, vivienda, seguridad social, eran alarmantes y generaban tensiones sociales graves e indignantes.

La aventura constitucional de la Convención creyó, torpemente, que bastaba con escribir unos cuantos eslóganes para crear “un nuevo Chile”, que el irrespeto con el pasado constituía la esencia de “la revolución”, que promover desencuentros y enfrentamientos, nos harían avanzar hacia un futuro mejor. La calificación y respuesta ciudadana de rechazo fue tan categórica que sus ideólogos permanecen hasta hoy silentes y escondidos.

Una nueva etapa fue posteriormente concebida, procurando establecer los resguardos indispensables para preservar aspectos básicos de una democracia política en forma. Una docena de bordes o límites acotaba el campo de acción del nuevo Consejo Constituyente y la convocatoria previa a una “Comisión Experta” garantizaba la seriedad en el cumplimiento de la labor encomendada. Sin embargo, una mayoría lograda no sobre criterios de apreciación del borrador preparado por los “expertos” sino sobre un impertinente enjuiciamiento del gobierno vigente, creyó ver la oportunidad para constitucionalizar su eventual programa de gobierno y para relativizar derechos ya conquistados y establecidos. Pese al esfuerzo político, financiero y comunicacional, el rechazo se impuso claramente.

En muchas conversaciones de pasillo, las personas, ante lo sucedido, se ha preguntado: “Y, entonces, ¿qué es lo que quiere la gente?”

La respuesta que se vislumbra es más clara de lo imaginable: La ciudadanía ha rechazado, sin duda alguna, las posiciones extremistas, y, pese a sus angustias y congojas contingentes, aspira a reformas paulatinas y equilibradas, que deriven en avances hacia la justicia y la equidad sustentables en el tiempo.

En concreto, se les han cerrado las puertas a los mesías engañosos de cualquier color, de izquierda o de derecha, y se les han abierto a proyectos innovadores más sensatos.

En el lenguaje político, bien pudiera preverse un camino de reformas progresivas que ponga a la solidaridad y a la convivencia comunitaria, como ejes de la reconstrucción de la vida nacional.

Lo dicho requiere el esfuerzo de todos. Que el tramado social, expresado a través de sindicatos y organizaciones gremiales, de juntas de vecinos, de comunidades religiosas, de centros de padres y apoderados, cooperativas, etc. , se rearme y se reconstituya, para que logremos entender que nuestro destino personal y familiar está indisolublemente ligado al de los demás.

¿Serán nuestros anticuados y obsoletos partidos políticos capaces de interpretar esta exigencia?