EDITORIAL …que es un escándalo, dicen…

Hay hechos que marcan la pauta nacional y que no pueden pasar desapercibidos.

El escándalo de las tarifas eléctricas, como consecuencia de un estúpido error de algún funcionario o funcionaria que, a pesar de llevar años en el alto cargo  que desempeñaba, no se percató de que al determinar las tarifas estaba aplicando IPC sobre IPC, sin duda que constituye una falta administrativa grave censurable y punible y que derivó en un  festín para una oposición al Gobierno que busca toda ocasión propicia para atacarlo, actitud exacerbada por una prensa adicta que busca, así y además, encubrir la verdadera guerra entre las tres bandas que buscan la hegemonía dentro de la Derecha. Es evidente que frente al caso hubo una negligencia suprema por parte del Ministro y de los más altos niveles por no haber tomado de inmediato las medidas del caso una vez conocidos  los hechos y haber guardado un  silencio inexcusable al respecto –lo que le costó el cargo asumiendo las correspondientes responsabilidades políticas– pero hay dos aspectos hasta ahora no indagados suficientemente: en qué momento –fecha– se cometió el error y qué nivel de responsabilidad tienen las empresas privadas del sector que, contando con equipos técnicos de excelencia como  para detectar lo sucedido, guardaron un silencio imperdonable.

Paralelamente, se destapó el escándalo SIMCE cuando se dio a conocer que alrededor de un 2% de los contratados para supervisar la toma de este examen general de evaluación de contenidos del nivel Octavo Básico, llegó atrasado o simplemente no llegó. Una oposición exacerbada, contando con la colaboración de la prensa que le es adicta, cargó con todo en contra del Ministro de Educación. Muy deslavadamente, como para que nadie se percatara, se informó que todo el aparataje logístico había estado a cargo de la empresa privada INFER la que, en consecuencia, era la responsable del desaguisado. Como era de esperar, hasta ahora ninguno de los grandes medios de comunicación, expresiones del periodismo serio, ha perdido el tiempo en investigar y dar a conocer quiénes son las personas que se ocultan tras ese nombre de fantasía con el que se adjudicaron la licitación correspondiente.

Suma y sigue en esta historia. Un medio electrónico ha dado a conocer el caso del Conservador de Bienes Raíces de Chillán Yamil Najle Alée, quien, tras su designación en el cargo, pagó $25.000.000.- en cinco cuotas a Gonzalo Migueles, cónyuge de la destituida ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco. Najle había estado anteriormente ligado a Renovación Nacional durante su residencia en Linares.

Pero la lista no concluye aquí. La Corte Suprema, que por quince votos contra uno removió a la ministra de la Corte de Apelaciones Verónica Sabaj, dando a entender que sería implacable en la defensa de principios básicos de una justicia respetable, a los pocos días, con el voto de los mismos integrantes, perdonó al ministro Antonio Ulloa, acusado de faltas mucho más graves y reiteradas que las de Sabaj. Las secuelas del caso Hermosilla, han revelado los oscuros entretelones existentes en la designación de fiscales del Ministerio Público y que claramente comprometen su independencia y objetividad en la persecución penal.

Finalmente, por ahora, la sorprendente absolución de Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse y otros en causa por financiamiento ilegal de la política que involucraba a la minera no metálica SOQUIMICH, por dos votos contra uno en el tribunal de primera instancia, resulta incomprensible, toda vez que el propio Contesse había reconocido su culpabilidad al tiempo que innumerables documentos así lo acreditaban, e inaceptable para el común de los ciudadanos. Fundándose en lo prolongado de la investigación –los plazos fueron siempre autorizados por el juez de garantía– el voto de mayoría desconoció antecedentes fácticos irreprochables. En consecuencia, basta con que abogados “hábiles” dilaten deliberadamente los procesos, para que al fin de cuentas los imputados sean absueltos.

Todo lo antes dicho es grave. Nos lleva a desconfiar de nuestras instituciones. La corrupción ha inundado el quehacer público y, si no estamos alertas para encararla en todos los planos en que se presente, los resultados serán nefastos. Ante el peligro, no tenemos derecho a permanecer indiferentes.