EDITORIAL. Qué nos espera.

La situación por la que atraviesa nuestro país pareciera ser extremadamente crítica.

Aunque demasiado tarde, hoy se da un amplio consenso en cuanto a que los llamados “treinta años” han constituido el período más próspero de nuestra historia no solo en cuando  los índices económicos sino también, y esto es lo más relevante, en materia de políticas sociales.

Sin embargo, paradojalmente no pueden dejar de llamar la atención los significativos déficits que se registran en diversos campos la vida nacional y que son trascendentales dado     que afectan a importantes sectores de la población.

En una breve y majadera síntesis, la atención debiera centrarse en ítem tales como la vivienda, la educación, la salud, el régimen de pensiones, el proceso migratorio y la seguridad pública. Se trata de cuestiones que no pueden ser solucionadas ni en este gobierno ni en el siguiente sino de desafíos de largo plazo. Tampoco resulta lógico priorizar temas poniendo a unos sobre otros, ya que están todos entrelazados y ninguna gestión gubernativa seria y responsable puede hacer abstracción de una materia para preferir otra.

Si bien Chile está considerado en su conjunto como un país de ingresos medios, a las puertas del desarrollo, es claro – y en ello coinciden casi todos los expertos – que mantiene pertinazmente elevados niveles de desigualdad que generan graves secuelas para la convivencia indispensable entre las personas.

En general, hemos mostrado y seguimos mostrando una actitud desaprensiva frente a hechos que son evidentes pero que no se quiere reconocer. La demagogia y el populismo tienden a predominar, entregando un mensaje que nos hace recordar la célebre afirmación de que es posible engañar a unos pocos durante mucho tiempo pero no es posible engañar a todos durante un largo período.

En las últimas votaciones, pese a que tenían por objeto elegir consejeros constituyentes, el sector triunfante puso sus énfasis en los problemas de delincuencia, migraciones y seguridad, sabiendo que su exacerbación aumentaba los miedos y temores de las personas, acrecentando sus angustias e incertidumbres, y llevándolas a optar por caminos de fuerza y de represión que, como lo demuestran la experiencia histórica y abundantes estudios académicos, no constituyen solución alguna de fondo a desafíos concretos.

Pero, tras el populismo antes aludido se esconden los verdaderos intereses de estos grupos como lo demuestran sus indicaciones concretas en el proceso constitucional. Un ejemplo claro puede encontrarse en su propuesta – que por lo demás debiera ser materia de ley – para eliminar las contribuciones de bienes de raíces (“impuesto territorial”), tributo del cual están exentas el 25% de las propiedades (de avalúo fiscal inferior a $40.000.000) pero que deben pagar casi el 100% de los inmuebles de las comunas del privilegio. Este impuesto, vía el Fondo Común Municipal, es el que hace posible el financiamiento de los municipios más modestos que constituyen la inmensa mayoría del territorio.

 Las consideraciones anteriores deberían llevarnos a enfrentar adecuadamente la realidad en que estamos viviendo, entendiendo que sin un gran esfuerzo colectivo se hará casi imposible abordar armónicamente los desafíos mencionados.

La comunidad nacional está hastiada de la mediocridad de políticos que viven para la frase o cuña televisiva del momento pero que se están mostrando cada día más incapaces de proponer soluciones.

El clima afiebrado y belicoso en que vivimos, necesita ser dejado de lado asumiendo actitudes positivas que permitan unirnos en torno a tareas de interés colectivo.