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El libre albedrío o la voluntad (Parte II)

Jonathan Marcial Mendoza

Licenciado en Derecho con Especialidad en Formación Docente

En el artículo anterior se precisó que en la perspectiva ética, la persona cuenta con libre albedrío o la voluntad para optar o decidir respecto al ideal o ideales que la identifican. Ahora es el turno de la perspectiva jurídica.

Para analizar el tema de la voluntad, en el ámbito del Derecho, parece apropiado partir de la teoría del contrato social, por ser ésta la que plantea de forma ficticia el origen del sometimiento de la voluntad individual al Estado y al orden jurídico que de él emana. En este orden de ideas, es de destacar que Ledesma sostiene que Rousseau “plantea la idea de contrato social como un pacto… [y]_puede ser anulado, siempre, por la soberanía popular. El Estado que nace con ese pacto, el cual debe basarse en las leyes que sean producto de la voluntad […] general” (Introducción al Derecho, 1996, página 369).

De las ideas de Rousseau, interesa destacar también que para él las leyes deben estar basadas en la voluntad de los ciudadanos y deben ser justas, pues la unión en la ley será producto de la voluntad general que se preocupa por el interés común. En otros términos: la libertad y voluntad de las personas están sujetas a las leyes a las que previamente han acordado sujetarse. En suma, el equilibrio entre Estado y sociedad descansa en el acuerdo de las leyes que deben regir para el beneficio de todos, ya que éstas son la expresión de la voluntad general.

Lo anterior es atinente al tema que se desarrolla en la medida en que pretende ser una explicación del cómo la voluntad de la persona, desde el ámbito político y jurídico, se ve limitada por la idea del interés común. Y ello permite una mejor comprensión de la idea de la voluntad en el ámbito jurídico, cuestión que será abordada a continuación.

En el ámbito del derecho civil, es en la teoría general de las obligaciones civiles donde el tema de la voluntad o autonomía adquiere mayor relevancia. En este ámbito, según comenta Bejarano Sánchez (Obligaciones civiles, 1999), la autonomía es el reconocimiento de un poder para crear obligaciones, las cuales deben quedar restringidas por el respeto de los intereses de la sociedad.  Por su parte, Rafael de Pina Vara considera que la voluntad, libre y consciente, es el elemento medular para la realización de todo acto jurídico, así, indica: “Los requisitos esenciales para la validez de un acto jurídico y, consiguientemente, para que pueda producir efectos, es la existencia de la voluntad de realizarlo…La manifestación de voluntad…sea manifestada expresamente…se exterioriza por medir palabras claras y terminantes” (Elementos de Derecho Civil Mexicano. Introducción, Personas y Familia, 1980, página 270).

Por otra parte, Pericles Namorado Urrutia (Manual de las Obligaciones civiles, 1995)sostiene que la autonomía de la voluntad se rige por el principio de que es permitido todo aquello que no está prohibido y que las partes de cualquier acuerdo son libres de generar obligaciones específicas, el contenido y el objeto del acto jurídico, pero sin atentar contra el orden público. Las partes pueden estipular, por regla general, lo que quieren, siempre y cuando no afecten la moral o el interés público o que la renuncia a sus derechos privados no lesione a los de un tercero.

Aníbal Guzmán Avalos nos da un comentario en relación al tema en comento: “El acto jurídico es una manifestación de voluntad que se hace [una] intención de producir consecuencias de derecho, los cuales son reconocidos por el ordenamiento jurídico. Es voluntario: cuando intervienen la voluntad sin la intención de producir consecuencias de derecho” (Curso sinóptico de Derecho Civil I: Derecho de las personas y derecho de familia, 2009, página 24).

En este mismo orden de ideas, Rojina Villegas afirma que la voluntad es expresada a través del consentimiento, el cual no es más que “el acuerdo o concurso de voluntades que tiene por objeto la creación o transmisión de derechos y obligaciones…Todo consentimiento, por tanto implica la manifestación de dos o más voluntades, y de acuerdo sobre un punto de interés jurídico” (Compendio de Derecho Civil III. Teoría General de las Obligaciones, 1997, página 52).

Por último, Borja Soriano (Teoría General de las Obligaciones. Tomo I, 1971)  sostiene que el elemento base de todo acto jurídico es la voluntad de su actor, pues de ella derivan los efectos jurídicos, y que el consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades sobre la producción o transmisión de obligaciones y derechos, siendo necesario que estas voluntades tengas siempre manifestación exterior.

En suma, la voluntad en el ámbito jurídico constituye la base de todo acto jurídico, se expresa a través del consentimiento y se encuentra sometida a las normas de carácter público. Pero no todo queda en el aspecto doctrinario de expertos en el Derecho, la legislación debe regular la temática que se expondrá en la próxima entrega.  

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