«Nuestro país requiere sumar voluntades tras el logro de cambios significativos en la sociedad. Todos los estamentos públicos y sociales, deben cambiar: egoísmo por solidaridad,  crecimiento por desarrollo, Compromiso por la displicencia y la apatía,…  Sumando a ello una visión integral de ciudadanía , la sabiduría por la ignorancia,  unidad por sobre dispersión«

Actualmente nos leen en: Francia, Italia, España, Canadá, E.E.U.U., Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Chile.

En Chile podemos más.

Tras un muy breve “semestre sabático” en algún país del “primer mundo”, me siento muy feliz de retornar a mi Chile que es mi patria y cuyos numerosos problemas constituyen también un tremendo desafío. Por supuesto, me siento en la necesidad de agradecer a La Ventana Ciudadana por recibirme y darme la oportunidad de entregar algunos comentarios sobre la actividad económica nacional.

En estos tiempos constituyentes y eleccionarios en los cuales los modelos están siendo permanentemente cuestionados, uno de los aspectos de interés es el relativo a la libre competencia.

S. E. el Presidente de la República hace ya algunos meses definió su posición al respecto de forma que no se presta para debate: “La libre competencia nos garantiza tanto la calidad de los productos como los precios bajos”. Ningún periodista ni medio de comunicación puso en discusión tan dogmática afirmación ni siquiera para cumplir un deber moral ineludible de un periodismo crítico que es el de confrontar los dichos con la realidad.

La ampolleta de alerta se me encendió al constatar, hace una semana, que una fruta de temporada – la cereza – que se vendía en la vía pública por un comerciante autorizado con permiso municipal al precio de $1,000.- el kilo, se expendía simultáneamente en supermercados de una gran cadena – Unimarc – nada menos que a $4.990 (cinco mil para ser más simples) lo que un cliente molesto sencillamente calificó como un robo. Puede tratarse de una situación puntual pero que no deja de llamar la atención.

En los días en que regresé al país, me encontré con la acusación formulada por la Fiscalía Nacional Económica en contra de las tres empresas que controlan la distribución domiciliaria de los cilindros de gas licuado. Abastible, Lipigas y Gasco, según la denunciante, se habrían coludido tanto en la fijación de precios como en el reparto territorial del servicio. A las tres, por supuesto, las favorece el “principio de inocencia” pero según han destacado numerosos alcaldes el producto, con un margen razonable de ganancia, podría ser expedido a los clientes casi a un 50% de su actual precio público. Además, se detectó que en varias localidades medianas las empresas del “triopolio” estarían almacenando en sus bodegas centenares de cilindros vacíos de propiedad de pequeños distribuidores locales con el propósito simple de sacarlos del mercado.  La ley es implacable y, por tanto, es probable que muchos de los ejecutivos del área terminen condenados a asistir a clases de ética.

Japón es una de las economías más desarrolladas del planeta. Opera bajo las reglas del libre mercado y tiene un banco central – el Banco de Japón – el que además de ocuparse de los grandes equilibrios macro financieros, también tiene incidencia en las políticas monetarias y el control de la inflación. 

Para 2021, el Banco de Japón determinó una inflación de 0, 0% y para el 2022, de 0,9%.  En una economía bastante contraída, las presiones políticas y sociales para impedir alzas de precios son fuertes alcanzando resultados exitosos.

Pues bien, la empresa privada japonesa dedicada a rubros de productos de consumo habitual, encontró la trampita. Para no elevar los precios y sufrir el rechazo y boicot de los consumidores, optó, según informan las agencias internacionales de noticias, por reducir el tamaño de los envases o por insertar en ellos una significativa cantidad menor del producto a consumir, en lo que los organizaciones de consumidores y la prensa independiente del país han calificado como “un aumento camuflado de precios”.

Pero esta “avivada” de los productores nipones no es original. Chile, país modelo de América Latina, la tiene en aplicación hace ya bastante tiempo. Cualquier consumidor que se preocupe como debe ser, se habrá dado cuenta de diversas situaciones sorprendentes. Ahora, el litro de aceite no es de 1.000 cc sino solo de 900 cc.  La avena, cuyo envase, obvio, era de 1 kilo de 1.000 gramos, conserva el tamaño del envase pero su contenido ahora es de 900 gramos. Los papeles tissue, cuyo mercado sigue controlado por “la papelera” (CMPC), se comercializan actualmente bajo la siútica marca de “Softys” (que es la misma CMPC, por si alguien no se ha dado cuenta), habiendo procedido a disminuir el espesor de sus servilletas y las dimensiones de sus rollos de papel higiénico ( de 30 a 22 metros), lo que le permite a las empresas de la familia Larraín – Matte resarcirse adecuadamente de las indemnizaciones pagadas por la escandalosa colusión del papel confort.

Fluyen naturalmente algunas preguntas:

¿Por qué el Servicio Nacional del Consumidor y las organizaciones de consumidores) no han hecho público este abuso?

El Instituto Nacional de Estadísticas cuando registra los precios de la canasta, ¿tiene en cuenta estos datos?  Al parecer, NO. Por ejemplo, en publicaciones de prensa cuyo origen es el INE, se señalan los aceites de mesa como uno de los productos con mayores alzas en el año (8,9%) pero la mera reducción del contenido implica un alza de 11%.

Por lo demás, la puesta a disposición del público de productos en múltiples dimensiones de contenidos hacen prácticamente imposible que el público pueda comparar precios.      

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