«La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias es hacer nacer la paz en el presente». Rigoberta Menchú, activista por los derechos indígenas.

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La acción procesal

Jonathan Marcial Mendoza

Licenciado en Derecho con Especialidad en Formación Docente Desde México


José Ovalle Favela (2005), en su libro Teoría General del Proceso, inicia diciendo que acción tiene su origen en el latín actio, cuyo sinónimo era actus y hacía alusión como el derecho de defenderse y reclamar una situación jurídica; lo que se trataba de evitar en no ejercer justicia por propia mano (Libia Reyes, Introducción al Estudio del Derecho, 2012). 

En consideración de lo aludido, es el derecho romano, a partir del Corpus Iuris Civile (Cuerpo del Derecho Civil, en español), específicamente en el Digesto, donde se encuentra conceptualizada, por el jurista Celso, la acción; tal como se cita textualmente: “no es otra cosa más que el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le deben” (Digesto libro 44, título VII, fragmento 51). 

No acaba ahí, al seguir averiguando más en la compilación justiniana, ahora en las Institutas, se encuentra de forma análoga lo siguiente: “Resta que hablemos de las acciones. Más la acción no es otra cosa, que el derecho de perseguir en juicio o que a uno se le debe” (Institutas libro 4, párrafo 6). 

¿Qué quisieron decir tanto el jurisconsulto mencionado del Digesto junto con las Institutas? Los ciudadanos romanos comprendían muy bien el tema de la actio como el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. Vale agregar, como corolario, quien ejerce la actio es el actor (demandante) contra quien se dirige es el reus (reo o demandado) que forma un litigio (Sabino Ventura Silva, Derecho Romano. Curso de Derecho Privado, 2006).

En la actualidad, algunos doctrinarios procesales han retomado fielmente las nociones romanas para conceptualizar, teóricamente, a la acción añadiendo elementos de índole judicial. Regresando con Ovalle, la entiende como “el derecho subjetivo procesal que se confiere a las personas para promover un proceso ante el órgano jurisdiccional, obtener una sentencia de éste sobre una pretensión litigiosa y lograr, en su caso, la ejecución coactiva de la sentencia” (2005, páginas 163 y 164). Por su parte, Lucila García Romero la concibe como “facultad que tiene la persona para acudir ante el órgano jurisdiccional a que sea reconocido un derecho por parte de otro” (Teoría General del Proceso, 2012, página 68). Finalmente, Cipriano Gómez Lara (Teoría General del Proceso, 2004) la define como el derecho o actividad mediante el cual un sujeto de derecho provoca la función jurisdiccional del Estado.

Nuestra Constitución Política Federal nos da indicios tácitos de la acción en los primeros párrafos del artículo 17:

“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales…”

De lo transcrito es muy evidente que nuestra Ley Suprema recoja puntos importantes a la acción, misma se conexa con el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo que a la letra dice: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

Entonces, ¿qué es la acción? En palabras simples, consultado el Diccionario de la Real Academia Española (2001), se trata de un derecho subjetivo público de acudir ante un juez o tribunal recabando de él la tutela de un derecho o de un interés.

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