La insoportable levedad de nuestro Presidente

Durante los meses de junio y julio de 2020, cuando la pandemia alcanzaba en el país sus más elevadas cifras tanto de contagiados como de defunciones y la permanencia en el cargo del Ministro de Salud se hacía insostenible, el Presidente hacía ingentes esfuerzos comunicacionales para demostrarle al país que lo peor ya había pasado y que, por lo tanto, pronto retornaríamos a la “normalidad”. Sucesivos hechos (desde la foto en el monumento al general Baquedano hasta el paseo en short hasta la vinoteca de Vitacura) buscaban dar credibilidad a las afirmaciones oficialistas y generar confianza en la población.

Como de costumbre, el transcurso del tiempo se encargó de diluir las falaces aseveraciones palaciegas. La destitución de Mañalich, que se fue con su mochila de soberbia y de aseveraciones estadísticas cuestionadas en el día a día, significó un cambio de frente con el ingreso de Enrique París al Gabinete quien se perfiló de inmediato con una vocería sanitaria prudente y creíble. Indudablemente el nuevo secretario sectorial puede haber incurrido en errores como los habría cometido cualquiera otra persona, pero nadie de buena fe puede discutir su compromiso real y no meramente mediático con la tarea correspondiente. Su gran mérito: el haber integrado a este esfuerzo a todo el sistema primario de salud logrando así llegar con la atención a todos los sectores sociales y territoriales y demostrando en los hechos que solo un buen sistema público puede ayudarnos en emergencias tan graves como ésta.

París es, hoy por hoy, el ministro mejor evaluado del Gobierno pero sus 20 puntos adicionales no se traspasan ni siquiera parcialmente al Mandatario.

¿Por qué razones?

La primera, y que la gente percibe claramente, es que Sebastián Piñera persiste en su “discurso de exitismo” (“ya estamos comenzando a ver la luz al final del túnel) a pesar de que los hechos lo desmientan de inmediato. La crisis se ha agravado y es posible, así lo indican todos los especialistas, que en los próximos dos meses se alcancen los pics más elevados de infectados e incluso de defunciones. Esto, a pesar de la exitosa primera etapa de vacunaciones. El informe del centro CLAPES de la U. Católica ha dado a conocer que entre el 22 de febrero y el 7 de marzo, el ritmo de los contagios creció nada menos que en un 34,5%.

A fuer de ser majaderos, el asunto se traduce en que en el seno del Ejecutivo (desde Larroulet y su segundo piso) ha prevalecido el dogmático criterio que ha impuesto el propósito de poner en funcionamiento la actividad económica por sobre las consideraciones sanitarias. La sola constatación del millón y medio de permisos de vacaciones otorgados en la Región Metropolitana, basta y sobra para tener un juicio claro. Ya en enero, mientras los números se elevaban en diversas regiones, la voz de Palacio hablada de “estabilidad en las cifras” para transmitir la idea de que ya todo estaba bajo control. Estas y otras decisiones se han traducido en un relajamiento de la disciplina social, en centros comerciales y calles atosigadas de gente, en una cuestionada política de retorno a las clases presenciales sin siquiera detenerse a pensar en que la realidad espacial de las comunas de Santiago Oriente no admite punto de comparación con los establecimientos públicos y subvencionados que acogen entre 35 y 40 alumnos por sala. Que en una semana, 50 planteles que habían optado por el retorno a clases presenciales hayan debido retroceder por detectarse contagios, lo dice todo.

Hay otro tema que no se puede escabullir. Diversos analistas políticos, de todas las tendencias, han coincidido unánimemente en precisar que el Mandatario sufre un problema patológico de sobreexposición. Si durante su feriado abandonó su cuarta vivienda para ir a Futrono a vacunarse convocando al efecto a todos los medios, no se puede esperar un cambio de actitud una vez de regreso a sus oficinas. Si su pretensión ha sido mostrarse como un eficaz ejecutivo que todo lo controla y todo lo soluciona, el resultado ha terminado siendo un fracaso.

En la retina ciudadana hay dos temas preocupantes: el “conflicto mapuche” y el significativo aumento de la delincuencia, terrenos ambos en que el Gobierno sigue marcando el paso.

El “conflicto mapuche”, de naturaleza política, cultural, social, territorial, continúa en una fase de inmovilismo total. Ha quedado claro que grupos vinculados al narcotráfico y a la delincuencia común (robo de madera) se aprovechan de la situación para cometer sus atentados. Pero de ahí a pretender afrontar crecientemente el problema con medidas represivas, sean policiales, militares o de autotutela, hay un mundo de distancia. Al entrar al último año de gobierno, y luego del fallido plan del ministro Alfredo Moreno, lo claro es que no hay ni siquiera un esbozo de definición de lo que se piensa hacer.

Por otro lado, la delincuencia urbana ha ido in crescendo con numerosas víctimas fatales. La tarea de prevención del delito, que por principio corresponde a la policía uniformada, está sobrepasada precisamente porque gran parte de sus funcionarios están destinados o a la zona de conflicto en el Bío Bío y La Araucanía, o al control del orden público en un punto archiconocido de Santiago. La respuesta de la autoridad termina siendo la misma de siempre: hay que modificar las leyes y elevar las penas. Mientras tanto, los sectores más extremistas de Derecha piden el restablecimiento de la pena muerte, esta vez acompañados por la inefable Pamela Jiles que, al parecer, en materia de populismo no tiene límites.

Lo claro, es que cuando se trabaja mirando las encuestas no se tiene capacidad ni para legislar seriamente y menos para gobernar.