La red 5G: chilenas y chilenos de primera y segunda categoría

Para nadie es un secreto que el acceso a internet y telefonía en Chile es profundamente desigual. Tan conmovedoras como vergonzosas fueron las escenas de jóvenes haciendo tareas y estudiando sobre los techos de sus casas, para tratar de tener una mejor señal.

De ahí que el gobierno anterior, a inicios de 2021, concesionara un ambicioso plan para implementar una red 5G en todo el país. La instalación de unas 9 mil antenas, en un plazo de tres años, promete una cobertura del 90%.

La licitación 5G, sin embargo, generó una nueva forma de discriminación, más grave que la anterior. Ya no se trata del acceso a la conectividad, sino de la salud de las personas.

Bajo el lema de “democratizar las telecomunicaciones”, las empresas de telefonía se lanzaron a la instalación de antenas en todo Chile, para cumplir con los plazos establecidos por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. A pesar de su activa campaña, algunas de ellas, como WOM, no han podido lograrlos y los organismos públicos se aprestan a cobrar las multas correspondientes.

El problema principal, sin embargo, es que dichas empresas, en no pocas ocasiones, están poniendo deliberadamente en riesgo la salud de chilenas y chilenos, en especial de niños y niñas, personal educativo y de salud, enfermos y enfermas, y personas de la tercera edad.

La legislación vigente (Ley 20.599) establece que las antenas deben situarse a una distancia de cuatro veces su altura respecto de áreas sensibles de protección: “establecimientos educacionales públicos o privados, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios, predios urbanos donde existan torres de alta tensión, hogares de ancianos” u otros de similar naturaleza.

Es decir, si una torre mide diez metros, la distancia al deslinde del área sensible debe ser, como mínimo, de cuarenta metros.

Sin embargo, de acuerdo a la interpretación que los tribunales de justicia le han dado, esta norma no se aplicaría en las localidades rurales, aun cuando ellas dispongan de dichas áreas sensibles.

Como consecuencia, varias empresas han actuado abusivamente, amparadas, además, en la desactualización de muchos planes reguladores y en la desidia de los Municipios, y han situado antenas a los pies de colegios, postas y otras instalaciones sensibles.

A pesar que las comunidades han hecho ver este tema por distintas vías, las empresas han sido indolentes y han optado por defender en los tribunales su derecho a instalar antenas donde les plazca, mientras el sector se encuentre definido como rural en el plan regulador respectivo. Tampoco han respetado otras consideraciones de la Ley, como las Zonas de Interés Turístico. Por ejemplo, como sucedió en Peuño, en la comuna de Pelluhue, región del Maule, con la empresa WOM.

Las zonas sensibles de protección están cauteladas en diversas legislaciones del mundo. Por mencionar algunos países: Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), Argentina, España, Suiza e Italia. En ellas se establecen como tales las áreas de conservación, edificios y monumentos antiguos, hospitales y geriátricos, centros de salud, colegios, escuelas, jardines infantiles, guarderías, centros deportivos, centros sociales, orfanatos, residencias de ancianos, plazas de juegos, áreas de picnic, parques nacionales, reservas naturales y otros.

La razón para definir estas áreas de protección tiene que ver con la falta de certeza científica respecto del daño que alguna actividad puede tener en la salud humana. Por lo tanto, se busca evitar que determinadas personas o grupos se expongan de manera continua a ellas. Esto cobra especial relevancia con el 5G, dado que dicha tecnología es nueva y se desconocen los efectos adversos que puede tener en la salud de las personas.

El principio precautorio, es decir, el que impone esta protección, tiene en Chile rango Constitucional (Artículo 5º de la Constitución), ya que se consagra en Tratados Internacionales ratificados que lo contemplan. Como la Convención de Viena para la protección de la capa de Ozono, el Protocolo de Montreal, la Convención de la Biodiversidad y la Convención de Cambio Climático y la Declaración de Río de 1992.

En síntesis, a pesar de que el principio precautorio tiene rango Constitucional, lo que las empresas de telefonía han hecho en localidades tan diversas como Pelchuquín (comuna de Mariquina; empresa WOM), Idahue (comuna de Coltauco; empresa WOM) y otras, es eludirlo bajo el argumento de que son zonas rurales, expresando su absoluto desprecio por la salud de quienes habitan en ellas.

Esto, además, amparadas en su enorme poder político, mediático y económico, que les permite financiar pleitos judiciales a lo largo y ancho de Chile, y conseguir la venia de las autoridades municipales para tramitar los permisos de obras.

Pero lo que es aún peor es que los tribunales de justicia les han dado la razón, estableciendo en los hechos la existencia de dos tipos de ciudadanas y ciudadanos: los de primera categoría, que viven en las ciudades, y los de segunda, que viven en zonas rurales.

Mientras los primeros gozan de todos los derechos constitucionales y, por lo tanto, de la protección de su salud, los segundos no.

Por lo mismo, los niños y niñas, el personal educativo y de salud, los enfermos, enfermas, ancianos y ancianas de segunda categoría, que laboran o son usuarios de las zonas sensibles ubicadas en sectores rurales, quedarán expuestos a fuentes de radiación constante, cuyos efectos para su salud podrían ser graves.

Lo paradójico es que esta nueva forma de discriminación no tendrá solución, ni subiéndose a un techo ni escondiéndose bajo él, ya que las ondas del 5G están prensadas, precisamente, para traspasarlos de manera más eficiente.