«La violencia debe ser desterrada de la vida nacional… esto no se resuelve con respuestas técnicas, burocráticas ni policiales por sí solas, todas las expresiones de violencia que vivimos, tienen un origen político, social, cultural , sociológico y, sus respuestas pasan por propuestas que apunten a  cambios culturales, cambios conductuales y planes integrales de salud mental para la ciudadanía. Los profesionales del área, las universidades, las instituciones todas y el estado deben hacerse cargo del tema, con autocrítica y real compromiso con el tema.»

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Tugar, tugar, cada uno a su lugar.

Cada fin de año constituye una pesadilla para decenas de miles de jóvenes chilenos. Mientras sus compañeros de cursos inferiores concluyen sus actividades escolares y se aprestan a descansar, los alumnos que concluyen el ciclo de enseñanza media se preparan para enfrentar la ahora llamada “Prueba de Transición” (PDT) que, sumando otros antecedentes, será determinante de su futuro al definir sus posibilidades de acceso a la educación superior y, más específicamente, a cuál ´plantel acceder ya que, es obvio, “de todo hay en la viña del Señor”.

La primera injusticia que salta a la vista está en directa relación con las notas de la enseñanza media. Su consideración en el puntaje de postulación y acceso tuvo por finalidad producir una cierta nivelación al considerar que quien ha destacado como constante buen alumno en su grupo, a pesar de las eventuales deficiencias de su establecimiento, tenía una elevada posibilidad de continuar en una trayectoria positiva.

Sin embargo, la realidad mostró algo distinto. En muchos planteles las calificaciones fueron entregadas con generosidad para mostrar una buena imagen del colegio o liceo, en tanto que otros, más rigurosos, optaron lisa y llanamente por aplicar un índice general de ponderación “reajustando” en un porcentaje equis las notas logradas en clase. La investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) Sylvia Eyzaguirre, ha afirmado categóricamente que “los colegios particulares pagados ponen mejores notas que los municipales y particulares subvencionados lo que le da una ventaja a sus alumnos” y alimenta la presión de las familias y comunidades escolares por una mayor laxitud en las evaluaciones degradando el fin del instrumento (mayor justicia e inclusión) y no reflejando el real desempeño del estudiante. En dos años, los estudiantes con puntaje ranking máximo subieron de 4.000 a 7.000 lo que no se condice con una mayor calidad de la enseñanza sino que responde a una inflación de notas y al deficiente control de las evaluaciones telemáticas.

Por otra parte, los resultados de la PDT son el fiel reflejo de las inequidades que muestra la sociedad chilena.

Los egresados de los colegios privados promedian nada menos que 130 puntos más que aquéllos que proceden de la educación pública, hecho que muchos tratarán de explicar por la irregularidad del funcionamiento docente de estos últimos (paros, licencias, etc).

Pero ésa no es toda la verdad.

El estudiante de colegios privados, además de contar con el “capital cultural familiar” (padres profesionales) tiene acceso generalizado a institutos preuniversitarios e incluso en muchos casos esta capacitación técnica, el cómo responder, es proporcionada por el plantel en el propio curriculum regular.

Un estudio realizado por la U. Católica de Valparaíso, muestra cifras impactantes. De los 100 mejores colegios del país, conforme a resultados de la PDT, 95 son particulares pagados, 3 particulares subvencionados y solo 2 municipales.

Eso no es todo. De estos 100 liceos, 69 corresponden a la Región Metropolitana que tiene una población cercana al 45 % y solo 31 al resto del país en que habita el 55% restante, prueba de que el centralismo institucional, burocrático, financiero, comunicacional, también está presente groseramente a nivel educativo.

Por supuesto lo más llamativo, para no usar el término escandaloso, se da en la constatación de que prácticamente la mitad de este selecto grupo corresponde a un selecto grupo de comunas, con las cifras que se indican: Las Condes 16; Lo Barnechea 11; Vitacura 8; (las tres comunas del rechazo y del privilegio), a las que podrían agregarse Providencia, Ñuñoa y La Reina con 7, 6 y 4 respectivamente.

Se ha destacado que dentro de la educación pública, los mejores puntajes corresponden a los llamados “Liceos Bicentenario”, dato que probaría el éxito de estos planteles creados bajo el primer gobierno de Piñera. Lo que por supuesto se silencia es el hecho de que la educación pública a nivel nacional, considerada como sistema global, ha bajado sus puntajes y que, por lo tanto, el relativo éxito de los referidos liceos se debe simplemente al particular apoyo que han recibido desde un punto de vista de la dotación de recursos financieros, docentes, materiales y tecnológicos pero, en especial, al “descreme” del resto de los establecimientos al atraer a los educandos de mejor rendimiento.

Más allá de lo dicho, no puede callarse el dato de que el Instituto Nacional José Miguel Carrera, centenario símbolo de la educación pública chilena y que la lideró por décadas, ha mostrado con cifras una decadencia notoria y dolorosa. En los últimos años el plantel se ha visto dañado por diversas causas en que se conjugan responsabilidades administrativas e institucionales (Municipalidad de Santiago), docentes y también estudiantiles.

El desafío para el próximo Gobierno es enorme. En un país como el nuestro en que algunos problemas como la salud, la vivienda, las pensiones, se miran como prioritarios e impostergables, existe el riesgo de que la educación, cuyos resultados solo podrán ser vistos en muchos años, continúe a la deriva. Abandonar los prejuicios e ideologismos, jugarse por un diálogo y un esfuerzo nacional en la materia, es algo que exigen nuestros hijos. ¿Será ello posible?

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