
Adivina, buen adivinador
El futuro del país se ve bastante incierto no solo para los días cercanos o para el mediano plazo sino incluso para un horizonte remoto.
Por el momento, hay dos problemas matemáticos que mantienen atenta a la ciudadanía: el 2,5% y el 10%.
El problema del 2,5% se refiere al impuesto a los “super ricos” que busca allegar recursos a la cartera fiscal para financiar algunos beneficios en favor de los sectores más vulnerables afectados por la pandemia. La cantidad de los afectados, de acuerdo a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, es bien acotada: el tributo se aplicaría (de acuerdo a los antecedentes que obran en poder del SII) sería solo de 1.406 personas. Obviamente, dicha repartición pública carece de mucha información acerca de la situación patrimonial de esta categoría de personas y de otros que alcanzan niveles cercanos, ya que entre estas familias es frecuente que se escondan bienes, se repartan entre hijos y nietos y bisnietos para eludirlos o se pasen a gastos para producir la renta lo que no son sino gastos suntuarios familiares. En su defensa, ese reducido grupo ha argüido que se trata de un tributo poco eficiente, que finalmente no recaudaría las sumas esperadas y que en otros países habría fracasado.
Vale la pena recordar que en el Foro Económico Mundial de 2020, una decena de milmillonarios (en dólares) impulsó la iniciativa “Millionaires Against Pitchforks” con el objeto de que los diferentes Estados concretaran una mayor fiscalización al patrimonio que aparece registrado en los paraísos fiscales y establecieran un impuesto específico a las grandes fortunas. La idea recibió la adhesión de 172 milmillonarios en dólares de todo el mundo y, para orgullo de nuestro país, también la de nuestro Presidente de la República. A propósito, no debe olvidarse que en 2017, en tiempos de campaña, en entrevista a un medio de prensa ecuatoriano el entonces candidato criticó duramente la existencia de los paraísos fiscales acusándolos de ser instrumentos para evadir impuestos. Lamentablemente, el quehacer cotidiano le ha impedido concretar estas dos ideas. Por lo demás, las grandes fortunas a nivel mundial han pedido más carga tributaria, han creado fundaciones para beneficiar a los sectores de mayor pobreza y han instituido innumerables sistemas de becas y apoyo a emprendimientos locales.
El problema del 10% de retiro de fondos previsionales de los afiliados a las AFPs es, como lo prueban los números, cuatro veces más grave. Formalmente, se trata de una discusión de carácter constitucional ya que según dispone la tan venida a menos carta fundamental, el Presidente tiene iniciativa exclusiva de ley en todo lo que tiene que ver con el régimen impositivo y previsional. En principio, pareciera que el mandatario tiene la razón al recurrir al Tribunal Constitucional cuyo prestigio se ha ido deteriorando “paso a paso” al extremo que ya nadie duda en calificarlo como “una tercera cámara política. Sin embargo, es necesario recordar que en la última oportunidad frente al requerimiento del Gobierno se produjo un empate a 5 votos, que la ministra María Luisa Brahm, quien fuera jefe de asesores del Segundo Piso y fuera designada ministra del organismo por voluntad exclusiva del propio Piñera, fue quien dirimió el empate en su carácter de presidenta en favor del Ejecutivo.
Con su anunciado recurso al TC, el Presidente claramente abrió una verdadera caja de Pandora cuyas consecuencias son imprevisibles. Y puede que también sean incontrolables.
De partida, al votarse el proyecto en la Cámara de Diputados – que requería 92 votos para su aprobación – alcanzó nada menos que 105, cantidad que incluyó 18 representantes oficialistas a los que se debe agregar el que 26 diputados, casi todos de la coalición Chile Vamos, optaran por abstenerse es decir por restar el apoyo a su propio Gobierno. Al anunciarse públicamente que la autoridad había decidido recurrir al TC, los ministros de Interior Rodrigo Delgado y de Desarrollo Social Karla Rubilar optaron por no aparecer en la foto ante los medios de prensa. Horas después, el diario La Tercera confirmaría que ambos criticaron lo resuelto señalando que a su juicio constituía un tremendo error político. Todo apunta a que, tras las elecciones del 10 y 11 de mayo, Rubilar deberá hacer dejación de su cargo.
Nadie discute que el gran responsable de estas decisiones, es un oculto personaje que tras bambalinas ejerce el poder sujeto a sus dogmáticas convicciones neoliberales. Mario Desbordes, precandidato presidencial de Renovación Nacional lo apuntó con el dedo: “Ojalá no estuviera Larroulet; yo estaría más feliz”.
Es difícil hacer por ahora un augurio sobre lo que viene. Si el Tribunal Constitucional opta por rechazar el recurso gubernamental para salvar su propio honor, la derrota política oficialista será de marca mayor. Por el contrario, si lo acoge impidiendo que se transforme en ley las consecuencias serán de marca mayor: fuertes pérdidas para los partidos de la coalición de gobierno en los próximos comicios sin que tampoco pueda descartarse un recrudecimiento del descontento social.
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