El orgullo en exceso, como forma de vida, da paso a la arrogancia, esta es , sin lugar a dudas un elemento contaminante en las relaciones humanas y en las comunicaciones. ...pero además, ¡¡¡ contribuyen a la soledad y generan enajenación social!!!
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Arauco tiene una pena (II)

El bautizado por la prensa como “conflicto mapuche” (que comprende de hecho la situación de pueblos como los pehuenche, huilliche, lafquenche, cada uno de ellos con sus propias especificidades, características y demandas), es una espina clavada en el corazón del Estado nacional y que no se resolverá fácilmente.

El principal error de juicio está en un deficiente diagnóstico de la naturaleza del problema. Cuando un problema de esta naturaleza y complejidad es visto como una simple cuestión de pobreza y de falta de recursos y, en consecuencia, se pretende abordarlo entregando semillas, herramientas y otros elementos a las comunidades contestatarias, estamos equivocados. Cuando las acciones de grupos violentistas tales como incendios de maquinaria forestal o viviendas, cortes de caminos, etc., son evaluados como actos delictuales o terroristas y a estos hechos se les da una respuesta policial o una creciente militarización de la zona, vamos por un camino que no conduce a ninguna parte y que, al contrario, agrava este problema.

Como se ha señalado reiteradamente en estas páginas, la realidad exige respuestas políticas y éstas requieren claridad, voluntad, creatividad.

El punto de partida es el restablecimiento de las confianzas como base de una interlocución seria ya que la historia nos muestra una abundante gama de abusos legales pero ilegítimos y de promesas incumplidas.

Sobre ese piso, se debe avanzar en el reconocimiento de la contraparte, no mediante una mera declaración formal sino que aceptando que “el otro” es un sujeto con su propia identidad, de tal forma que, aunque a muchos esto le cause problemas, se trata de co-iguales pese al desequilibrio de poder y de recursos entre el Estado nacional y las comunidades. Los principios liberales, al defender e impulsar coactivamente la igualdad en este campo (igualdad que en los hechos desconocen, en general, en lo económico y social) negando las diferencias, terminan siendo altamente discriminatorios para las minorías afectadas.

Así, una declaración constitucional que reconozca la realidad de que en nuestro territorio conviven pueblos de distintos orígenes étnicos, puede definir un horizonte de trabajo a futuro.

En su visita a Chile (1987), el entonces papa Juan Pablo II, reconoció en Temuco el derecho de los pueblos originarios a defender su identidad pero también relevó su deber de transmitir a las nuevas generaciones los valores de sus propias culturas.

En 2007, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró que “los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral” y “tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.

Conforme al mismo documento, estos pueblos “en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”.

En septiembre de 2018, en esta línea, el presidente Piñera, en Ñielol, comprometió este reconocimiento, cuotas parlamentarias, instancias permanentes de diálogo, pero sus palabras se las llevó el viento.

Sobre lo señalado, el abordaje reclama un cambio claro en la actitud del Estado nacional que implique voluntad de convivencia y no de confrontación.

Esto significa alentar un clima de respeto hacia los pueblos originarios, sus valores, su cultura y sus creencias en todos los ámbitos de la sociedad y particularmente en los medios de comunicación social. Fomentar la generación de establecimientos de educación, especialmente universidades, que no solo sean espacios para acoger estudiantes de tales etnias sino que sean sitios de resguardo, difusión e investigación sobre sus culturas.

En un enfoque global, paralelamente debe definirse y aplicarse una política clara frente a las grandes empresas forestales (Mininco, Arauco, Volterra) para imponerles legalmente una nueva conducta en función de un desarrollo sustentable. La espiritualidad mapuche rechaza el daño ambiental y estos conglomerados son apreciados como agresores de la naturaleza ya que con sus propósitos exclusivamente lucrativos han invadido extensas zonas del país con especies exógenas (pino, eucaliptus….) exterminando el bosque nativo, agotando las fuentes naturales del recurso agua, afectando los cultivos y el pastoreo que constituyen la fuente de vida de estas comunidades.

El “conflicto” que se vive tiene infinitas aristas. Todas deben ser abordadas paulatinamente si se quiere construir la nueva realidad.

Si se persiste en actitudes políticas voluntaristas, asumiendo “lo chileno” como una cultura dominante y relegando a nuestros pueblos autóctonos a la condición de sometidos, no podrán crearse los parámetros indispensables de una vida en común.  

1.- Reconocer a Chile como un país plurinacional.

2.- Reconocer el derecho de los pueblos originarios a mantener sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, particularmente en relación con la preservación del medio ambiente y el uso de los recursos naturales.

3.- Generar una institucionalidad y un orden jurídico que reconozca las especificidades de estos pueblos. La negación del reconocimiento del pueblo mapuche como sujeto de derechos colectivos es un obstáculo grave para el restablecimiento de la paz. Concordar espacios de autoridad diversos entregando a las comunidades su derecho a autogobernarse pero manteniendo en otros campos la autoridad del Estado chileno.

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