CASA DE ALLENDE: LA INEPTITUD AL PODER

No he podido dilucidar si la forma de abordar el caso del titular obedece a otra forma de ineptitud, a la conveniencia de hacerse el leso, o a la mala leche, pero es dable suponer que es una mezcla en proporciones variadas –según el personaje que comente– de todas las anteriores, y probablemente algunas otras, como hachitas que afilar y cuentas personales. En fin: es lo que hay.

Partamos por las principales incumbentes, las ahora ex senadora y ex ministra. Es mi convicción que achacarles una intención dolosa, en aras de sacarle una tajada al erario, sólo puede ser producto de la mala leche y motivos similares, o de no tener miedo a mostrase como un mentecato; que una senadora de la República con 81 años de vida, de los cuales los últimos 30 los ha pasado en la legislatura, o una ministra de Estado con una carrera política en su medianía, y con apetitos vigentes, tiren por la borda su pasado o su futuro por una cosa como esta, sólo puede tomarse en serio por alguien poco serio. Me sigue llamando la atención que esos que además elevan la voz hablando del descomunal precio de la operación, no digan nada respecto a ese punto en cuanto a la casa de Aylwin, de la que ni siquiera se ventila el precio, como si bastase con que los vendedores no tengan inhabilidades, para que la operación no merezca ni análisis ni reparos. Raro ¿no?

En definitiva, en un país en que los “hechos aislados” son los que más se repiten, tal vez por primera vez estamos ante uno, genuino, de modo que su importancia, una vez aplicadas las sanciones y corregido el entuerto, no tiene más repercusiones ni consecuencias para nadie, o al menos para mí, y probablemente para usted que me lee, tampoco.

Lo verdaderamente grave, lo que trasciende el aislamiento del caso, es justamente aquello que ninguno de los vociferantes –convenientemente– dice: Lo que este asunto deja al desnudo es la ineptitud de quienes nos gobiernan y quienes hacen las leyes para que nos gobiernen, además de otros incumbentes menores. Está aquí involucrado un presidente de la República que, si bien no se ha titulado de abogado, entiendo que egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, una senadora que fue presidente de su Cámara, y una ministra de Estado que a su vez fue presidente de la cámara baja, es decir, tuvieron el honor y alta tarea de estar a cargo de las instancias que tenemos para generar la Ley. Tenemos a una abogada notario que se conforma con poner el “ante mí” y cobrar sus honorarios, sin importarle lo que diga el contrato que, extremando la cosa, en un país dado al papeleo, bien podría haber sido para matar a alguien.

Otros que bien bailan en su papel de corifeos, son distintos asesores, fiscales ministeriales, subsecretarios, muchos de ellos abogados, todos con sueldos “reguleques”, y hasta el órgano contralor por excelencia, que en estas últimas horas nos ha aclarado con todo desparpajo que si bien ellos se dieron cuenta del incordio –era que no dijera eso– estimaron que su labor funcionaria y lo que les pagan, no cubre andar tratando de evitarle problemas al Estado y sus componentes. ¿Qué habrá sido de Mendoza, que se metía en todo?

El aderezo principal en todo caso, sigue siendo la comparsa de corifeos, que vociferan sobre la probidad, los pecados terrenales y celestiales, el acabo del mundo o al menos este acabose, como si no fueran los mismos que aprueban leyes cuyos proyectos no han leído, y si leyeron probablemente no entendieron (no olvidemos que por estos lados el 70% no entiende lo que lee, y por una cuestión de probabilidad estadística, algunos le tocan al Congreso Nacional, que ellos pomposamente llaman “Parlamento”) y que además han prestado juramento solemne de respetar y hacer respetar la Constitución y la Ley, al igual que los altos cargos del ejecutivo, y los que han jurado como abogados.

Por lo que se ve –aunque no lo quieran ver o mencionar ni por casualidad– todos estos connotados personajes no han leído ni por aburrimiento la Constitución que nos rige, y si lo han hecho, no la entendieron o se les olvidó. ¿Merece este lote de iletrados jurídicos estar a cargo de dictar las leyes que después nos rigen a todos; merece su caterva de asesores muy bien pagados, que los sigamos manteniendo con nuestros impuestos?

En otro asunto que afectó a todo el país, el otro poder –que “se hace el cucho”– dispuso que los malhechores (quienes hacen algo mal, o malo) se quedaran sin postre por un par de semanas, y asistieran a cursos de ética. ¿No sería hora de que cualquier persona que llegue a ocupar un cargo parlamentario, presidencial, o ministerial, antes de jurar, y para que se haga una idea, tome un curso express (calificado) de Derecho Constitucional, o al menos, para que no se nos vayan a agotar, de aspectos esenciales de nuestra Constitución? Porque lo dicho: lo de la casa de Allende ya casi pasó por completo, pero la ineptitud nos seguirá afectando hasta que se le ponga coto.

Veremos cuántos de los que hoy vociferan lo aprueban, o se quedan calladitos.

Arturo M. Castillo Cabezas

25 de marzo de 2025.