«Es urgente volver a lo esencial, a lo importante, a lo valórico, la humanidad, las sociedades. Las ciudadanías deben abandonar el egoísmo, el consumismo, el individualismo y volcarse a la solidaridad, el bien común, los valores, la ética y el Humanismo»

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CONVENCION CONSTITUCIONAL Y CONDUCCION POLITICA

Marcelo Espinoza Chávez

Administrador Público y Cientista Político, Universidad de Chile.

Convención Constitucional en un contexto democrático.

La asamblea constituyente de la Revolución Francesa denominada Convención Nacional, fue instalada el 19 de septiembre de 1792, luego de una elección previa, y su mandato concentraba los poderes ejecutivo y legislativo. Se le encomendó la redacción de una nueva constitución, que reemplazara una anterior de 1791.

Concentraba por tanto todo el poder, en un momento revolucionario. Las instituciones democráticas no existían y era necesario crearlas. No había que dialogar con ninguna institución existente, ni con las tradiciones republicanas porque tampoco existían.

Es muy diferente la instalación de una Convención Constitucional en un contexto democrático, en donde hay un sistema político vigente, tradiciones republicanas, un país unitario e instituciones propias de la democracia. En estas condiciones es natural que se genere un debate fuera de la Convención. Las instituciones existentes, los partidos políticos, la ciudadanía, tomaran posiciones en torno al proyecto constitucional. Desde luego habrá intereses en juego que intentarán influir, y habrá sectores que buscarán el fracaso de la Convención para evitar todo cambio.

En ese contexto los convencionales no son los únicos deliberantes. A su alrededor hay una comunidad viva y sintiente, que también está deliberando. La Convención no está ni puede estar en una burbuja. Una Convención Constitucional en un ambiente democrático es un proceso complejo, que requiere de una estrategia y de una dirección.

Estrategia y dirección política inexistente o insuficiente.

Diversos elementos del actual proceso constituyente denotan una falta de conducción política, que se manifiesta en que luego de un impresionante apoyo del 78 % en el plebiscito de entrada, nos encontremos con estudios de opinión que sostienen que ahora la alternativa del Rechazo está superando el 50 % en las preferencias de voto del plebiscito de salida.  Parece haber faltado una estrategia destinada a conformar las más amplias mayorías, que se enfocara en ciertos objetivos primordiales de la Constitución democrática y que considerara el marco que rodea y limita este proceso.

Se debió considerar en su verdadera dimensión algunas restricciones impuestas en el mandato que recibió la Convención, que no eran modificables, como el exiguo tiempo asignado para su cometido, nueve meses extensibles a doce. Si el tiempo claramente insuficiente era un dato conocido, debió adecuarse el trabajo a esa restricción. Cualquier proyecto requiere adaptarse al tiempo disponible para entregar los resultados y con mayor razón si el proyecto es complejo.   

Esa adecuación de objetivos a lograr y tiempo disponible no se hizo, y ahora está pasando la cuenta. Por el contrario, se empleó tiempo valioso en una instalación de la Convención demasiado extensa. Meses generando cinco reglamentos, que podían ser uno solo, o a lo sumo dos.

Se plantearon propuestas sin sentido, como emplear tiempo en debatir sobre la aprobación de los artículos de la nueva Constitución en el Pleno por dos tercios, siendo que esa restricción formaba parte del mandato recibido y no quedaba más que asumirla. Fue un tiempo perdido, aparte de desviar el foco de atención.

Se programó el traslado de la Convención a regiones, y el consiguiente desplazamiento en terreno durante semanas, como en el mes de enero pasado, sin considerar que el plazo acotado lo hacía imposible. Tanto fue así, que la misma Convención eliminó las salidas contempladas para los meses siguientes.

El acuerdo de la Convención considerado en su reglamento, de aprobar en las comisiones los artículos por mayoría y no por dos tercios, resultó desastroso. Se trató de doblar la mano a los dos tercios impuestos en el mandato por la derecha, lo que resultó inconducente y no tenía ningún sentido práctico.  Como resultado las comisiones aprueban informes por mayoría, y luego el Pleno los rechaza cuando no logran alcanzar los dos tercios, retrasando el proceso. Se han rechazado informes completos y otros con una aprobación menor al 10 % de sus artículos.   

Hay cierto voluntarismo en las comisiones, llegando a veces a acuerdos meramente testimoniales sin posibilidad de aprobación en el pleno por los dos tercios. El resultado es un preocupante retraso y una carrera contra el tiempo, improvisando soluciones en temas relevantes de la nueva Constitución, con redacciones incompletas, insuficientes o inconsistentes entre sí.

Se discutía si la nueva Constitución debía ser minimalista o maximalista, siendo que tal disyuntiva, por el tiempo acotado, no existía. Había un solo camino realista, enfocarse en una Constitución democrática, sin estado subsidiario, robusteciendo el rol del Estado en el desarrollo económico, un Estado emprendedor, y que promoviera los derechos sociales en el ámbito de la salud, previsión y educación. Asegurar la inapropiabilidad del agua y de los bienes naturales, la distribución del poder en el sistema político. Promover la descentralización, fortaleciendo las regiones y la democratización del poder, haciendo posible la participación de la ciudadanía en iniciativas de proyectos de ley y referéndum revocatorio de autoridades bajo ciertas condiciones. Redefinir el rol de las Fuerzas Armadas y policiales en un régimen democrático, asegurar la preservación del medio ambiente, y desde luego, sin los altos quorum que han imposibilitado los cambios que la ciudadanía exige. Una Constitución democrática, sin Estado subsidiario y sin amarras, era lo primordial.

Toda otra innovación relevante de las instituciones, como en el Poder Judicial, el Ministerio Público, y otras, podía esperar, para poder enfocarse en los temas prioritarios y además no eran posibles de abarcar por lo exiguo del plazo disponible. Más bien podían quedar para el posterior debate democrático en el marco de la nueva constitución. No era necesario cambiar el país de los pies a la cabeza, y ganarse adversarios innecesariamente. En consecuencia, había una definición estratégica inicial, indispensable: qué priorizar.  

Frente al plazo insuficiente para redactar la Constitución, una alternativa era solicitar al Congreso anterior, aumentar este plazo, pero eso no se hizo. Si las mayorías no se obtenían en el Congreso, lo que era muy probable, la responsabilidad no recaía en la Convención. El punto también devela la falta de conducción política que criticamos.

Un país no puede modificar sus instituciones tradicionales sin un debate democrático informado y abierto, que incluye a los incumbentes para escucharlos. Esos cambios no pueden darse sin un diálogo abierto con la sociedad, porque quedan heridos en el camino y así se alienta el revanchismo. El conflicto político que se genera no se supera por plasmar las modificaciones en la Constitución. La dictadura pretendió eliminar el conflicto político con una nueva Constitución, pretendió eliminar la raíz del conflicto, sabiamente había descubierto sus causas, y ya sabemos lo que pasó.  Observamos actualmente, una avalancha de modificaciones en demasiadas instituciones existentes, sin alcanzar la necesaria reflexión y participación, redactando sus atribuciones con premura y lejos del rigor necesario.

Si a los problemas mencionados le agregamos la composición de la Convención, con diversos grupos indigenistas, feministas, ambientalistas, regionalistas, de movimientos sociales varios, tenemos el caldo perfecto para una gran fragmentación que hace más compleja la búsqueda de soluciones al interior de la Convención. Estos grupos, al contrario de los partidos políticos, carecen de una visión global de los problemas y de las posibles soluciones. Cada uno tiene su parcela temática, y aboga por “su solución”. Negocian estas soluciones entre ellos mismos, derivando en la presentación de un sinnúmero de indicaciones que no se hacen cargo de las externalidades de sus propuestas, de cómo pueden afectar al conjunto. El conjunto no es su problema. Hay una evidente falta de experiencia política, que los lleva a empantanarse en posiciones rígidas e identitarias. Pareciera que aspiraran a que sus banderas temáticas estén en todos los capítulos de la Constitución abarcándola por completo. Un solo ejemplo claro, el tema indígena, que deja muchos cabos sueltos, al no definir “nación indígena”, “territorio indígena” y “autonomía de estos territorios”. Estos cabos sueltos le vienen caídos del cielo a los sectores conservadores para desacreditar la nueva constitución. Era completamente evitable caer en eso.

¿Quiénes eran los llamados dirigir el proceso?

La falta de una dirección estratégica del proceso constituyente está presente en cada uno de los puntos anteriores. En una sociedad democrática, los llamados a darle conducción al proceso constituyente son los partidos políticos. Éstos, debilitados y desprestigiados como están, tenían allí una posibilidad de sintonizar con la ciudadanía, la que desperdiciaron. Esta gravitante falencia queda de manifiesto en la elección de la actual mesa directiva de la Convención, en que por falta de una conducción política se llega a votar seis o siete veces, empañando el prestigio del proceso. Cada sector privilegiaba su propia parcela, rehuyendo la necesaria amplitud para conformar mayorías.

En esa elección de directiva resulta difícil de entender que partidos políticos que forman parte del conglomerado del nuevo gobierno, actúen por separado sin una orientación conjunta, atrapados en sus propias posiciones, abandonando su obligación de dirigir el proceso.

En general los partidos políticos no se han hecho cargo de su responsabilidad, y muchos convencionales parecen actuar por su cuenta desde sus parcelas. Uno de estos partidos políticos reacciona tarde, cuando sus senadores observan que se está eliminando el Senado sin que nadie les hubiera advertido ni consultado opiniones. En realidad no se ha dialogado con las instituciones tradicionales sujetas a cambio, logrando con ello multiplicar los adversarios del proceso.

Los convencionales no pueden abstraerse de la sociedad democrática en que están inmersos. Deben estar dispuestos a escuchar. A su vez, los partidos políticos no pueden abstraerse de participar en el proceso constituyente y deben hacer oír sus propuestas. Por su naturaleza, están especialmente llamados a tener opinión, participar y liderar. Deben orientar el proceso, ordenar el debate y hacerse cargo de sus resultados. Una nueva Constitución Política es en primer lugar un desafío político.

El escenario es sombrío

Las últimas encuestas coinciden en un probable triunfo de la opción rechazo en el plebiscito de salida. La falta de conducción política del proceso ha llevado a esta situación.

Algunos han señalado como causa del problema la falta de una acertada comunicación hacia la ciudadanía de parte de la Convención. Esto puede ser cierto en parte. Paro también es una antigua explicación, muchas veces invocada ante las dificultades para aceptar las responsabilidades propias o ante una insuficiente percepción de la realidad.

Otros han señalado como causa, la acción política de las fuerzas del rechazo, obstinadas en lograr el fracaso de la Convención.  En rigor nadie puede sorprenderse de la acción política de las fuerzas del rechazo. No se puede esperar una acción diferente de los opositores. Estas fuerzas han aprovechado y muy bien cada una de las propuestas estrambóticas y conductas hilarantes dentro de la convención, como eliminar todos los poderes del Estado o la canción del Pluri Chile. Y desde luego han aprovechado la falta de una dirección estratégica de los partidarios del apruebo. Hay una estrategia organizada del Rechazo, que incluye desinformación y falsedades, no cabe duda.

El proceso constituyente ha ido perdiendo apoyo en la ciudadanía, y es el momento de hacerse cargo. Esto es una realidad que cada ciudadano puede constatar entre sus familiares, amistades, vecinos, más allá de las encuestas. El peor camino es cerrar los ojos.

Si en el plebiscito se impone la alternativa del Rechazo, seguirá vigente la actual Constitución. Esto representa un estruendoso fracaso de la Convención Constitucional.  Representa también una dificultad mayor para el proceso de cambios que recién se inicia, haciendo peligrar su incipiente despliegue. Representa el inicio de una nueva y más grave crisis para el país. Y los sectores conservadores guarecidos en los quorum de la actual Constitución, no aceptarán una nueva oportunidad para cambiarla. No lo olvidemos.

Si en el plebiscito se impone la alternativa del Apruebo, en las actuales condiciones que comentamos será posiblemente por un margen estrecho.  Significará perder legitimidad desde el inicio, debilitando el valor de la nueva Constitución. Se iniciará entonces un nuevo proceso de polarización e inestabilidad impulsado por poderosos sectores descontentos, dispuestos a una pugna por cambiar la Constitución impulsando reformas una tras otra, con un parlamento recién elegido en donde priman los sectores conservadores. El nuevo conflicto político originado en la nueva Constitución podría durar años. El proceso de cambios sociales estructurales se vería seriamente afectado en un ambiente de aguda polarización, de inestabilidad e incertidumbre. No lo olvidemos.

Cualquiera de los escenarios anteriores no es conveniente para el país. Hay que asegurar el éxito del proceso constituyente lo que implica una inmensa mayoría aprobando su resultado. Y el tiempo apremia. El 16 de mayo la Mesa Directiva presenta el borrador del Proyecto de Constitución. Después resta solo el trabajo de la Comisión de Armonización, entre el 17 de mayo y el 9 de junio, comisión que carece de atribuciones para incorporar modificaciones al borrador de Constitución. Sería aconsejable dotar a esta comisión de dichas atribuciones con el objeto de que pueda recibir propuestas, procesarlas y proponerlas al Pleno, en una última instancia de diálogo con la sociedad, con vistas a lograr “la mayor transversalidad y amplitud posibles para construir una Constitución que sea un punto de encuentro”.  Es necesario lograr esa mayor amplitud.

Estas propuestas a la Comisión de Armonización deberían ser muy acotadas, tal vez solo a cargo de la primera autoridad de la nación.

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