Crónica de una COP25 frustrada

La COP25 fue denominada la COP maldita, pues su sede original fue Brasil, quien declinó tomar la organización de este importante evento mundial, para que luego Chile tomara la posta, y viera cómo finalmente esta se realizó en España, que asumió la responsabilidad a menos de 40 días de su realización.

Sin duda, este fuerte denominativo tuvo una consecuencia decepcionante, en términos de los avances concretos que se querían alcanzar, y que en breve son tres: reducir las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI); ayudar a las economías más atrasadas con el financiamiento para cumplir las metas propuestas por el acuerdo de París; y finalmente avanzar en medidas de adaptación al cambio climático.

Durante los meses de preparación en Chile, el tema comenzó a acaparar la atención y preocupación pública, y los científicos nacionales formaron mesas de trabajo para entregar un informe que en términos de impacto mediático fue relevante, pero que en lo práctico solo sirvió para hacer una serie de recomendaciones a los tomadores de decisiones en Chile. Para ello la COP tiene su brazo científico, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), la voz oficial de la ciencia para este proceso.

Actualmente, las emisiones globales son superiores a las 50 giga toneladas de GEI, y con una creciente tendencia a aumentar, salvo en contados casos como en algunos países de la Unión Europea. Para el año 2030 debemos reducirlas a prácticamente la mitad si queremos alcanzar la meta del Acuerdo de París, esto es no superar los 1,5 grados en promedio de incremento de la temperatura a nivel global.

De seguir esta trayectoria de emisiones, entonces la temperatura se incrementaría un promedio de 3,2 grados hacia fines de siglo. Un contexto en donde además todos los informes indican que las predicciones realizadas hace mas de 10 años, se están cumpliendo de forma más rápida de lo previsto, por lo que en la medida que nos demoremos más en ponernos de acuerdo, va a ser mas difícil cumplir con la meta.

Esa es precisamente una de las complicaciones que tiene el no haber logrado un mayor compromiso de reducción de las emisiones por los países que más emiten, como China, India, Estados Unidos, Rusia y Brasil.

Así, la meta de esta conferencia, que fue lograr que los emisores reduzcan en forma ambiciosa su generación en promedio un 7,6 % anual de aquí al 2030, no fue alcanzada. Además se buscaba lograr un mecanismo para establecer un mercado de carbono, es decir que aquellos países que emiten más le compren cuotas de emisión a los que emiten menos para compensar el exceso. Sin embargo, esto último exige poner un precio a las emisiones, junto con llevar una contabilidad más exhaustiva de ellas, que es un déficit en los países en vías de desarrollo.

Asimismo, los países más pobres exigen un mayor financiamiento de los países más ricos, para que los ayuden en esta transición hacia fuentes de energía más limpias con un menor uso de combustibles fósiles.

Cuando se revisa el informe de la COP25 denominado “Acuerdo Chile-Madrid”, lo que uno ve son sólo promesas, pero no una hoja de ruta clara con metas ambiciosas comprometidas, que es lo que efectivamente se requiere para reducir los enormes impactos y costos económicos que nos está dejando esta crisis climática.

Sin duda, se esperaba que la presidencia chilena pudiese llevar a puerto algunos acuerdos más sustantivos, pero la falta de experiencia en el liderazgo internacional que estos complejos procesos requieren, impidió alcanzar mejores resultados.

Según la Organización de las Naciones Unidas esta fue una oportunidad perdida, y coincido plenamente con esta opinión, ya que ese es el costo de no actuar y dejar para la próxima reunión los desacuerdos que tenemos hoy.

Estamos entonces contra el tiempo, y en el caso de Chile deberemos avanzar más decididamente en implementar la Ley del Cambio Climático, con un compromiso aún mas audaz de realizar la transición hacia la descarbonificación de la matriz energética chilena en forma más rápida. También lo es resolver cuestiones técnicas en lo que se refiere al almacenamiento y transmisión de la energía más limpia al sistema interconectado chileno.

Además, se debe implementar una política más integrada para adaptarnos mejor a los cambios, y con un análisis más serio de nuestras vulnerabilidades donde, por ejemplo, aparece el tema hídrico como una prioridad urgente.

La actual discusión constitucional impuesta por la ciudadanía, es una tremenda oportunidad para abordar de manera inteligente las medidas de adaptación que necesitamos implementar como país, que alejen la amenaza de que nuestros centros metropolitanos queden sin suministro de agua.

Amenazas como la aparición de floraciones algales nocivas en los ríos y lagos, la intrusión marina en ciudades que se abastecen de aguas subterráneas en zonas costeras, son sin duda una preocupación que debe hacer alertar a nuestras autoridades en la planificación de nuestras ciudades.

La sustentabilidad debe estar en el eje de todas las propuestas de desarrollo actual y futuro en el país, por ello el rol que deben tener los gobiernos locales adquiere una mayor relevancia.

Un país que no confía en sus científicos es un país que no va a alcanzar mayores y mejores niveles de desarrollo, por lo tanto el rol de la información científica generada en nuestra universidad, así como también en otras de la región y el país, es fundamental para establecer las bases de una mejor adaptación a este Siglo XXI, donde la constante es el cambio, y nuestro futuro entonces depende de la debida consideración de esos aportes.