De Hermosillas a Vivancos.
El caso “Audio” (o más bien el caso Hermosilla, para darle una identidad más personal) ha copado las páginas de los medios de comunicación por tratarse probablemente de uno de los escándalos más amplio y más cuantioso de la historia reciente del país. A decir verdad, han sido los medios alternativos los que han destapado la olla (especialmente CIPER) en tanto que la prensa papel tradicional y la televisión han tenido que vencer, por la fuerza de los hechos, su renuencia inicial.
El escándalo, que tiene como eje central al connotado abogado penalista Luis Hermosilla, ha sobrepasado todo lo imaginable y sus esquirlas, tal como si fuera una bomba de racimo, han saltado para todas partes dejando heridos gravemente a muchos personajes de los ambientes económico, financiero y político.
Hermosilla era hasta ahora un abogado exitoso, convocado permanentemente a prestar servicios profesionales a todos los que, en términos bíblicos “padecían persecución por la Justicia” o que, y esto es lo llamativo, necesitaban burlar a la ley y a la justicia. Después de muchos años, o décadas más bien dicho, ha quedado al descubierto que el jurista de marras no ganaba juicios o arreglaba gigantescos entuertos por su sapiencia, capacidad analítica o talento para interpretar las normas jurídicas, sino porque era un vulgar traficante de influencias.
En la maraña de Hermosilla, se enredaron políticos (ministros de interior y de Vivienda), emprendedores educacionales (Hazbún), empresarios poderosos del mundo de las finanzas, etc. El jurista les enseñó como “saltarse la fila”, como generar dinero mediante centenares de facturas falsas, como presionar y chantajear para alcanzar beneficios que ningún hijo de vecino podía lograr sin delinquir. Él personaje tenía plena conciencia de que estaba delinquiendo, creía haber alcanzado “todo el power” lo que le permitía pasearse por los salones del poder e injuriar groseramente hasta al propio Presidente de la República.
Pero, de la noche a la mañana, todo se derrumbó y los whatsapp del delincuente serial terminaron develando una nueva arista aún más grave. Sus tentáculos se extendieron al campo del Ministerio Público y sus Fiscales y, cuando ya percibió que estaba seguro de que podía moverse con total impunidad, empezó a ejercer también el padrinazgo para alcanzar a los miembros del más alto tribunal de la República.
Así. Ángela Vivanco llegó a integrar la Corte Suprema de Justicia a propuesta del Presidente Piñera, pero de ese lugar al que había escalado no olvidó a quienes la habían ayudado a trepar. Ejerció sus influencias a diestra y siniestra para favorecer designaciones de sus amigos y de los amigos de sus amigos, manejó la integración de las salas de la Corte a solicitud de sus padrinos, abandonó la obligación de imparcialidad que le imponía el Código Orgánico de Tribunales y, con las cadenas ya desatadas, hizo caso omiso de la norma del Código del Código de Ética Profesional del abogado que prohíbe al juzgador, esto es al Juez en todos sus niveles, recurrir a vinculaciones políticas o de amistad (o económicas) para fallar causas sometidas a su decisión. “Es falta grave intentar o hacer alegaciones…fuera del tribunal sobre un litigio pendiente”.
Es cierto que no son pocos los abogados que recurren a triquiñuelas varias non sanctas para pleitear (testigos falsos, hurto o pérdida de expedientes de papel, confesiones inducidas, adulteración de documentos) pero que una magistrada del más alto nivel de la Judicatura aparezca involucrada en hechos de esta naturaleza mucho más graves, era hasta ahora impensable.
Vivanco ha causado un daño inconmensurable no solo a la Justicia chilena sino que, peor aún, a la institucionalidad del país y al Estado de Derecho de una sociedad democrática.
¿Qué puede esperar entonces cualquier ciudadano que somete sus propios problemas o la defensa de sus intereses personales a la determinación de los Tribunales del Estado?
La abogada Leonarda Villalobos, al hacer públicas las grabaciones de sus reuniones de trabajo con Hermosilla y sus clientes top (cualesquiera que hayan sido las razones que la movieron a ello) a pesar de estar ella misma envuelta como actora relevante de este escándalo, permitió que todo saliera a la luz y se extendiera como un reguero de pólvora por pradera chilena. Los whatsapp de Hermosilla de 760.000 páginas almacenados en sus equipos electrónicos, nos entregan cada día mayores novedades.
Aunque algunos, movidos por razones políticas, aparezcan avalando la integridad moral de involucrados que les son afines, aunque la ministra en cuestión quiera impedir que la propia Corte Suprema llegue a conocer su intercambio de mensajes con Hermosilla, aunque el penalista enjuiciado guarde permanente silencio y confíe en la habilidad de su hermano – abogado para deslavar sus acciones delictivas, se ve difícil que toda la mugre pueda ocultarse bajo la alfombra.
Que hay delitos, es cierto; que hay inmoralidades, también por supuesto. Todo ello hace imperativo que se impongan sanciones ejemplarizadoras a todos los responsables involucrados.
Realmente, presentar esta clase de violaciones a la ley chilena, por individuos que se créen estar por sobre la ley, y que pueden violarla tantas veces como ellos quieran, es algo que Chile debe reaccionar inmediatamente, para que no se continúe violando las leyes de protección de la ciudadanía.
Mis felicitaciones al autor de este artículo, el abogado René Fuentealba Prado, por hacernos saber una realidad que está perjudicando al pueblo chileno. Natutalmente, debe cuidarse mucho, porque esos individuos pueden causarle algún daño personal, por darnos a conocer la clase de personas que ellos en realidad son.