Discursos de Odio en el Espacio Público y el Límite de la Libertad de Expresión

Un nuevo episodio de discursos de odio en espacios públicos vuelve a poner sobre la mesa un debate urgente: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y cuándo se convierte en una herramienta de violencia y discriminación?

Recientemente, un predicador en la Plaza de la Independencia de Concepción, generó repudio al afirmar, con megáfono en mano y ante la mirada de transeúntes, que niñas y mujeres son responsables de ser violadas y asesinadas. Sus palabras no fueron un error, no fueron sacadas de contexto, fueron un mensaje claro que culpa a las víctimas y absuelve a los agresores.

“¿Por qué pasan las violaciones? No es por culpa del profesor, es culpa de la niña que está ahí, provocando”, dijo. Y continuó: “¿Qué pasa con la mujer? Que pasa un auto, la echaron arriba, en cinco minutos más la violaron, la descuartizaron y la mataron. ¿Por qué? Por culpa de la mujer, no del hombre.”

Discursos como este no son casos aislados, ni solo responsabilidad de individuos particulares. Son parte de un problema más grande: el uso del espacio público para propagar odio bajo el amparo de la religión y la aparente impunidad con la que se permite que esto suceda.

El predicador en cuestión fue multado y citado al Juzgado de Policía Local. Un castigo menor, casi anecdótico, considerando la gravedad de sus palabras. No hubo una aplicación real de la Ley Zamudio ni una acción concreta para frenar la difusión de este tipo de mensajes. Mientras tanto, quienes defienden los derechos de las mujeres y la diversidad ven cómo sus espacios de trabajo y protección son eliminados. En el Biobío, el Gobierno Regional cerró la unidad de género y la Municipalidad de Concepción redujo al mínimo las oficinas de género y diversidad. ¿Casualidad? No lo parece. Ambas autoridades pertenecen a sectores de derecha, los mismos que históricamente han respaldado posturas conservadoras que minimizan o justifican este tipo de discursos.

Aquí entra otro punto clave: el conflicto de interés entre la política y la religión. En Concepción, el alcalde Héctor Muñoz condenó el discurso de este predicador, pero no hay que olvidar que él mismo es pastor de la iglesia evangélica “Reconcíliate con Dios”. ¿Cómo puede una autoridad garantizar la protección de derechos fundamentales cuando responde a una estructura que históricamente ha promovido valores contrarios a la diversidad y la igualdad de género?

Este no es un problema exclusivo de Concepción. En el Congreso, hay diputados y senadores que son pastores evangélicos y que han utilizado su cargo para impulsar leyes desde una perspectiva religiosa, en lugar de basarse en principios de derechos humanos y laicismo del Estado. En municipios y gobiernos regionales, se han tomado decisiones que favorecen visiones religiosas conservadoras sobre políticas públicas que deberían ser inclusivas.

El problema no es la fe. El problema es cuando la fe se usa como herramienta política para coartar derechos, limitar libertades y justificar discursos de odio en espacios públicos. No se trata de censurar creencias, sino de garantizar que la convivencia en una sociedad democrática está basada en el respeto y la dignidad de todas las personas.

Regular estos discursos no es un ataque a la religión ni a la libertad de expresión. Es un deber del Estado proteger a quienes son blanco de estos ataques. Es evitar que en nombre de Dios se perpetúe la discriminación y la violencia.

Chile debe avanzar hacia una política realmente laica, donde la religión no interfiera con la administración pública ni con los derechos de sus ciudadanos. No podemos permitir que, en pleno siglo XXI, el miedo a perder votos haga que las autoridades cierren los ojos ante la violencia disfrazada de prédica. Si no se toman medidas claras, si no se aplican las leyes que ya existen, estaremos validando que el odio tenga un micrófono y un escenario en cada plaza del país.

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Información adicional:

Marco Legal Chileno sobre Discursos de Odio

La legislación chilena aborda el tema de los discursos de odio desde diversas normativas:

1. Ley N° 20.609 (Ley Zamudio): Promulgada en 2012, esta ley establece medidas contra la discriminación y busca garantizar que ninguna persona sufra discriminación arbitraria por motivos como raza, etnia, religión, orientación sexual, entre otros. Aunque no tipifica específicamente el discurso de odio, proporciona herramientas legales para combatir actos discriminatorios

2. Código Penal: Contempla sanciones para quienes promuevan públicamente el odio o la hostilidad contra personas o grupos en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad.

3. Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información: Esta ley establece que se sancionará a quienes, por cualquier medio, promuevan el odio u hostilidad hacia personas o grupos por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad.

Casos Relevantes en Chile

Existen antecedentes en Chile donde discursos emitidos por líderes religiosos han sido objeto de controversia y acciones legales:

• Te Deum Evangélico de 2012: Durante este evento, líderes religiosos emitieron discursos considerados discriminatorios hacia la comunidad LGBTQ+. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) repudió estos mensajes, calificándolos de «cargados de odio y violencia».

• Caso del Pastor Javier Soto: En 2014, el pastor Soto fue condenado por el Primer Juzgado de Garantía de Santiago por ofensas y discursos de odio contra activistas LGBTQ+. Este fallo fue histórico al diferenciar la libertad de expresión de los discursos de odio, estableciendo precedentes sobre la responsabilidad de líderes religiosos en la promoción de mensajes discriminatorios.