Editorial. Chile tiene prioridad.

El plebiscito del 4 de septiembre dejó algo absolutamente claro: La inmensa mayoría de la ciudadanía, cualesquiera sean las razones que se tengan a la vista para explicar el resultado, rechazó la propuesta de nueva carta fundamental elaborada por la tan cuestionada Convención Constituyente. Esta definición, sin embargo, no puede ser separada de un punto anterior: También, una inmensa mayoría ciudadana marcó en su momento la opción que declaraba su voluntad de tener una nueva Constitución y asimismo su voluntad de que ésta fuese elaborada con amplia participación ciudadana.

El solo hecho de que los convencionales electos hayan hecho mal su trabajo y se hayan excedido absolutamente de lo que era la naturaleza del mandato popular, razón por la que fueron reprobados, no quita validez ni vigencia a los puntos iniciales planteados inicialmente.

Es obvio que si se atiende al marco que fue fijado a la Convención el “rechazo” implicaba poner marcha atrás, constituye una interpretación absolutamente forzada y abusiva pretender entender que el país deseaba restablecer la carta fundamental de 1980 con sus modificaciones posteriores. Lo que es claro es que el proceso queda ahora entregado a la institucionalidad vigente y que, por ende, es de responsabilidad del Congreso Nacional – Senado y Cámara de Diputadas y Diputados – definir el camino a seguir desde el punto de vista formal pero con el respeto pleno a la participación ciudadana.

Cuando ha transcurrido más de un mes desde el plebiscito de salida, las gestiones políticas pertinentes se han enredado hasta tal punto que algunos han planteado la necesidad de replantear la cuestión inicial volviendo a consultar al electorado si realmente quiere o no una nueva Carta, lo que termina siendo inútil e inconducente.

Nos encontramos en un instante álgido pero sería absurdo no reconocer que existe un material variado y sólido sobre el cual trabajar y que está contenido en el proyecto enviado por la presidenta Bachelet al concluir su período y por el propio proyecto ahora desechado.

A nuestro juicio, una comisión técnica plural bien podría dar forma a un texto parcial que recogiera y redactara adecuadamente los puntos sobre los cuales hay un relativo consenso, y a la vez definiera los temas clave de disenso para llevarlos a una nueva Convención, organismo representativo que, para el caso de no llegar a acuerdos simplemente entregara opciones alternativas que en su momento fueran sometidas directamente al juicio ciudadano.

Eventualmente, pueden presentarse caminos distintos para encauzar el problema los que pueden ser absolutamente legítimos y válidos y, de presentarse, deberían ser estudiados. Pero, lo que no resulta aceptable en manera alguna es que el país se vea enfrentado a una discusión sin límites en la cual las colectividades políticas y los parlamentarios que las representan pongan atención preferente a la defensa de sus intereses y de sus posiciones de poder en desmedro de las demandas ciudadanas que exigen respuestas urgentes.