EDITORIAL. El caso de los niños haitianos

La última semana periodística ha estado ocupada por el sostenido cantidad indeterminada de niños de origen haitiano, cuyo destino en Chile, según se ha denunciado, sería absolutamente desconocido tanto para los organismos policiales como para autoridades de gobierno, municipios diversos, servicios públicos que – por ley – tienen la obligación ineludible de preocuparse por su integridad física y moral. El número de los  “desaparecidos” se desconoce y qué sucedió  con ellos es también una incógnita.

El diario El Mercurio ha sido consecuente con su línea tradicional de defensa inclaudicable de los derechos humanos, como puede comprobarlo quienquiera que se dé el tiempo indispensable para revisar las ediciones correspondientes al período 1973 – 1989. Ahora, editorialmente, tras informar en sus páginas noticiosas, ha fijado  su posición frente a este problema señalando textualmente que “ la situación exige una investigación El principio  editorial, si bien es loable, se contradice con los textos  de las informaciones al respecto, las que tienen un notorio sesgo tendiente a sembrar sospechas en la opinión pública.

En verdad, si se quiere ser honesto en el tratamiento de la información, tanto en este caso como en otras situaciones asimilables, es moralmente obligatorio entregar al lector todos los elementos que configuran “el caso”, tanto los que llevan a determinar las responsabilidades personales (y políticas o administrativas) que emanan de la situación como asimismo los puntos o elementos que las aminoran o extinguen.

Si se quiere ser objetivos en el tratamiento de los hechos que configuran el caso, resulta ineludible constatar que en este caso ha habido notorias fallas en el necesario cumplimiento de las obligaciones y deberes tanto de parte del personal de carrera que cumplía obligaciones en territorio haitiano como del personal administrativo que, según los antecedentes disponibles, estaba obligado   efectuar los controles de inmigración pertinentes.

Es, a todas luces, muy evidente que el asunto en cuestión es muy complejo. Por una parte, tenemos la situación de un pequeño país caribeño devastado por un grave y prolongado conflicto interno, sin visos de solución en el corto plazo, lo que ha llevado a la emigración forzada de un porcentaje importante de su población. Por otro lado, la situación nuestra, un país que aparecía ante los ojos de América como un territorio limitado y con una población con escaso crecimiento que recibía inmigrantes que le eran necesarios. Acogerlos resultaba no solo algo necesario sino ineludible como lo ha demostrado el desarrollo de las ciudades y el cumplimiento de múltiples tareas de servicio en diversos campos de la actividad económica.

Es, entonces, una solución indispensable para nuestro propio crecimiento y que no debiera llamarnos a escándalo. Sin perjuicio de lo dicho, nada excusa eludir la normativa vigente y tratar a los  inmigrantes como personas de segunda clase y, consecuentemente, perseguir las responsabilidades de quienes pretendieron saltarse las normas aplicables a estos casos.

Utilizar la legalidad vigente como un arma política que pudiera generar beneficios  electorales, resulta injustificado. Pero, lo dicho no puede obstaculizar la persecución, en su momento, de las responsabilidades que correspondan.