Editorial. Entre la razón y la sinrazón.

Los plazos ya están determinados: quedan setenta y un días para que la Convención Constituyente dé término a su trabajo de un año y, posteriormente, otros sesenta y un días para la realización del “plebiscito de salida”.

Ambas etapas tienen sus propios bemoles y, por lo tanto, sería bastante irresponsable comportarse como si los problemas no existiesen, no prestando la suficiente atención a estos dentro de los acotados tiempos disponibles debiendo desde ya proveer soluciones para desafíos que son trascendentes.

El cierre del trabajo de elaboración constitucional nos entregará un documento que está llamado a regir y condicionar la vida del país durante las próximas décadas. A los ojos de cualquier observador el documento que la madre constituyente dará a luz tendrá mayor viabilidad en la medida en que sea capaz de interpretar el sentir de una clara mayoría. No obstante, es un hecho indiscutido de la causa que el casi 80% de la voluntad ciudadana que expresó su voluntad de tener una nueva carta fundamental no está vigente a la fecha y, por diversas razones y en variados temas específicos, muchas personas tienen fundadas reservas y cuestionamientos a la forma en que se ha desarrollado la faena encomendada.   

Hoy por hoy, hay un elemento de análisis que no puede ser soslayado. Desde el inicio del proceso, los sectores más retardatarios de la sociedad han actuado soterradamente en un trabajo pertinaz, día a día, de desprestigio del organismo. Y, lo curioso es que desde el seno mismo de éste se han hecho los aportes necesarios para alimentar esta campaña. Una mayoría populista, ideológicamente fanatizada, ha pensado que esta es la oportunidad para ir a la refundación del país extremando posiciones y sin prestar la debida atención al querer concreto de las personas. La moción de una constituyente proponiendo la abolición total de todas las instituciones vigentes (que felizmente fue rechazada por unanimidad incluso con el propio voto de la autora) es el ejemplo palpable de la ligereza con que algunos han tomado sus responsabilidades.

A nuestro entender, hay dos pasos indispensables que deben ser dados con la inmediatez que exigen las circunstancias. Las nuevas comisiones de Preámbulo, Normas Transitorias y particularmente la de Armonización, requieren ser facultadas para efectuar una revisión sustantiva de la propuesta que será plebiscitada el 4 de septiembre próximo. Asimismo, desde ya deben ser elaboradas las bases para concretar un debate serio y maduro en los dos meses que se han considerado. Pretender conducir el proceso hacia una confrontación burda entre las opciones “sí” y “no”, sin razones ni fundamentos, implica perder una oportunidad histórica de hacer verdadera pedagogía cívica.

Resulta preocupante constatar que muchos pretenden, de lado y lado, que la definición de septiembre esté marcada por el temor.

Los grupos y sectores que han cuestionado el eventual nuevo orden constitucional se han empañado en afirmar que éste implicará la pérdida de la propiedad privada, la expropiación de los fondos previsionales, la instauración de crecientes restricciones a la libertad de prensa, la desaparición de la libertad de enseñanza, el desincentivo a la inversión privada, entre otras cosas.

Por otra parte, el sector dominante de la Convención ha notificado al país, en palabras de Jaime Bassa, que tras un hipotético triunfo del rechazo podría sobrevenir un conflicto social y político de grandes proporciones.

 El país no debe soportar ser sometido a la obligación forzada de tener que definirse en función del amedrentamiento de cualquier signo. Es indispensable recuperar la racionalidad. Y en ese terreno, recae sobre los hombros de la propia Convención Constituyente la responsabilidad de despejar el camino entregando una propuesta sensata que junto con desatar los nudos cruciales del ordenamiento vigente, permita y aliente una convivencia civilizada.