«La ciudadanía tiene el deber y el derecho de cuidar la democracia, salir al paso de cualquier posibilidad de extremos que pongan en peligro las libertades públicas. Digamos nó a la amenaza de fascismo en Chile , votar y votar bien, es nuestra responsabilidad.«

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Editorial. Estados de excepción constitucional.

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

El Gobierno ha decretado “estado de emergencia” para provincias de las regiones del Bío Bío y de la Araucanía. Conforme a lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Política de la República, este estado de excepción constitucional procede “en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación” y no podrá extenderse por más de quince días sin perjuicio de que el Presidente pueda prorrogarlo por igual período. Para nuevas prórrogas, el Presidente requerirá siempre el acuerdo del Congreso Nacional. Una vez declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente debiendo informarse al Congreso de las medidas adoptadas.

Lo señalado anteriormente corresponde a las bases constitucionales que sustentan esta situación. La sorpresiva determinación del Ejecutivo fue informada privadamente a los presidentes de los partidos políticos de la coalición gobernante y responde, es evidente, a la crecientemente conflictiva realidad del área considerada.

Para un adecuado análisis del problema, debe tenerse presente que la escalada de violencia en estos territorios lleva ya bastantes años pero se ha incrementado notoriamente durante este Gobierno ante la inacción de una autoridad que no atina o no quiere comprender el carácter político, cultural y social de éste.

Es probable que las históricas demandas del pueblo mapuche estén hoy contaminadas por acciones delictivas vinculadas al robo de madera e incluso a grupos de narcotraficantes pero ello no puede desdibujar la naturaleza de lo que está sucediendo.

Se ha visto un constante recambio de los funcionarios gubernamentales responsables del orden y la seguridad. Se han enunciado ambiciosos programas de inversión pública que no se han cumplido. Se han designado sucesivos delegados presidenciales para la macrozona cuya labor, al parecer, no ha ido más allá de la interposición de querellas “contra quienes resulten responsables”. Sin embargo, los hechos continúan repitiéndose inexorablemente.

Al hacerse pública la determinación comentada, ha llamado la atención el hecho de que dirigentes políticos y gremiales e incluso agrupaciones de quienes declaran ser víctimas de tomas, usurpaciones e incendios han declarado sin tapujos que no ven en la respuesta del Ejecutivo sino meras cortinas de humo destinadas a encubrir su ineficacia.

La resolución ha sido muy improvisada. Mientras alcaldes de la provincia de Bío Bío protestan pues aseguran no haber sido jamás víctimas de ningún atentado, las autoridades de la Región de Los Ríos reclaman por no haber sido considerados al fijar el ámbito de la decisión.

Además, es claro que al actuar de esta forma no se ha tenido ninguna visión de futuro, ni siquiera de corto plazo. La mera designación de los jefes militares a cargo de la zona y la asunción de sus funciones, han ocupado la mitad de la primera quincena siendo improbable que en el lapso restante se alcance un nivel mínimo de control. Por otra parte, es claro que el Congreso no autorizará prórrogas adicionales más aún si ello se considera incompatible con la realización de las elecciones del 21 de noviembre.

Los problemas políticos exigen respuestas y soluciones políticas.  Los actores comprometidos no son solo el propio Gobierno y los pueblos afectados, sino también las empresas forestales que son parte esencial del problema.

Las medidas definidas podrán ser útiles para salir del paso pero el problema real subsistirá mientras no haya capacidad de diálogo y voluntad de construir soluciones.      

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