Editorial: La indispensable racionalidad

Se ha dicho – y parece que así fueran las cosas – que una característica distintiva de las especie humana es su racionalidad, esto es su facultad intelectual de actuar con ciertos niveles de lógica que le permiten a cada individuo discernir no solo entre lo bueno y lo malo sino entre lo conveniente y lo inconveniente, entre lo útil y lo inútil, entre lo seguro y lo riesgoso.

En el marco de esa perspectiva, resulta evidente (y no creemos que sea necesario recurrir a complejos argumentos para demostrarlo) que en una sociedad cualquiera la realidad plantea una variedad de problemas cada uno de los cuales aflora con mayores o menores niveles de intensidad de acuerdo a las circunstancias concretas que plantea el día a día.

En este tiempo, la agenda informativa está centrada en la pandemia, y el análisis del problema sanitario global, con sus secuelas humanas, sociales y económicas, copa el campo de las preocupaciones no solo de la institucionalidad pública sino de las diversas expresiones de la sociedad civil.

Sin embargo, esa preocupación urgente e indiscutiblemente prioritaria no puede llevarnos a dejar de lado asuntos graves e importantes que corren por sus propios carriles y que, puede preverse, adquirirán relevancia no bien se perciba que el ataque viral haya disminuido en algo su intensidad.

De acuerdo a lo dicho, cabe preguntarse: ¿La pandemia puede ser un argumento para dejar de lado el doloroso problema de la niñez dañada y abusada y de la imperiosa necesidad de transformar en algo concreto el eslogan de “los niños primero”? ¿La pandemia puede ser una excusa para prestar nula atención al problema con nuestros pueblos originarios y para dejarlo que se agrave día a día mostrando absoluta incapacidad para abordarlo en sus aspectos políticos, sociales, culturales y de integración, todos indispensables para construir una nueva realidad?  ¿Es posible que, so pretexto de la pandemia, se persista en abandonar toda preocupación sensata por un proceso constituyente que debiera traducirse en principios y normas que regulen la convivencia de una sociedad sustantivamente democrática?

No resulta simpático decirlo pero se percibe en la ciudadanía un sentimiento de frustración anímica que está definido por dos ejes simultáneos: por una parte, la perpetuación de una sociedad de clases, profundamente fragmentada, marcada por el abuso sistemático, y, por otro lado, la notoria incapacidad del sistema político y sus actores para dar respuestas efectivas  que vayan más allá de frases huecas y vocerías comunicacionales.

Precisamente por eso, resulta indispensable entregar un mensaje convincente que explicite por qué razones, el aprobar nuevas normas que regulen la convivencia social es trascendente para nuestro futuro.

El emergente proceso constitucional no puede ser dejado de lado con argucias (no corresponde usar la palabra “argumentos”) tan simplonas como que en las encuestas esta reforma no aparece entre las preocupaciones más señaladas por la gente. Las intentonas por diferir una discusión que lleva décadas sobre el tapete solo revelan la nula voluntad de los sectores cuyos privilegios se encuentran amparados por la actual normativa, para abrir las puertas a un nuevo esquema de relaciones sociales fundado en el respeto irrestricto a los derechos de las personas y en principios elementales de justicia, participación y solidaridad.

Existe el riesgo de que el proceso de elaboración de una nueva carta fundamental quede al arbitrio de mentalidades populistas que pretenden claramente sustituir un modelo excluyente y autoritario por otro semejante pero de signo contrario. De ahí la necesidad imperiosa de que, desde ya, se trabaje en la definición de procedimientos que aseguren un debate serio que supere la demagogia coyuntural.

Hasta ahora, ha habido notoria debilidad en el diseño y ordenamiento de la discusión. Es el momento de entrar a la definición de los temas fundamentales que estarán en juego y en este terreno la concurrencia de una pluralidad de actores académicos resulta indispensable. 

Obviamente, una nueva Constitución no solucionará los requerimientos y desafíos que enfrenta el país, pero sí abrirá un cauce para un abordaje democrático de ellos. Pero, una mala Constitución será una fuente permanente de conflictos y, bien lo enseña la historia, su exacerbación puede tener graves y prolongadas consecuencias.