«Aquellos o aquellas que creen que la política se desarrolla través del espectáculo o del escándalo o que la ven como una empresa familiar hereditaria, están traicionando a la ciudadanía que espera de sus líderes capacidad y generosidad para dar solución efectiva sus problemas.»

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EDITORIAL. La mala educación

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

En estos días se está discutiendo el proyecto de ley de Ingresos y Gastos del Sector Público para el año 2023 presentado por el Presidente de la República para la consideración del Congreso Nacional.

De acuerdo a la normativa vigente, el Parlamento no podrá alterar la estimación de ingresos hecha por el Ejecutivo y no podrá aumentar las diferentes partidas de gastos consideradas en la iniciativa pero sí podrá reducirlas. Sobre la base de esos principios, ya se ha hecho tradicional que determinadas mayorías parlamentarias reduzcan algunos ítem a montos ínfimos ($ 1) con el fin deliberado de presionar al Gobierno y negociar acuerdos de su interés. Cabe recordar que hace más de un década se aplicó esta fórmula en cuanto al financiamiento del Transantiago y, ahora, para negarle los recursos al Instituto de Derechos Humanos y al Museo de la Memoria. 

Todos los gobiernos, a través del proyecto de presupuesto que presentan, buscan poner los énfasis en los puntos que han privilegiado en su programa o para relevar el gasto o la inversión en materias que la coyuntura política y social exige con mayor premura, fijando las preferencias del caso. Como los recursos fiscales son limitados y las necesidades que deben ser atendidas son muchas, esta priorización es indispensable y a quienes detentan el ejercicio del poder les corresponderá asumir, para bien o para mal, las consecuencias de sus decisiones.

Así, en el caso presente, el mandato de Boric obviamente pondrá el acento en orden y seguridad públicas, en seguridad social (pensiones), en vivienda y en salud, áreas que constituyen a primera vista la principal preocupación de la ciudadanía.

Sin embargo, más allá de los temas enunciados, que están permanentemente sobre la mesa y que casi siempre son enfocados con un alto nivel de conflictividad, hay un tema mayúsculo que se arrastra año tras año, gobierno tras gobierno, y que lamentablemente compromete a fondo el futuro de nuestro país: LA EDUCACIÓN.

De acuerdo a información entregada por el propio ministerio del ramo, 50.529 estudiantes han abandonado el sistema escolar y nada menos que 1.239.330 registran niveles graves de inasistencia.

Ante esta realidad, que debiera golpear con fuerza la conciencia general de nuestra sociedad, el camino fácil es el de deslindar responsabilidades y buscar culpables a los cuales apuntar con el dedo. Acusar al estallido social y sus derivaciones consecuentes; al cuadro sanitario generado por la pandemia; al profesorado y sus organizaciones gremiales; a la ineptitud de los sucesivos ministros; a la ineficacia de los sostenedores y en particular de los municipios; es la manera liviana e irresponsable de abordar el asunto. En cada uno de los ítems mencionados recae una cuota de culpabilidad y tales cuotas terminan configurando casi la totalidad del problema.

El problema técnico – pedagógico es de por sí muy complejo y asumir reformas sustantivas en cuanto a programas, contenidos, metodologías, es algo que requiere naturalmente una implementación paulatina pero lo que es absolutamente inaceptable es que los niños chilenos se alejen del sistema educacional ya sea porque los locales escolares presentan deficiencias en infraestructura (techumbres, ventanas, baños, calefacción…) o porque carecen de los medios para trasladarse hacia el establecimiento (población rural).

Sin duda, nos encontramos ante una emergencia y por tanto se requieren respuestas de emergencia.

 El artículo 32 de la Constitución vigente, en su numerando 20, permite realizar giros no considerados en el presupuesto, hasta por un 2% de los gastos totales, lo que es una suma enorme, para atender situaciones excepcionales. Con cargo a estos recursos, que debiesen obtenerse de la revisión y ajuste de programas permanentes mal evaluados, podría concretarse un plan de acción mediante el cual los municipios y otros sostenedores ejecuten en plazos determinados las obras o contraten los servicios necesarios.

Si el Gobierno logra dar este primer paso de la EDUCACIÖN y ponerlo en el corazón mismo de sus preocupaciones y en la conciencia de la sociedad, habrá roto la barrera de frena toda esperanza. Cada niño que le restamos al sistema escolar, es un candidato a la vagancia, al trabajo infantil, a la droga y al delito.

Chile reclama respuestas urgentes que generen una nueva actitud de los cuerpos docentes y paradocentes, de las familias, de los sostenedores, para motivarnos e integrarnos, superando las graves heridas sociales que nos aquejan.          

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