«La ciudadanía tiene el deber y el derecho de cuidar la democracia, salir al paso de cualquier posibilidad de extremos que pongan en peligro las libertades públicas. Digamos nó a la amenaza de fascismo en Chile , votar y votar bien, es nuestra responsabilidad.«

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Editorial. Por los caminos de la violencia.

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

Los conceptos de “sociedad” y “comunidad” catalogan a diversos grupos humanos pero expresan concepciones sustancialmente distintas. Mientras la ideación de “sociedad” implica una agrupación de individuos que por diversas circunstancias geográficas, raciales, históricas, se agrupan y adoptan decisiones para regular la existencia y la supervivencia conjuntas, la “comunidad” constituye la expresión de un animus de convivencia, en un clima de respeto mutuo y de participación en el usufructo de bienes comunes, materiales o inmateriales.

En uno y otro caso, la organización reclama la constitución y reconocimiento de una autoridad que, por la experiencia derivada de su ancianidad, por su fuerza y vigor, por la racionalidad y sensatez de sus decisiones, por la relación con la divinidad que se le atribuye, es debidamente respetada por los integrantes del conjunto social. Sin ese orden, impuesto o elegido, las perspectivas de defensa o de supervivencia y desarrollo, terminan siendo inviables. La milenaria historia de los pueblos así lo demuestra.

El poder por parte de la autoridad puede ser ejercido en función de los intereses y bienestar de la agrupación humana que preside, o en su propio beneficio personal o familiar, o en provecho de un estamento privilegiado (nobleza, clero…) o, finalmente, en pro de grupos de presión empresariales, financieros, gremiales, partidarios, etc.

La democracia liberal, en teoría, estaba llamada a ampliar la base de generación del poder, extendiéndola, con requisitos mínimos, a la masa global de los ciudadanos y, también, a impedir las desviaciones del poder expresadas en los abusos y arbitrariedades. Esta delimitación de la autoridad a la par con el reconocimiento de los derechos de las personas, debiese encauzar la vida común por el camino del diálogo, de la tolerancia, de la aceptación del “otro” y de la diversidad.

En este cuadro, los países tienen dos vías para caminar: o se opta por avanzar en el marco de una determinada institucionalidad sujeta a ciertas normas comunes a las cuales todos se sujetan, o se elige el camino de la fuerza y de la agresión buscando por la vía de la violencia lo que no se logra a través de las sendas democráticas.

Absurdo sería negar que los sectores privilegiados dentro de una sociedad y que han construido un sistema jurídico destinado a proteger sus intereses, serán naturalmente reacios a todo cambio que les perjudique, pero ¿la sola constatación de esta situación de hecho debe encaminarnos por senderos de violencia?

La democracia lleva en sí misma los medios indispensables para evitar los abusos e injusticias, pero para lograrlo requiere la formación de una conciencia colectiva sobre la naturaleza de los problemas, las causas que los originan, las herramientas políticas para enfrentarlos, terrenos en los cuales radica la responsabilidad primaria de los partidos políticos y de las organizaciones sociales. Si estos evaden la tarea de formación cívica ciudadana y, por negligencia, comodidad o complicidad, se transforman en defensores del “(des)orden establecido”, las consecuencias serán graves.

Si los actores relevantes de determinadas entidades persisten en una actitud pasiva, contribuirán a dar muerte a su democracia interna al negarse a escuchar el clamor no solo de sus integrantes o militantes sino de la población en general.

Nuestro país está viviendo un clima de extremas tensiones derivadas de factores que han sido señalados en oportunidades anteriores. La violencia se expresa a diario en las injusticias, en la discriminación, en la pobreza indignante que atropella la dignidad de las personas, en el casi imposible acceso oportuno a la salud, en la desnaturalización de los procesos educacionales, en las inequitativas normas penales, en la condena de los adultos mayores a una vida precaria, etc., etc.

Tales condiciones explican la respuesta manifestada en el creciente uso de la violencia física y verbal contra quien piensa distinto o tiene acceso a mayores bienes o ingresos.

Es imposible imaginar un futuro de convivencia civilizada si antes no somos capaces de eliminar las barreras y nudos que frenan nuestra vida en comunidad. La afirmación de Carl Schmitt, ideólogo preclaro del nacional socialismo, en cuanto a que “la esencia de lo político radica en la adecuada distinción entre el amigo y el enemigo” no puede tener cabida entre nosotros.

Crear una cultura de respeto mutuo, abrirnos al diálogo con aquél que piensa distinto, estar dispuestos a ser privados de inmerecidos privilegios para aportar al reconocimiento de la dignidad humana, son tareas ineludibles que debiéramos estar dispuestos a asumir de inmediato. ¿Será ello posible?

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