EDITORIAL. Problemas y soluciones.

Todas las sociedades están condenadas a sufrir permanentes problemas que condicionan su devenir. Es propio de la naturaleza humana que vivamos en un estado de permanente insatisfacción no solo por nuestras carencias materiales sino que, también, por nuestros déficits morales e incluso afectivos.

La forma en que enfrentemos tales cuestiones es trascendente, ya que las soluciones que se propongan e implementen pueden traducirse en avances hacia etapas superiores de la vida comunitaria mejorando la convivencia entre los diversos actores individuales o grupales, o, por el contrario, agudizando los desencuentros y llevándolos al nivel del conflicto que daña gravemente la interrelación entre los diversos sujetos.

El caso de Chile, puede ser estimado ejemplar, no porque sirva de modelo de gestión política que otros debiesen imitar, sino que, por el contrario, por enseñarnos la manera en que no deben hacerse las cosas.

La confrontación de diversos y antagónicos puntos de vista, no solo de opinión o ideológicos sino fundamentalmente económicos, sociales y culturales (en cuanto a la distribución y reparto del acervo de bienes materiales e inmateriales que constituyen lo que podríamos denominar “el patrimonio de un país”) se resuelve, en una democracia, a través de una ficción que iguala a todos los individuos como actores de la res publica para luego decidir conforme a la regla aritmética de la mayoría.

Sin embargo, lo dicho corresponde al aspecto meramente formal del sistema político ya que la democracia demanda un compromiso vital, esencial, que implica respeto a los derechos de los demás, y capacidad de renuncia parcial de las convicciones e intereses propios en aras de la preservación del bien común. Ello implica sacrificios, sin duda, en función del bien común, renunciamiento que será mayor para quienes más tienen y menor para para los sectores vulnerables y carenciados.

La crisis por la cual atraviesa nuestra sociedad, se resolvió de la peor forma. Dando por cierto que la amplia gama de los problemas estaba generada por el documento que definía nuestra institucionalidad y derechos fundamentales – la Constitución Política de la República – se pretendió la imposición de criterios identitarios y partisanos de unos sobre otros y de los otros sobre los unos, agudizando la grave fractura del cuerpo social.

Este lunes 29 de octubre debiera quedar definido el proyecto de carta fundamental que será sometido el 17 de diciembre a la decisión plebiscitaria de la ciudadanía. Diversos estudios de opinión preanuncian el triunfo de la posición “en contra”, aunque se ha iniciado ya una fuerte campaña, a través de sucesivas encuestas, entrevistas y publicidad fuera de los plazos legales, para torcer esa voluntad y lograr el apruebo de lo que se ha llamado “la constitución republicana”.

Con las cartas sobre la mesa, tan posible es la victoria de unos o de otros, como la alternativa de un resultado estrecho con fuerte cantidad de votos blancos, nulos o de abstenciones.

¿Es esto lo que quería el país?

La tozudez irracional que ha impedido construir una “casa común” nos llevará  a una lamentable situación que perpetuará la incertidumbre y nos impedirá avanzar por un camino de justicia y equidad. Los responsables, de ayer y de hoy, cuyos nombres la historia no destacará, ocultarán su rostro y volverán a la cerrazón de sus identidades o al goce de sus intereses y privilegios.

Habremos perdido el tiempo, dinero y, lo que es peor, habremos profundizado las heridas que vive el país.