Editorial. Reloj, no marques las horas.

El proceso constituyente está a punto de culminar su trabajo. Las horas y los días han seguido transcurriendo y la ciudadanía tiene a su disposición un texto “en borrador” que, repetimos, se encuentra a la espera de la labor encomendada a tres comisiones póstumas: de Preámbulo, de Armonización y de Normas Transitorias.

Resulta extraño e incluso algo insólito, el solo hecho de constatar que las esperanzas cifradas en la última etapa de la Convención, se hayan ido diluyendo y que, cuando falta escaso tiempo para poner cierre al trabajo encomendado, afloren nuevos problemas y preocupaciones.

En algunos muros y especialmente en las redes sociales, han aparecido variados eslóganes que tratan de simplificar y polarizar el debate, todo ello expresado en un sorprendente dilema: “Apruebe, para reformar” versus “Rechace, para reformar”.

Es claro que el trabajo constituyente ha sido deficiente e insatisfactorio, estando marcado por una híper ideologización, un afán programático refundacional, una carencia absoluta de capacidad para medir los costos y consecuencias de lo que se está aprobando.

No deja de sorprender que la Comisión de Preámbulo haya desechado propuestas y alternativas disponibles que aparecían como razonables y convocantes, que no entrañaban compromisos ideológicos partisanos y que naturalmente llevaban al ciudadano común a mirar con otros ojos lo que se estaba poniendo a su disposición. Se optó, tal como en el borrador, por reafirmar proclamas que incluso aparecen como panfletarias y que, en consecuencia, dañan y desprestigian la motivación central. Por su parte, la Comisión de Armonización, aparte de enmendar un sinnúmero de errores ortográficos, de puntuación, de redacción, de impropiedades en el uso del lenguaje (todo esto propio de un trabajo colectivo de esta naturaleza), a la fecha aún no ha finiquitado su labor en aspectos sustantivos.

A la fecha, el problema más agudo se presenta en torno a la Comisión que está elaborando la normativa transitoria, es decir las disposiciones destinadas a acoplar la institucionalidad vigente y la institucionalidad proyectada. En esta materia, el Contralor Jorge Bermúdez sorprendió al opinar (fuera del ámbito de sus atribuciones y responsabilidades) que la transición podría realizarse a través de decretos presidenciales, contando de inmediato con el apoyo de diversos convencionales y del ministro Giorgio Jackson. Aunque Bermúdez aclaró que se refería únicamente a los aspectos administrativos del proceso, el rechazo fue generalizado. Se hizo presente que solo las dictaduras y los regímenes autoritarios en general, gobernaban mediante decretos – leyes, lo que fue reiterado por el propio presidente del Senado que rechazó categóricamente la idea.

El “fin de fiesta” ha estado empañado también por varias ideas a todas luces inaceptables.

Una, procedimental pero de particular gravedad, es el intento frustrado de grupos de convencionales que pretendieron reponer por la vía de las normas transitorias algunas disposiciones de fondo que ya habían rechazadas. Esta actitud significa un claro menosprecio del marco reglamentario que la misma Convención se dio en su oportunidad y muestra la carencia de respeto por principios democráticos básicos.

La otra, a la que hicimos referencia en oportunidades anteriores relevando su trascendental importancia, es la relativa a las disposiciones que harían posible la modificación de la Constitución si eventualmente esta se aprobaba. En una propuesta sorprendente, los mismos que han condenado el quórum supra mayoritario establecidos en la Constitución de 1980 (y que según Jaime Guzmán permitían dejar todo “atado y bien atado”) proponían ahora que durante los próximos cuatro años el nuevo entramado no pudiera ser modificado sino con quórum mínimo de los 2/3.

Aunque todos concuerdan en que ha llegado la hora de que la comunidad política entre en razón, los hechos del presente han ido levantando una barrera difícil de franquear.

En las próximas jornadas los conflictos se agudizarán y, al parecer, no será posible concordar una salida que destrabe los conflictos que están sobre la mesa y dé al país una Constitución que garantice democracia efectiva, justicia, solidaridad y dignidad.