Editorial: Un confuso incidente
Ha sido frecuente que la autodenominada “prensa seria”, cada vez que se ve enfrentada a hechos luctuosos que comprometen a sectores políticos afines o a los grupos de interés a los que históricamente defiende, se apresure en calificar lo sucedido como “un confuso incidente”.
El viernes 5 de febrero, en la pequeña localidad de Panguipulli, se produjo el homicidio del joven malabarista callejero Francisco Andrés Martínez Romero (27). De acuerdo a los antecedentes publicados, el hechor sería el sargento segundo de Carabineros, Juan Guillermo González Iturriaga.
Según editorial de “El Mercurio” (09.02.2021), el hecho ha dado origen a “un confuso debate público” precisando que “aquí se está juzgando penalmente la concreta conducta de un carabinero” y, por lo tanto, debe evitarse “un enjuiciamiento genérico” a la institución de la cual el funcionario forma parte.
A primera vista, el razonamiento resulta impecable tal como sería el caso en que se pretendiera imputar responsabilidad a la Iglesia como entidad por la actuación delictiva de algún sacerdote. Sin embargo, la falacia (“engaño, fraude o mentira”, o “hábito de emplear falsedades”, según el Diccionario) resulta evidente. Si las acciones u omisiones pecaminosas o derechamente delictivas son más que frecuentes y, por añadidura, son amparadas, encubiertas, ocultadas o justificadas sistemáticamente por la institución, la construcción teórica se desvanece y deja en evidencia sus debilidades estructurales.
Lo ocurrido en Panguipulli es claro: Un video incuestionado muestra cómo sucedieron los hechos y numerosos testimonios permiten definir el contexto.
La víctima, un artista callejero como hay miles en el país, utilizaba para su actuación unos sables que pudieron ser vistos como “armas blancas” o como “aparatos de utilería”. Sus presentaciones las realizaba desde hacía varias semanas en la vía pública y ante decenas de curiosos. Más aún: funcionarios policiales en ocasiones anteriores le habían donado alimentos. Al lugar, concurrieron cuatro carabineros en razón de haber recibido reclamos sobre algunos mochileros que molestaban a la gente pidiendo dinero, según señalan. Se pretendió efectuar control de identidad al joven (quien padecía leves problemas de salud mental) a lo que este se negó encarando con sus “armas” al policía. El funcionario disparó seis tiros que dieron en las piernas; en una caja metálica gris en que el malabarista se protegió; en el muslo; en el abdomen, y, cuando el insubordinado yacía en el suelo, directamente al tórax y a la región precordial. Según la institución policial “se ve un peligro inminente para la vida del carabinero” lo que justificaba su legítima defensa. Para el abogado querellante lisa y llanamente “se trató de una ejecución extrajudicial”. Los otros tres uniformados presentes, no intervinieron en los hechos, actitud que contradice el comunicado oficial. El Presidente de la República, desde una de sus residencias de vacaciones (Puerto Coique), en una ambigua declaración, pretendió cerrar el tema “lamentando la muerte del joven” y entregando su “respaldo y apoyo a Carabineros de Chile”. El Ministerio Público sostuvo que el último y fatal disparo era “innecesario” ya que excedía claramente la necesidad racional para repeler la agresión” precisando que el disparo impactó en el corazón “estando la víctima en el suelo”. ¿Habrá algo más que agregar? Cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que un sargento, acompañado de personal de apoyo, carezca de la capacidad de discernir frente a un tipo de evento que es de habitual ocurrencia?
Pero las detalladas circunstancias expuestas, no bastan.
A las pocas horas, se conoció el caso de Camilo Miyaki Salinas, detenido al mediodía en Santiago por transitar sin mascarilla ni salvoconducto. Llevado a la Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, es encerrado en un calabozo junto a otros dos detenidos. Luego, es trasladado a otro calabozo que constituye un “punto ciego” para las cámaras de vigiilancia. . A las cuatro de la tarde, su pareja concurre a llevarle alimentos y le informan que Camilo se ha suicidado. La policía ha incumplido los protocolos relativos al cuidado y protección de los detenidos y no existe razón alguna para que un detenido por problemas menores tome tan fatal decisión. Por otra parte, en Calama, el ciudadano boliviano Jaime Veizaga Sánchez es golpeado por dos carabineros quienes luego lo arrastran y abandonan fuera del Servicio Médico Legal, sin dar aviso a la Asistencia Pública, demora que acarrea su muerte. En los mismos días, se conoce el fallo de la Corte Suprema relativo al “suicidio” en la comisaría de Llay Llay del minero Luis Guillermo Beiza, el 3 de junio de 2013. Tras ser detenido, la Fiscalía dispone su libertad, orden que no se cumplió. Se ordena una segunda autopsia, constatándose que la víctima ha sido sepultado sin su corazón, órgano que nunca apareció.
Los relatos anteriores, muestran palmariamente que no nos encontramos frente a acciones individuales sino ante una cultura (o incultura) de impunidad. La corrupción en el seno de la policía uniformada, responsable de mantener la seguridad y el orden públicos, no se traduce solo en cuantiosas operaciones financieras sino que se arrastra desde los tiempos de la dictadura en que la siniestra Dipolcar se sentía con el derecho de apresar, torturar e incluso dar muerte mediante degollamiento a los opositores al régimen imperante.
Lo expuesto es de extrema gravedad.
La Ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar, en entrevista radial, ha declarado que es indispensable una “refundación” de la policía uniformada, dejando en claro que aquí no se trata de un mero cambio formal, de papel, sino de abordar un cambio total para lograr que las policías cumplan adecuadamente las funciones y responsabilidades que les corresponden en una sociedad democrática. Sus palabras motivaron la reacción del Alto Mando, entidad que, públicamente, en voz de su General Director Ricardo Yáñez, cuestionó a Rubilar en un acto que se encuentra en el límite de lo que podría calificarse como “deliberación política” la que les está expresamente prohibida por la Constitución y la ley.
Se configura de esta manera un difícil escenario que compromete el futuro de la democracia chilena. Pocas esperanzas se pueden cifrar en el Gobierno actual cuya incapacidad para construir soluciones de fondo a los problemas más críticos está fuera de discusión.
El abuso de poder de los Carabineros de Chile viene desde la dictadura, y continúa siendo utilizado en la actualidad, cuando se piensa que se está viviendo en una «democracia» y con una libertad ciudadana. Los acontecimientos de muertes innecesarias de ciudadanos chilenos, injustificadas y muy lejos del peligros de la vida de los carabineros que matan, símplemente por tener un uniforme y un arma de fuego. Y luego, no se aplica la justicia ni las investigaciones necesarias sobre esos asesinatos.
Es esta la defensa ciudadana chilena que se indicada en el juramento de los carabineros al obtener esa posición en el país?. Chile necesita que el Ministerio de Justicia realmente haga su trabajo, tal como lo indica la Constitución del país, y no lo que los políticos sigan evadiendo esa enorme responsabilidad que tienen para proteger a la ciudadanía. Los asesinatos indebidos e injustificados cometidos por Carabineros de Chile no deben seguir siendo encubiertos por el Gobierno, colocado en esas posiciones por la ciudadanía chilena.
Contundente y preciso el análisis de este editorial. Carabineros de Chile debe desaparecer como institución, no sin antes aclarase todos los delitos que han ocurrido dentro de ella y enjuiciar a los responsables de acuerdo a la ley.