Editorial. ¿Un país razonable?

En un momento dado de su historia, prácticamente todos los países del mundo han pasado por situaciones críticas que terminan influyendo de manera determinante en su porvenir. Las guerras – se ganen o se pierdan – constituyen los hitos más recordados pero también son trascendentes los conflictos internos que pueden terminar por consolidar una nación o por destrozarla.

Nuestro Chile transita hoy por uno de esos instantes decisivos pero solo el transcurso del tiempo nos podrá clarificar si en verdad estábamos enfrentados a un punto crucial de nuestra existencia o, enredados en una maraña agobiante de desafíos, dudas e incertidumbres, dimos una importancia exagerada a lo que estábamos viviendo.

Resulta ya habitual asumir una sobre-estimación de nosotros mismos, la que se refleja en los más diversos campos de la actividad nacional, atribuyéndonos lugares preeminentes que es muy probable que se encuentren bastante alejados de la realidad. El proceso constituyente que vivimos es un claro ejemplo de lo afirmado ya que con frecuencia caemos en la exagerada convicción de que una gran parte de los países del mundo está muy preocupada de lo que nosotros hacemos y de la forma en que resolvemos nuestros problemas.

En todo desafío constitucional está presente, de forma clara y expresa o de forma oculta y larvada, una pugna por el poder. No se trata solo de una definición meramente política sino de la determinación de los canales a través de los cuales se expresan los diversos sectores de la sociedad que manejan y controlan elementos que son incidentes en la gestión del destino común.

En palabras simples, el “antiguo régimen” – determinado por la Constitución de 1980 – marcó el predominio del poder económico y financiero al posibilitar su desarrollo sin límites y al pretender transformar derechos sociales que comprometían el interés de las grandes mayorías  – tales como la educación, la salud, la seguridad social – en negocios privados de ciertas elites de privilegiados. Y ahora, luego del trabajo de la Convención Constituyente, lo que se nos ofrece es una alternativa que busca emparejar la cancha poniendo precisamente el acento en la equidad propia de un país solidario. 

El fruto del trabajo de los convencionales es denso y complejo. Si bien su primera parte puede ser destacada como significativa en cuanto reconoce la preeminencia de todo el tramado que configuran la dignidad y los derechos de las personas, su segunda mitad, al ir avanzando en la formalización de la institucionalidad del Estado , cae en un prurito refundacional que puede llegar a ser impracticable.

La definición del ciudadano que debe tomarse en el próximo “plebiscito de salida” no es fácil. Una abrumadora mayoría quiere cambios sustantivos y así lo manifestó abrumadoramente en su oportunidad, pero, al día de hoy, existen serias objeciones al texto disponible. El solo dilema de que hay que “aprobar para reformar” o de que hay que “rechazar para reformar”, lo dice todo. Aunque en democracia las decisiones electorales pueden ser impuestas por un voto, está fuera de toda discusión que un resultado estrecho derivará en problemas de diversa índole.

Aunque las encuestas en torno al evento del próximo 4 de septiembre se han multiplicado, sus niveles de confiabilidad son escasos, más aún si se tiene en cuenta que el restablecimiento del “voto obligatorio” agrega una mayor cuota de incertidumbre al resultado.  

El país, el ciudadano común y corriente que vive de su trabajo diario, necesita recuperar ciertos niveles básicos de normalidad. No se trata de retroceder a un pasado que ya ha sido desechado sino de restablecer un equilibrio mínimo en el funcionamiento de la sociedad. La pretensión de imponer obcecadamente los puntos de vista propios por sobre los ajenos, causa un daño irreparable a la vida en comunidad. El lunes 5 de septiembre, cualquiera que haya sido el resultado, necesitamos seguir caminando juntos y para eso necesitamos ser razonables. No más que eso.