
EL ACUERDO, LOS DESACUERDOS Y LA CORRELACIÓN DE FUERZAS
Acuerdo por Chile: una consecuencia política del resultado del plebiscito
El resultado del plebiscito constitucional del 4 de septiembre representa una derrota estruendosa para la izquierda y centro izquierda. Entre los variados factores que condujeron a este fracaso: la falta de conducción política del proceso de la Convención, la falta de una estrategia que definiera objetivos políticos factibles y una acertada política de alianzas para conseguirlos, la incapacidad de asumir la envergadura del desafío político que se abordaba, una mayoría que se perdió en el laberinto de las demandas sectoriales, una comprensión insuficiente del momento político en el sentido que, en una democracia, después del estallido social venía la Política, con mayúscula.
Después de una derrota, las condiciones las ponen los vencedores y no los derrotados. Los derrotados mueren en la batalla o sobreviven en condiciones muy adversas, y están obligados a moverse en el terreno que dominan los vencedores. Esta verdad histórica no puede dejar de tenerse presente.
El nuevo estallido del 4 de septiembre modifica el escenario político y la correlación de fuerzas. Primero, sigue vigente la Constitución del 80. Segundo, el escenario se traslada al parlamento en donde radica el poder constituyente y esa es la cancha en donde queda radicado el juego político; está claro quién tiene mayoría en el Congreso. Tercero, para la ciudadanía el tema constitucional pierde relevancia frente a otras necesidades angustiantes, y adquieren cierta validez para una nueva Constitución el parlamento, los expertos, una menor cantidad de redactores constituyentes, un menor plazo, etc. Cuarto, el gobierno resulta también muy golpeado, disminuido con el resultado, su programa de reformas debilitado. Como resultado, hay una nueva correlación de fuerzas, desfavorable para la izquierda y la centro izquierda. La negociación se dio en esas condiciones.
Un acuerdo forzado y bajo la tutela del conservadurismo
El acuerdo es enrevesado, está orientado a mantener el órgano electo (Consejo Constitucional), sometido a un complejo entramado de contrapesos para restringir la libre deliberación en su interior. El órgano electo que redacta la Constitución está restringido a través de otros órganos y a través de los quórum. La derecha se ha encargado de tener un órgano redactor sometido y tutelado.
Cuando en el año 1885 llegó a Chile el coronel Emil Korner, contratado por el gobierno chileno con la misión de profesionalizar el Ejército, estudió la historia de Chile y en particular la estrategia militar de los araucanos contra los españoles. Sostiene en sus memorias, que era una estrategia errada de los araucanos dedicarse a celebrar las victorias brillantemente alcanzadas contra los españoles, al término de las batallas. Tal vez habrían vencido definitivamente a su enemigo, sostiene Korner, si en vez de dedicarse a la celebración se hubieran dedicado a perseguir al ejército derrotado, hasta aniquilarlo.
Algo de esto hay en la estrategia de la derecha. No decimos que su objetivo haya sido aniquilar al adversario, porque está utilizando las herramientas de la institucionalidad. Pero si, ante un adversario derrotado y disminuido, ha dispuesto un engranaje de tutelajes para asegurarse de dejarlo adormilado, que juegue un papel subordinado, y que no pueda afectar su rol de clase dominante. Así están concebidos los organismos del nuevo proceso:
Consejo Constitucional. Órgano principal, compuesto por 50 consejeros electos por la ciudadanía. Sus decisiones las toma con un quórum de 3/5. Para su elección se aplica el sistema electoral vigente para el Senado, compuesto por circunscripciones. Este es un sistema que sobre representa a las regiones, tratando de equilibrar la influencia de las regiones más pequeñas frente a las más grandes. Ese es el papel del Senado actual, representar a las regiones. No es un sistema proporcional, en base a la distribución demográfica de la población, es decir, a más población elige más representantes. El sistema de elección de los diputados, sí es proporcional en relación a la población y por tanto más representativo de la voluntad ciudadana.
Por eso en la Convención anterior, se usó el sistema de la elección de diputados, que son 155, elegidos en distritos establecidos en proporción a la población.
Si el número total de elegidos es muy bajo, disminuye la proporcionalidad de la representación porque los cupos disponibles no alcanzan, es decir, que distintas visiones o conglomerados políticos puedan estar representados. La discusión del número de elegidos no es un tema menor, y quedó en 50, en un tercio de los representantes del proceso anterior. La cifra fue impuesta por la derecha.
Si además, se utiliza ahora el sistema de elección del Senado, que sobre representa a las regiones pequeñas, el resultado es el siguiente, a modo de ejemplo:
Regiones | Electores aproximados | Consejeros |
Región Metropolitana | 5.900.000 | 5 |
Araucanía | 900.000 | 5 |
Valparaíso | 1.600.000 | 5 |
Maule | 900.000 | 5 |
Arica Tarapacá Antofagasta Aysén Magallanes | 1.000.000 | 11 |
Aysén | 100.000 | 2 |
Pregunta: ¿Quién tiene mayoría de electores en la Región Metropolitana y en Valparaíso? La izquierda y la centro izquierda. ¿Quién tiene mayoría de electores en las regiones más pequeñas? La derecha. En consecuencia, aplicar el sistema de elección del Senado favorece en la práctica a un sector político, claramente. Esta modalidad fue impuesta por la derecha, y no hubo forma que accediera a algo distinto.
Bases Constitucionales. Conjunto de 12 principios que deben respetarse en cada uno de los artículos de la nueva Constitución. Es positivo que un país concuerde a través de sus instituciones, ciertos principios que considera básicos para su ordenamiento constitucional. Estos deben ser principios democráticos, de consenso, no programáticos de uno u otro sector, y sus bordes deben quedar claramente establecidos. Así se han elaborado muchas Constituciones en el mundo.
El problema es que algunos de estos doce principios, no tienen bordes claramente establecidos y quedarán sujetos a la interpretación de los órganos que rodean al Consejo Constitucional; órganos cuya designación, composición y atribuciones, la derecha se encargó de asegurar. Algunos ejemplos de la controversia que se viene:
“Chile es un Estado Social y Democrático de Derechos, cuya finalidad……a través de instituciones estatales y privadas”. La derecha sostiene que es compatible un Estado Subsidiario con un Estado Social y Democrático de Derechos. Cualquier Estado podría ser denominado Social y Democrático de Derechos. El sector privado tendría asegurada su participación, y podría hacer buenos negocios en la salud, la educación y la previsión. Tal como quedó este principio, es interpretable. Preparémonos para las sorpresas que nos depara esta compatibilidad.
“Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales, como …el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones”. Quedará sujeto a interpretación, pues no establece límite alguno al derecho de propiedad, al contrario de lo estipulado en las Constituciones de la mayor parte del mundo, que sí establecen limitaciones relacionadas con el bien común. Esto porque, si ejerzo un derecho al extremo, sin límite alguno, es posible que comience a afectar el derecho de los demás. Para eso se le ponen límites. Esta redacción, sin bordes, clausura el debate democrático sobre la propiedad de las aguas, y cualquier materia relacionada con la propiedad.
“Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida…”. Esta redacción, respalda a nivel constitucional la visión conservadora sobre el aborto en el sentido que sería contrario al derecho a la vida. Se clausura así una discusión democrática sobre el aborto y el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo.
“Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno”. No era necesario incluir algo que nunca ha sido cuestionado por ninguna fuerza política. Fue una fake news del Rechazo en el proceso anterior, originada por una senadora de la UDI. Aquí la derecha se ha dado un gusto de muy mal gusto, validando una fake news.
Comité Técnico de Admisibilidad: Siendo suficiente en cualquier proceso constituyente, tener unas Bases Constitucionales con los principios a considerar, la derecha propuso este comité, cuya misión es determinar una eventual inadmisibilidad de alguna propuesta debatida o acordada en el Consejo Constitucional, si esta propuesta contraviene las Bases Constitucionales.
Integrado por 14 juristas, designados por el Senado en base a propuesta de la Cámara. Interviene ante el requerimiento fundado de 1/5 del Consejo o 2/5 de la Comisión Experta. Sus decisiones para declarar la inadmisibilidad de una norma, tienen un quórum de mayoría absoluta, uno de los más bajos del proceso constitucional. Este organismo puede así generar un bloqueo permanente con mucha facilidad. Una norma declarada inadmisible queda fuera del texto constitucional.
Comisión Experta: Integrada por 24 expertos designados (12 por la Cámara y 12 por el Senado). Su misión es redactar un anteproyecto de Constitución. Sus decisiones requieren de un quórum de 3/5. Integra el Consejo con derecho a voz, durante todo el proceso. Con un quórum de 2/5 (40%), puede recurrir de inadmisibilidad de una norma ante el Comité de Admisibilidad.
Concluido el proyecto de Constitución redactado por el Consejo Constitucional, y antes de ser sometido a plebiscito, esta comisión emite un informe con sus apreciaciones sobre el proyecto ya acordado. Formula propuestas de modificación sobre cualquier artículo, y el Consejo debe pronunciarse, aprobándolas por 3/5 o rechazándolas por 2/3 (el quórum más alto y único de 2/3 de todo el proceso).
Si una propuesta de los expertos no alcanza los quórum señalados, pasa a una Comisión Mixta de 12 integrantes (seis consejeros y seis expertos), quienes resuelven con un quórum de 3/5. En esta comisión no hay mayoría de consejeros, y se requerirá de la anuencia de al menos dos expertos para lograr los 3/5. Si no se logra el acuerdo, la Comisión Experta mantiene la iniciativa, y presenta una nueva propuesta al Consejo.
Resumiendo, el Consejo Constitucional, órgano electo y representante de la ciudadanía, que encarna la soberanía del pueblo de Chile, estará constreñido y tutelado por un complejo andamiaje: integrado por sólo 50 miembros, y por tanto, menos representativo de las diferentes visiones de los ciudadanos; electo con el sistema electoral del Senado, que sobre representa a las regiones más pequeñas, en donde hay mayor votación de derecha, y no es proporcional a la distribución territorial de la población; las Bases Constitucionales y sus principios fundamentales, quedaron abiertas a la interpretación y permiten bajo las tutelas y quórum establecidos, que la derecha imponga su visión; el Comité de Admisibilidad, designado por el Senado, y con el menor quórum para tomar acuerdos, será un arbitro no imparcial, como sí habría sido un órgano independiente como la Corte Suprema; por último, la Comisión de Expertos, designada por el parlamento, ejercerá una tutela permanente sobre el Consejo Constitucional en diferentes instancias, en la forma anteriormente descrita.
Los expertos, si bien pueden ser necesarios en el proceso, debieron ser electos libremente por los ciudadanos, y tener una participación acotada centrada en un ante proyecto, y no participar luego con derecho a voz en las deliberaciones del órgano redactor y representante de la soberanía, ni menos, hacer una revisión final del texto aprobado en el Consejo, como una suerte de tribunal supremo, ni formular observaciones para modificar lo ya acordado soberanamente en el Consejo por los quórum establecidos, ni participar de igual a igual en una comisión mixta con los consejeros elegidos por el pueblo cuando no se logre acuerdo sobre sus propias propuestas de modificaciones, ni mantener la iniciativa para formular una nueva propuesta si en la comisión mixta no hay acuerdo. Su papel es a todas luces un exceso.
Casi todos los quórum establecidos para los acuerdos al interior de estos diferentes organismos se definieron en 3/5. Pero hay tres notables excepciones:
- El Consejo Constitucional, puede rechazar la propuesta de modificación de una norma, presentada por el Comité de Expertos, con un quórum de 2/3. El más alto de todo el proceso.
- El Comité de Admisibilidad, declara la inadmisibilidad de una norma propuesta o aprobada en el Consejo, por un quórum de mayoría absoluta. Uno de los más bajos de todo el proceso.
- La Comisión de Expertos puede requerir la inadmisibilidad de una norma, con un quórum de 2/5 de sus integrantes, 40%. Esto es menos que la mayoría absoluta, y representa uno de los dos quórum más bajos del proceso. Con la actual composición del parlamento, la derecha tendrá aproximadamente el 50 % de los integrantes de esta comisión, y por tanto, tendrá de sobra el quórum para solicitar declaraciones de inadmisibilidad en cualquiera de las Bases Constitucionales sujetas a interpretación. Estamos ante el riesgo de que un sector pueda moldear el proyecto constitucional a su arbitrio.
Siendo un quórum el más alto, y los otros dos los más bajos, los tres se orientan a un mismo objetivo. Adivine Ud. estimado lector, hacia dónde apuntan estos tres quórum.
En definitiva, un entramado de llaves y candados que restan independencia y legitimidad al debate constitucional. Este andamiaje, trasunta sin espacio a dudas, el ánimo de “rodear” el Consejo Constitucional, y rodearlo absolutamente. El Partido Comunista y su pretendido ánimo de rodear la Convención anterior para influir en ella, parecen niños de pecho frente a toda esta ingeniería de tutelas.
No tener acuerdo, es peor que el Acuerdo
Una condición primordial para un acuerdo exitoso y que trascienda, en cualquier ámbito, es que sea equitativo. Esto es, que las partes perciban que lo que cada uno cedió en pos del acuerdo, sea razonable, con un costo mas menos similar para todos los negociadores. Que a su vez, perciban que lo que cada uno ganó o logró en base al acuerdo, sea valorado positivamente de forma también más menos similar. Concretamente, que ninguna de las partes perciba que lo que logró, no guarda relación con lo que logró la contraparte, y que se vio forzado a resguardar la estantería para sobrevivir.
Veamos las declaraciones posteriores al Acuerdo de los mismos protagonistas, en donde cada uno trasunta su percepción de lo logrado en la negociación:
Diego Schalper, diputado RN, La Tercera, 18/12/2022
Se muestra conforme con el acuerdo, al que asigna una nota de 5.5 o 5.8. Los puntos altos señala, “son las bases institucionales, el árbitro y el rol de los expertos”.
Sostiene que es un mecanismo de diálogo, y de conversación y no de confrontación. “Cuando la palabra final la tiene una comisión mixta, donde los expertos y las personas elegidas van a tener que conversar de cara a la ciudadanía, yo creo que es un proceso que pasa de la lógica de la cancelación a la de la argumentación”.
Francisco Chahuán, presidente RN, Mercurio, 18/12/2022
Manifiesta su conformidad con el acuerdo. “El proceso apunta a restablecer la estabilidad del país. El proceso está diseñado para que se produzca interacción entre el consejo de expertos y el consejo constitucional”.
“Este es un buen acuerdo. Todos entregamos parte de nuestras pretensiones. El proceso nos deja muy tranquilos”.
“Creo que el sector del rechazo estará representado en más de un 50 %, incluyendo amarillos y demócratas. Creo que vamos a repetir la elección senatorial anterior”.
Gonzalo Cordero, dirigente UDI, columna en La Tercera, 18/12/22
Señala que los acuerdos, para que produzcan el efecto virtuoso de consolidar las relaciones sociales, deben tener a lo menos dos características fundamentales: ser equitativos y cumplirse de buena fe. (el autor se refiere en su columna solo a la segunda característica, olvidando la primera)
Le preocupa que el acuerdo se cumpla sin más, de buena fe, sosteniendo que, “a las dirigencias de los partidos que firmaron el acuerdo se les puede y debe exigir que lo sostengan ante sus partidarios, que lo socialicen, que ejerzan el liderazgo que ocupan, porque solo de esa manera es posible que rinda sus frutos. Esa finalidad consiste en asumir lo pactado, sin letra chica, defendiéndolo sin intentar torcer su sentido”.
Este columnista días antes, en vista de los intentos por llegar a un acuerdo por parte de la directiva de la UDI, sostenía que aquellos dirigentes “se encuentran a la izquierda de sus propios electores”. No quería acuerdo, no quería un nuevo proceso constitucional. Modifica su apreciación luego de conocer los términos del acuerdo.
Ximena Peralta, vicepresidenta Convergencia Social, La Tercera 17/12/22
“Obtuvimos un acuerdo que no es nuestro favorito. Pero que permite que siga abierta la disputa constitucional”.
“El riesgo de que la cuestión constitucional se clausurara, estuvo muy cerca. Y mantener abierta la necesidad de una nueva Constitución democrática, fue la principal razón por la que concurrimos a este acuerdo”.
“En un acuerdo de esta transversalidad, considerando la correlación de fuerzas en el Congreso, y leyendo los resultados del plebiscito, cedimos bastante”.
“Hay aspectos sensibles para el progresismo que fueron un costo que tuvimos que pagar en pos de un acuerdo. Pero la cuestión constitucional sigue abierta”.
J Ignacio Latorre, presidente RD, La Tercera, 17/12/22
“Para nosotros era muy importante que los expertos, que valoramos que estén presentes, fueran elegidos por la ciudadanía. Propusimos distintas fórmulas y ninguna resultó. En eso fue lo que más nos costó ceder”.
“Tampoco nos conviene mucho ir a una elección con un órgano tipo Senado., pero pusimos por delante el principio democrático. Entonces tuvimos que ceder en aspectos que eran muy importantes, en pos del objetivo mayor, un nuevo proceso constituyente. Creo que fue el mejor acuerdo que pudimos lograr”.
“Es una lectura de realidad, de negociar en un escenario después de una derrota profunda. Negociamos con un actor que ganó el plebiscito. Pese a que no representa el 62 %, pero que capitaliza eso, y tiene poder de veto”.
“Este no es un acuerdo para salir a celebrar ni destapar champan. ¿Es el escenario ideal? No. Claramente no estaríamos haciendo esto si no hubiésemos perdido como perdimos”.
Diego Ibáñez, presidente CS, Mercurio, 18/12/22
“El acuerdo efectivamente no es nuestro ideal, pero sin nuestra participación como oficialismo probablemente el resultado hubiese sido un órgano 100 % designado”.
“Si nos marginamos los resultados serán peores. Abrir escenarios donde se cierran, es nuestro objetivo, para que no se caigan las banderas que se iniciaron con el proceso constituyente”.
“Dimos la pelea para que la soberanía residiera en el órgano elegido, asumiendo que ya las bases y el árbitro, resguardaban lo suficiente los principios institucionales. La discusión sobre los expertos designados y no electos es bien tramposa, porque al final es un contrapeso excesivo de parte de los partidos, a la deliberación del órgano electo”
“En las bases hay espacio para avanzar en un estado social y democrático de derechos, el modelo de desarrollo. Son pisos mínimos. La derecha condicionó el debate para seguir adelante con el proceso constitucional. Por eso accedimos, y es la cancha en que nos tocó jugar”.
“Creo que las bases son interpretables, y van a ser parte de la disputa política en el Consejo”,
Claudia Pascual, senadora PC, La Tercera, 18/12/22
“Este es el acuerdo que se pudo lograr. Porque las fuerzas del rechazo, en particular la derecha, se sienten muy dueñas de todo el proceso y del país que viene. Te hacen sentir en la conversación de forma constante, que éramos las fuerzas perdedoras. Es lo que se pudo lograr”.
“O bien el proceso constitucional iba a quedar abierto ad eternum o se clausuraba. Con estas peores alternativas al acuerdo, lo prefiero así, a sabiendas que no es el mejor”.
Ante una pregunta del periodista sobre el costo de aceptar las normas de elección del Senado, responde: “bueno, son parte de las cosas que no nos satisfacen del acuerdo. Efectivamente no se va a representar la diversidad del país, que un número mayor si lo permite. Entiendo la lógica del Senado, una visión más equilibrada entre regiones más chicas y más grandes. Pero para la redacción de la Constitución, necesitamos también una proporcionalidad. Ese equilibrio no está garantizado”.
“Nosotros bregamos hasta el final porque el número no fuera 50 representantes. Eso es algo a la que la derecha no quiso acceder”.
Camilo Escalona, Secretario General PS, Mercurio 24/12/22
“Creo que la derecha se sobreprotegió. Tiene naturalmente a su favor el resultado del 4 de septiembre. Ese es un dato inamovible. Pero tomó demasiados resguardos. Están los doce principios constitucionales base; con eso bastaba, porque ya estaban comprometidas todas las fuerzas políticas. Pero solicitó además el rol de los expertos, a lo que se accedió. No contenta con eso, agregó el Consejo Técnico de Admisibilidad, una especie de TC para efectos del proceso constituyente. No era necesario, a la derecha se le pasó la mano”.
“Pero son las reglas del juego. Nosotros estábamos ante una disyuntiva muy dramática: o rechazábamos esta estructura compleja y laberíntica y nos quedábamos con la Constitución del 80, o entrábamos al laberinto, y llegábamos finalmente después de un nuevo esfuerzo, a una nueva Constitución. Nos decidimos finalmente por este segundo camino, a pesar de nuestras dudas”.
Claramente, unos contentos, satisfechos con el acuerdo. Otros no, sienten que un sector impuso sus condiciones. Entonces no es equitativo el acuerdo. Es la consecuencia política del resultado del plebiscito, y solo cabe asumir, para asegurar la única forma de continuar el proceso constitucional y dejar atrás la Constitución del 80, (lo que siempre debió ser el objetivo principal, desde el proceso anterior). No tener acuerdo es mucho peor que el acuerdo. Significaría quedar inmovilizados, sin lograr nada, con la actual Constitución vigente y el proceso constitucional clausurado.
Escenarios posibles para el nuevo proceso constituyente
Debemos decir que el escenario se presenta muy complejo. En las actuales condiciones, una primera opción, es que los sectores más conservadores impongan todos sus términos, utilizando el entramado de limitaciones y tutelas ya establecido. El poder económico defenderá el modelo neoliberal, tratará de asegurarlo, haciendo uso de la falta de bordes de las Bases Constitucionales, obligando al Estado a incorporar siempre a los privados en igualdad de condiciones en la prestación de derechos sociales y en la conducción económica. El Estado Subsidiario y el Estado Social son complementarios, dice la derecha. Primero actúan los privados, después interviene el Estado, allí está la complementariedad.
Siendo así, la derecha y sus aliados, Amarillos y PDG, utilizarán todos los quórum del tutelaje que permite limitar la soberanía del Consejo Constitucional, definiendo lo que se hace y lo que no se hace. Será una Constitución inmovilizante y partisana, que perderá legitimidad desde la partida, representará en forma solapada el programa político de la derecha. Estaremos frente a un tercer fracaso, luego del proyecto constitucional de la Presidenta Bachelet y de la Convención pasada. La crisis constitucional continuará, las demandas insatisfechas seguirán pendientes. En ese caso, al país le acecha el peligro de la peruanización y un deterioro mayor de sus instituciones. Se pondrá en peligro la viabilidad del sistema político.
Una segunda opción, es que la nueva Constitución nos represente a todos los chilenos, renunciando a todo partisanismo, sin incorporar programas políticos en la redacción del texto, más allá del consenso alcanzado en torno a los derechos sociales. Para ello se requiere de la confluencia entre diferentes fuerzas con representación parlamentaria, incluyendo sectores de derecha dispuestos a evitar la peruanización del país. Una suerte de confluencia democrática cuyo objetivo sea una Constitución habilitante, que no rechace a priori las reformas sociales por ser inconstitucionales, que permita que gobiernos de distinto signo puedan desarrollar su programa político, y sea el debate democrático y las mayorías políticas las que definan las leyes y las políticas públicas, con la sola limitación de respeto a las libertades y derechos, y al régimen democrático establecidos en la misma Constitución. Como lo fue la Constitución de 1925, que dio estabilidad a la democracia durante casi 50 años, y permitió gobiernos de distinto signo.
Ante un escenario político nuevo, se hace indispensable plantear objetivos políticos distintos, conforme a una nueva realidad. El proceso constituyente continuará, pero es imposible que continue en las condiciones anteriores al plebiscito. Se requiere sumar fuerzas. Solo una contundente votación del progresismo unido, en la elección de consejeros, puede sembrar el camino hacia una alternativa democrática de esta naturaleza.
3 de enero 2023
Gran análisis del actual escenario. Mis felicitaciones al autor. Es evidente que la derecha no va a ceder y realizará todas las acciones necesarias para mantener el poder. Lamentablemente creo que la oportunidad se nos fue…
Artículo bien documentado y clarificador en relación al proceso que nos convocará.